Cumplidos seis meses de investigación por parte de la Fiscalía, los imputados en el llamado Caso Bombas, enfrentan una nueva formalización de los cargos por los que han sido acusados. Ello implica que los pueden encerrar por otros seis meses antes de que inicie el juicio. Es decir, que podrían ser encerrador por un año en total antes de que se les declare inocentes o culpables. Motivo por el cual han decidido iniciar otras medidas de presión para que se realice el juicio en un plazo «razonable», denuncian.
A partir de las 00:00 horas de hoy, lunes 21 de febrero, los imputados en el Caso Bombas que continúan detenidos, tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía sin que se les haya comprobado culpabilidad alguna, han iniciado una huelga de hambre líquida para reclamar por la persecusión de la que se sienten objeto por parte del Estado.
En un comunicado hecho circular por los medios de comunicación, declaran: “Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas a nuestros abogados, la continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga (quien ha manifestado su intención de hacer un cambio de declaración pero no ha sido tomado en cuenta) y por todo una serie de razones expuestas en un documento que entregaron, anuncian que harán esta huelga de hambre exigiendo:
1.- Libertad inmediata.
2.- Término del montaje jurídico policial.
3.- Fin a la ley antiterrorista heredada de la dictadura y perfeccionada por la democracia.
4.- Fin a los plazos investigativos y realización inmediata de un juicio justo.
En el comunicado, los imputados que anuncian la huelga de hambre, reclaman en contra de «los montajes mediáticos, jurídicos y policiales» de que dicen haber sido objeto, así como exigen «la libertad a todxs lxs presxs políticxs chilenxs y mapuche», que han sido perseguidos por sus ideas o por la defensa de sus derechos.
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El Ciudadano