Mientras Chile se prepara para el paro y protesta nacional contra las AFP del 4 de noviembre, a nivel continental organizaciones de la sociedad civil levantan para ese mismo día el hito contra los Tratados de Libre Comercio (TLC): ganan las corporaciones, pierden los pueblos.
Actualmente en nuestro país un 91,5% percibe una pensión menor o igual a $155.958, situación que deja en completo abandono a quienes han trabajado durante toda su vida, y deben seguir haciéndolo debido a lo miserable de sus pensiones. “Pese a que en el periodo comprendido entre 1997 – 2015 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tuvieron una rentabilidad anual promedio del 26,3%” afirma Esteban Silva, integrante de la plataforma Chile Mejor sin TPP.
Paralelamente, durante los gobiernos de la transición Chile ha suscrito 24 Tratados de Libre Comercio con 63 países, con la falsa promesa del progreso y el bienestar. Sin embargo la clase trabajadora no ha visto ni goza de los supuestos beneficios aportados por la política de apertura económica tanto de los gobiernos de la –ahora- Nueva Mayoría como del periodo presidencial de Sebastián Piñera.
Discurso promotor que también han usado los impulsores de los TLC –las corporaciones y los grandes medios de comunicación- que prometieron más bienestar, progreso y desarrollo.Pero un cuarto de siglo después, podemos decir que los TLC no han cumplido ninguna de esas promesas.
Por el contrario, “en América Latina han permitido la instalación de proyectos extractivistas que atentan contra comunidades y medio ambiente, han limitado la acción de los Estados y han reducido el presupuesto público, al poner los intereses de las corporaciones por encima de la voluntad de los pueblos y de la vida” señala la activista y también integrante de la plataforma Lucía Sepúlveda.
Los TLC son mucho más que comercio entre países: incluyen en sus páginas capítulos de liberalización en el sector de servicios, en propiedad intelectual y ofrecen condiciones de privilegio a los inversores extranjeros.
Las consecuencias en la vida cotidiana son rotundas: el aumento del precio de los medicamentos, la privatización de los servicios públicos como el agua potable y la educación, la limitación en el acceso a Internet, entre otros. El efecto final es la desregulación del sector privado y la reducción del control fiscal sobre las empresas.
De hecho el Tratado Transpacífico de Asociación Económica (TPP pos su sigla en inglés), negociado a espalda de la ciudadanía por más de 5 años, viene a poner serias restricciones a las libertades y derechos de los habitantes de los 12 países firmantes de la Zona Asía Pacífico.
El estudio sobre el TPP encargado por la Cancillería al sociólogo Jaime Ensignia arroja que no se pueden prever los beneficios que este TLC traerá para Chile. Asimismo pasa con el informe elaborado por el Centro Democracia y Comunidad que recomienda no ratificarlo debido a que los beneficios son marginales en relación con los perjuicios. Además, observadores de la ONU expertos en DD.HH. emplazaron a los Estados firmantes para que respondieran cómo podrían garantizar ciertos derechos bajo las normativas del TPP.