Carolina Espinoza, presidenta de Confusam: «Si la gente no se levanta, los funcionarios solos no podemos dar esta pelea»

Presidenta de la Confusam convoca a funcionarios y usuarios a movilizarse y a crear un frente amplio para defender la Salud Pública.

Entrevista publicada en la edición impresa Nº111 de El Ciudadano, primera quincena octubre 2011

Durante septiembre los trabajadores del sector realizaron dos paros llamando a reforzar el sistema municipalizado y público, rechazando medidas privatizadoras y acusando falta de respuestas y diálogo de parte del ministro Jaime Mañalich.

A Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), se la considera parte de los dirigentes sub 40 del mundo sindical. Trabajadora social, labora hace más de diez años en un consultorio de Lo Prado. Está a la cabeza de un gremio que se está movilizando constantemente por un sistema de salud pública, no privatizada, y que cumpla un rol de servicio digno. Una de las barreras, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo acusan de “prepotente” y que “no tiene ninguna voluntad de diálogo”.

-¿Cuál es la situación financiera del sistema municipal?

-El sistema se financia por paciente inscrito en cada consultorio. Un per cápita de dos mil 743 pesos se transfiere a los municipios, pero según diversos estudios, el mínimo, sólo para financiar la cartera de 96 prestaciones que se entrega en los consultorios de salud primaria municipal, debiera estar por el orden de los tres mil 500 pesos. El año pasado el Ministro señaló públicamente que iba a llegar a esa cifra, pero no fue así. Él dice que se reajustó en un 18%, pero el crecimiento real es de menos de dos dígitos.

-¿Cuáles son los otros puntos de la movilización?

-Un incentivo al retiro, para que la gente en edad pueda jubilar con fondos dignos, y estimular la rotación. Un beneficio de bienestar de personal, que es una asignación de 2,5 UTM anuales para diferentes usos, y que lo tienen todos los trabajadores públicos, menos nosotros. En este sentido, también igualar nuestro bono por asignación de zona extrema con el de los otros funcionarios públicos. Y a nivel del sistema, un mejoramiento en los Sapus que, aunque resuelven el 60% de las consultas de urgencias del país, aún son un programa dentro del Ministerio, no formalizado, lo que entorpece su gestión. Un mejoramiento de las postas rurales, que hacen patria con recursos y personal escasos y que permiten tener los niveles de cobertura sanitaria que hoy tenemos. Esto lo acordamos en noviembre pasado y aún no hay respuesta del ministro Mañalich.

-¿Ninguna?

-Sí, pero por ejemplo, el incentivo al retiro que nos propone beneficia sólo a un sector de nuestros afiliados -los administrativos- pero no llega a los profesionales universitarios. Creemos que ahí hay un ánimo de dividir a nuestro gremio.

-¿Cómo son las relaciones con el Ministro?

-El año pasado nos castigó por participar en la movilización del reajuste salarial de sector público, cerrando las mesas de diálogo que manteníamos. Nos amenazó en un congreso de corporaciones municipales, donde fue grabado y pudimos hacerlo público. Eso se repite constantemente, porque él no reconoce a los trabajadores como un actor válido, considera que las huelgas y movilizaciones son ilegales.

-Tampoco le cree a los estudiantes en huelga de hambre…

-Sí, tampoco respeta a los usuarios. Ya vimos su actitud con los estudiantes y tiene sumariados a funcionarios acusándolos de “asistir el suicidio” porque atendieron a los jóvenes. Eso es vergonzoso en su calidad de autoridad. Creo que él tiene problemas para controlar sus impulsos.

-¿Han denunciado prácticas antisindicales?

-Sí, presentamos un recurso de reclamación a la Organización Internacional del Trabajo porque se está trasgrediendo la libertad sindical. El Estado debe ser el ejemplo para el resto de los empleadores del país.

-Su gremio acusó una agenda privatizadora. ¿Cómo se manifiesta?

-Los llamados bonos portables no son sino transferencias de los escasos recursos públicos a los privados, para que ellos hagan lo que no podemos hacer. Luego vemos las ganancias de las Isapres que son descaradas. Este año, con el bono invierno de siete mil pesos para enfermedades respiratorias, el usuario podía ir a un médico particular, pero no cubría medicamentos, radiografías, atención kinésica; entonces volvía al sistema público. Pero si esos siete mil pesos se inyectaran al sector público, rendirían cuatro veces, ya que eso es lo que vale una hora de médico y alcanza, por lo menos, para atender cuatro pacientes.

-También está el tema de los medicamentos.

-Claro, la externalización de las farmacias y la entrega del plan de alimentación complementaria a las mismas que se coludieron. Hubo un programa en la comuna de Santiago hace cinco o seis años atrás, con Cruz Verde, y fue un rotundo fracaso porque cuando la gente iba a buscar su medicamento en la tienda le decían que no lo tenían, pero que tenían otro un poquito más caro, y que pagara la diferencia. Eso tuvo muerte natural, porque ni al sistema público ni al usuario le convenía.

-¿Por qué rechazan una desmunicipalización del sistema?

-Si uno compara consultorios centralizados (10% del servicio) con municipalizados, tenemos mejores resultados. Está demostrado, y por eso nosotros impulsamos un servicio de atención primario que prevenga y no sólo cure, por eso la descentralización es más eficiente, ya que permite atender las propias realidades locales. No es lo mismo un consultorio en Putre que uno en Punta Arenas. Además, es en el gobierno local donde se pueden generar mayores expresiones de participación ciudadana. La municipalización ha sido positiva, ya que tiene una articulación que ha sido muy importante, porque incluye a la comunidad.

-¿Es injusto que la gente se queje de mala atención?

-Es triste porque se generan situaciones de maltrato. No se trata de excusar, pero cuando en pleno invierno a las 8:10 de la mañana se acabaron todas las horas de médico para atender, y debes decirles a las personas ‘no, no, no’, a las 10 de la mañana ya no das más. La carga emocional para ese trabajador es horrorosa y se generan situaciones de tensión. Es responsabilidad de todos, ya que hay muchas horas de consulta en que la gente no llega y ese cupo se pierde. Los usuarios y los funcionarios debemos cumplir y exigir juntos nuestros derechos y deberes.

-¿Después de la movilización estudiantil, ahora es el momento de la movilización social por la salud pública?

-Nosotros estamos convencidos de eso. En nuestra última conferencia nacional concluimos que debemos generar un referente amplio para devolver a la salud pública el lugar que se merece. Claro, para generar ese frente amplio necesitamos aglutinar a todos los actores del sector, y ese hoy es un problema, dada la fragmentación gremial. También al usuario, porque casi el 80% de la ciudadanía se atiende en los sistemas públicos, entonces si la gente no se levanta, lo funcionarios solos no podemos dar esta pelea.

Por Cristóbal Cornejo G.

Foto: Mauricio Becerra R.

El Ciudadano Nº111, primera quincena octubre 2011

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