Los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes (Anfuchid) presentaron este viernes al mediodía, una denuncia en la Contraloría por irregularidades en el ámbito financiero contable y licitaciones públicas. Al mismo tiempo, continúa la incertidumbre en los funcionarios por la privatización de los servicios al interior de la institución.
Movido escenario tiene Chiledeportes. La institución de gobierno enfrenta ahora no tan sólo el descontento de sus funcionarios y deportistas, sino que también una interpelación en la Contraloría. Las tres situaciones involucran actores diferentes y forman parte de un todo desestructurado, como explica Álvaro Marín Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes (Anfuchid).
“Esto se debe a que no existe una política de gobierno clara respecto a qué se quiere conseguir con el deporte”, afirma Marín. La decisión del Instituto Nacional de Deportes de desalojar a los deportistas del hotel del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y los avisos de externalización de servicios, justifican su apreciación.
En relación a la desprotección de los atletas, estos fueron notificados con un rango entre 48 y 72 horas, que debían abandonar el hotel debido a problemas de infraestructura derivados del terremoto. “Esto ocurrió entre la segunda y tercera semana de noviembre. El 19 del mismo mes nos movilizamos junto a ellos, con el apoyo del diputado Lautaro Carmona y Raúl De la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), y detuvimos el desalojo de los jóvenes”, cuenta el dirigente.
Fred Hernández, presidente metropolitano de la Anfuchid, enfatiza el vínculo existente en el personal que trabaja en forma permanente con los gimnastas. “El sentirse apreciados y reconocidos por su nombre también afectan la motivación y el ánimo de los deportistas. Bajo esta perspectiva, cortar el proceso de entrenamiento puede afectarles mucho en su rendimiento”, indica Hernández.
Para entrar al Centro de Alto Rendimiento, las federaciones deportivas nacionales sugieren una lista con sus mejores exponentes. Esto les da el derecho a los prospectos de formar parte del CAR. Una vez dentro del máximo organismo deportivo nacional, ellos deben mantener o mejorar sus marcas deportivas para seguir auspiciados por la organización estatal. Si no lo logran, deben decir adiós.
“No ha sido la forma más adecuada de solucionar el problema de infraestructura en el CAR. Por algo están ahí. Porque la mayoría de ellos no tienen otro lugar donde ir. Además, Chiledeportes no les dio otro lugar donde quedarse ni los financió”, acota Álvaro Marín.
AGENTES POLÍTICOS Y PAGOS INDEBIDOS
“Manuel José Eguiguren es una persona que entró en abril. Fue mandado por Gabriel Ruiz–Tagle al CAR ¿Qué haría? Nadie sabía. Lo que hizo fue un diagnóstico para ‘tomar medidas’. A él le pagaron 6 meses como profesional y ni siquiera tiene título. De hecho, desde el primero de octubre está a honorarios. La Contraloría lo indica en los informes que no quieren entregar (Chiledeportes). Él fue el que señaló a cuerpos médicos que se externalizarán servicios, no fuimos nosotros”, afirma Marín.
El líder de los funcionarios de la institución gubernamental, aseveró que “hay dos personas que fueron designadas por contactos políticos durante el gobierno anterior que podrían ser responsables, según el informe de Contraloría de enero, abril y agosto, de efectuar pagos indebidos. Estas personas, señala Muñoz, son Marcia Riveros, jefe de administración y finanzas, y Rita Sagredo, jefe de desarrollo de Chiledeporte”, señaló.
“El informe de contraloría –cuenta Marín – señala que a Rita Sagredo ‘había que multarla’ porque no hizo bien su declaración de intereses”, y basado en lo expuesto, se pregunta ¿Cómo un director que dice, viene a limpiar la institución, a darle una nueva imagen, mantiene en el cargo a una persona a la que había que sancionar?
Ratifica lo anterior la abogada Alejandra Miranda, quien lleva la causa en tribunales. Según comentó Miranda, luego que la Contraloría detectara los ilícitos de Sagredo y Riveros, Chiledeportes hizo un sumario administrativo en tiempo récord que concluyó que ambas estaban libres de responsabilidad. “Nosotros queremos que se investigue a fondo por qué fueron liberadas de responsabilidad”, declaró la jurista.
“El día lunes durante una reunión con todos los funcionarios, cuando le dijimos a Rodrigo Córdoba (asesor de comunicaciones de Chiledeportes) que Eguiguren nos adivirtió de la externalización de los servicios, dijo ‘ah, pero no está por escrito’. Esa es la calidad de asesores que tiene Ruiz –Tagle” asevera el líder de la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes.
Los empleados públicos desafectados de Chiledeportes el día martes 30 de noviembre, fueron 21.
DEFENSA DE CHILEDEPORTES
El Ciudadano espera contactar a Chiledeportes a la brevedad para conocer su versión de los hechos, ya que no fue posible en el trancurso de la tarde del pasado viernes 3 de diciembre.
Por David Abrigo B.
El Ciudadano
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