La creación de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en agosto de 2003, se propuso integrar a las comunidades zapatistas de un territorio en espacios comunes, en las regiones ya existentes desde los primeros años de su levantamiento.
A raíz de que no se cumplieron los Acuerdos de San Andrés en 1996, los zapatistas profundizaron formas propias de gobierno y desarrollo, hubo reparto de la tierra recuperada y se adoptaron las formas productivas según las virtudes de cada territorio. El café comecializado en el mercado alternativo internacional y el ganado a escala regional, la producción y la venta de artesanías y zapatos, son algunas de sus experiencias exitosas.
Al mismo tiempo, con el apoyo de organizaciones internacionales fortalecieron sus sistemas de salud y educación. Han construido una estructura civil, representada por las JBG. Los cargos son rotativos, lo que permite a la mayoría adquirir conocimientos sobre la responsabilidad de gobernar. Su principal objetivo es concientizase de la naturaleza del mandar obedeciendo y de la necesidad del intercambio entre poblaciones de las diversas juntas, para afrontar la difícil situación que viven.
Hacia el exterior, atienden conflictos de tierra entre los zapatistas y organizaciones campesinas antes afines, o por el usufructo del transporte y el uso de los recursos naturales. Algunos casos se han resuelto mediante acuerdos, pero otros se hacen más complejos.
Durante el periodo 1997-2000, tanto las organizaciones como el gobierno respetaron los territorios zapatistas. A partir del 2000 surgieron casos como las agresiones de perredistas a los zapatistas en Zinacantán, y en Chilón, las de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); aquí, las autoridades agrarias presionaron para introducir el Procede en tierras recuperadas por los zapatistas.
Durante el periodo de Vicente Fox cambiaron las formas de relacionarse con el gobierno. Fue nombrado comisionado para el diálogo Luis H. Alvarez, y al principio los zapatistas lo reconocieron, por su trayectoria en la Cocopa. Sin embargo, sus acciones posteriores lo convirtieron en un obstáculo para que el diálogo se efectuara, y además ha sido señalado como principal responsable de conflictos nuevos en territorios zapatistas.
Primero buscó la comunicación con las comunidades rebeldes, especialmente con los líderes visibles. Al no encontrar respuesta, inició una campaña de ataques públicos, afirmando que los comandantes habrían desertado y que el zapatismo estaría en decadencia, porque “se están resolviendo las causas del conflicto”. De manera unilateral decidió que éstas se debían a la falta de recursos, llegó a los lugares zapatistas, habló con no zapatistas, y les ofreció apoyos y proyectos de infraestructura y desarrollo que inevitablemente resultaron conflictivos.
Con dichos ofrecimientos propició el rompimiento de acuerdos para respetar la tierra recuperada, usufructuar el transporte de manera equitativa y alcanzar acuerdos en la construcción de carreteras. Los no zapatistas hicieron a un lado los acuerdos, para así disputar tierras que juntos recuperaron, y permitieron la aplicación del Procede para sacar a los zapatistas. Avalaron carreteras con la promesa de permisos otorgados por el gobierno del estado y apoyos para construir centros ecoturísticos. Todo, en el marco del Prodesis (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona).
En poco tiempo la selva Lacandona quedó atravesada por carreteras y puentes que la cruzan de un extremo a otro. Los caudalosos y verdes ríos, las montañas y bosques han sido abiertos al paso del pavimento y a infinidad de coches que dan el servicio de transporte entre comunidades vecinas.
En ningún caso de acuerdo u oposición, los zapatistas han utilizado armas. Como expresa la JBG de Oventic: “Nosotros no peleamos aunque nos agredan, porque somos las bases de apoyo del EZLN, que no interviene si no hay guerra. Nos defendemos con la palabra y la razón, tratamos de demostrar a los otros que es error aceptar todo eso que ofrece el gobierno, que perjudica nuestros territorios, y que tenemos que aprender a vivir juntos y respetarnos”.
A pregunta expresa, miembros de la JBG de Morelia han dicho: “El zapatismo es pacífico, no queremos enfrentarnos con nuestros compañeros campesinos porque el verdadero enemigo son el gobierno y sus autoridades y no los pobres igual que nosotros. Buscamos que todos entiendan eso, que dejemos de vernos como enemigos, si somos iguales. Siempre hemos estado aquí y aquí estaremos compartiendo tierra, agua y todo lo que la naturaleza nos da. Si la destruimos, si contaminamos el río por tener drenaje en las casas, por abrir carreteras o traer turistas que ensucian el ambiente, vamos a perjudicarnos todos. Destruir la naturaleza es destruirnos entre nosotros”.
Los conflictos han ocasionado desgaste en las comunidades, pero también han servido para crear relaciones más cercanas entre los zapatistas porque se mantienen mejor organizados en la defensa de las comunidades atacadas o en riesgo. Se han logrado acuerdos, algunos nada fáciles, entre los zapatistas y otras organizaciones o comunidades. La participación del gobierno no ha ayudado mucho a ese fin, porque sus resoluciones suelen postergar los conflictos.
Lo que está en juego, particularmente en la selva chiapaneca, son dos formas de concebir la vida y el futuro. La política del gobierno intenta individualizar a los campesinos y minar su identidad colectiva con proyectos que benefician a grupos antes que a comunidades. Los “centros ecoturísticos” lo confirman.
Por su lado, los zapatistas, que tienen clara su posición, han evitado que se impongan formas diferentes de ver el futuro y se afecten los recursos naturales por la imposición de los proyectos en sus comunidades apoyados por Prodesis y respaldados en gran medida por Luis H. Álvarez, primero como comisionado para el diálogo y la reconciliación en Chiapas y ahora como comisionado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (proyectos avalados por organizaciones supuestamente protectoras del medio ambiente como Conservación Internacional).
No obstante, si se siguen construyendo más centros turísticos, carreteras y drenajes en las comunidades, se pone en riesgo el futuro de la selva y de su gente.
La pregunta que se hacen los campesinos e indígenas ante tales evidencias es: ¿qué va a pasar con el campo y los campesinos si se acepta ese modelo de desarrollo? Saben que, de ceder, perderían su autonomía, para volverse dependientes de los “apoyos” del gobierno.
Por lo demás, existen bastantes experiencias exitosas, tanto de los pueblos zapatistas como de otras organizaciones y comunidades que se han opuesto a los proyectos “de sustentabilidad” que se imponen en la selva.
por Dolores Camacho
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