Central Autónoma de Trabajadores: “El Estado de Chile no puede continuar evadiendo la ratificación de los Convenios OIT»

La Central Autónoma de Trabajadores  (CAT) reaccionó con fuerza ante la tragedia minera ocurrida en el norte de Chile; al respecto su Consejo Directivo emitió la siguiente declaración pública en horas de esta mañana.

“El derrumbe de la Mina San José, ocurrido el jueves 05 de agosto, revela nuevamente la cruda realidad que ha impuesto este modelo para alcanzar la máxima productividad y la mayor rentabilidad de lo que extrae o produce a través del alto costo social que tiene que pagar la inmensa mayoría de la población, en especial sus trabajadores y trabajadoras”.

“La Central Autónoma de Trabajadores, CAT, fue la primera en denunciar que este hecho no podía ser calificado como un ‘accidente’, porque un accidente es lo que ocurre de manera fortuita o por casualidad y lo que produjo el derrumbe no fue por causa de la madre naturaleza, sino que por la falta de fiscalización y el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la legislación vigente. Por lo tanto, quien no cumple con la ley se coloca fuera del Estado de Derecho, por lo cual la sociedad, a través de sus autoridades, debe perseguir sus responsabilidades y establecer las culpas y sanciones respectivas”.

“A través de las noticias y de los reportajes, se ha denunciado lo que era un secreto a voces: La empresa no cumplía, incluso como política, las normas de seguridad que la Ley exige para la minería. La historia de la empresa San Esteban, cuyos dueños son Alejandro Boihn y Marcelo Kemeny, está plagada de desgracias con la muerte y mutilación de trabajadores mineros. Aún más, el incumplimiento de las normas de seguridad, era ‘acatado’, debido a que se cancelaba un poco más que en el resto de las minas. Es decir, también los dueños de la mina se aprovecharon de la necesidad del minero: Querer darle un mejor y mayor bienestar a sus familia”.

“Si bien es cierto, la última multa se le cursó sólo hace dos meses, ha quedado demostrado que el mecanismo de multa para los empresarios no es el camino para hacer cumplir la Ley. Por una parte, porque ésta no afecta su imagen pública y, por otra, debido a que sus montos son tan pequeños o míseros que, en nada afectan a su rentabilidad, que es su gran objetivo”.

“Del mismo modo, mientras el empresariado siga considerando que los trabajadores y las trabajadoras son meros recursos, y como tal son desechables, estas situaciones seguirán ocurriendo. Nuestra sociedad y sus autoridades deben asumir que el trabajador y la trabajadora son personas, que tienen espiritualidad y dignidad, es el Capital Humano que, tanto el Estado a través del gobierno y el empresariado, tienen el deber ético de protegerlo y de dignificarlo”.

“La Fiscalización del cumplimiento de las leyes y de las normas es un deber del Estado y le corresponde al gobierno de turno llevar adelante esta función. Una fiscalización real y efectiva es uno de los mecanismos en que el Estado cumple con su deber protector de sus ciudadanos. El hecho de que Sernageominicuente, en la actualidad, con sólo dos inspectores, demuestra la poca o nula preocupación por la función fiscalizadora que han tenido las autoridades que han dirigido a nuestro país”.

“La protección social que un Estado entrega a sus ciudadanos, no debe traducirse en otorgar bonos más o bonos menos, sino que en leyes jstas y con fiscalización real, con real acceso a las oportunidades”.

“Esta tragedia se pudo y se debió haber evitado, si se hubiesen escuchado las denuncias que los trabajadores, a través de sus organizaciones, levantaron frente a las diversas autoridades, quienes como ha sido la constante, no actuaron e hicieron oídos sordos ante estas denuncias. Nos encontramos frente a una cruda realidad: En Chile, a los trabajadores no se les escucha, porque no somos considerados como interlocutores válidos. De continuar esta política, será imposible, instaurar, en nuestro país, un verdadero diálogo social”.

“Por lo tanto, no sólo se debe responder: Por qué y quién autorizó la reapertura de la Mina. Por qué las autoridades no actuaron frente a las denuncias de los trabajadores, de la propia Inspección del Trabajo y de la Asociación Chilena de Seguridad”.

“El Estado de Chile no puede continuar evadiendo la ratificación de los Convenios OIT, especialmente el 102, relativo a las Normas Mínimas de Seguridad Social; el 155 que establece diversas recomendaciones sobre Seguridad Social y Salud de los Trabajadores y el 173 que contiene las Normas sobre la Seguridad y Salud en las Minas”.

En base a los antecedentes señalados, la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, demanda:

1.- Emplear todos los recursos económicos, tecnológicos y el capital humano que permita rescatar a los compañeros mineros atrapados en la mina.

2.- Exigir al Fiscal  que está llevando la investigación, el máximo de rigurosidad que permita perseguir las responsabilidades judiciales, administrativas y políticas de todos los actores involucrados.

3.- Crear un Fondo, a través del royalty minero, que tenga como objetivo único el Financiamiento de la Seguridad de los Mineros de la Pequeña y Mediana Minería.

4.- Ratificar, por parte del Estado de Chile, los Convenios OIT 102, 155 Y 176.

La directiva advierte finalmente que en su calidad de organismo representativo de los trabajadores, exigirán el cumplimiento de las normas legales y la aplicación de éstas con la máxima rigurosidad en defensa de la vida de quienes hacen patria desde sus fuentes laborales -concluye el presente comunicado.

Fotografía: Directorio CAT

Agencia de noticias Alfa Chile