Cobra fuerza idea de un plebiscito para salir de agotamiento institucional

Pese al desgaste luego de más de tres meses de movilización el movimiento estudiantil volvió a sacar miles de personas a las calles el 24 de agosto a lo largo del país, dando cuenta de que gozan de buena salud. Pero sus demandas chocan con un Gobierno que recién se abre a discutir y la cerrada postura del ministro de Educación, Felipe Bulnes, de radicar la discusión en el Parlamento.

Para salir del impasse, los estudiantes han llamando a un Pacto Social por la Educación y en las últimas semanas cobra fuerza la idea de que un Plebiscito dirima entre un sistema educativo basado en el lucro o sus demandas de un sistema educativo público, gratuito y de calidad, que concita el apoyo de un 80% de la población.

Camila Vallejo, presidenta de la Fech, cree que si el Gobierno “no es capaz de dar respuesta, nosotros vamos a tener que exigir otra vía de solución, ya no institucional. Debemos convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía, el pueblo en su conjunto, quien decida cuál tiene que ser el futuro de la educación en nuestro país”.

La demanda estudiantil choca frontalmente con la Constitución de 1980, la que consagra al mercado como asignador de recursos y no contempla referéndums vinculantes. Además la actual administración ha explicitado que no quiere saber nada de consultas. Su vocero, Andrés Chadwick señaló que “el Gobierno hoy día no ve que sea necesario”.

MADE IN PINOCHET

El orden institucional chileno fundado por la Constitución de 1980 no contempla mecanismos de democracia directa, sino que se basa en un presidencialismo fuerte y una institucionalidad galvanizada. Sus cimientos fueron cuidadosamente fumigados para evitar cualquier atisbo de participación ciudadana.

Santiago Escobar, analista político, comenta que dicha Carta Magna “fue hecha para un presidencialismo fuerte y empatado, lo que implica un talante autoritario general de la institucionalidad, acentuada hoy con arquetipos gerenciales de gestión”.

Dicha Carta Fundamental fue aprobada mediante un referéndum efectuado el 11 de septiembre de 1980, en el que se podía votar sólo presentando la cédula de identidad. La campaña que la precedió fue generosamente auspiciada por el Gobierno, que se valió de spots en televisión en contra de una oposición que recién se rearticulaba bajo el liderazgo de Eduardo Frei Montalva.

No hubo debates públicos, un porcentaje mayoritario de chilenos se hallaban en el exilio y la oposición sólo pudo realizar pequeñas manifestaciones en las calles, limitados llamados en radios y cero espacio en la tele. No había registros electorales y al momento de votar una marca de tinta en el dedo era la señal que permitía distinguir que se había sufragado. El cómputo final fue que un 67,04% de la población votó que Sí y un 30,19% se opuso.

Pese al reclamo de personeros de la oposición, entre ellos Patricio Aylwin, el Colegio escrutador nominado por la dictadura dio el visto bueno al proceso y terminó por promulgar el 24 de octubre de 1980 la constitución que reemplazaría a la de 1925.

Escobar comenta que “fue un plebiscito fuera de toda norma democrática. En estricto rigor dicha Carta Magna no pasa el test de ser una constitución legítimamente generada por el soberano”.

LA GOBERNABILIDAD DE RICARDO LAGOS

Pese a que modificar la Constitución estaba en el programa de la Concertación, cuyos presidentes gobernaron el país desde 1990, una reforma plebiscitada antes de que Pinochet dejara La Moneda (1989) y otra generada el 2005 de mano de Ricardo Lagos, terminaron legitimándola.

En las últimas décadas, la clase política terminó por adaptarse a la institucionalidad a medida que la sociedad se distanciaba del ejercicio de hacer política. Jaime Massardo, analista de la Universidad de Valparaíso, hace notar que “el disciplinamiento de la fuerza de trabajo implantado durante los años de la dictadura y el nuevo sistema de referencias articulado en torno al mercado facilitaron entonces un proyecto político-cultural que fue formando un sentido común que llevó a despolitizar a la sociedad chilena” . Todo esto estimulado por los medios masivos.

Manuel Antonio Garretón, sociólogo, comenta que “durante mucho tiempo se esperó que la institucionalidad dejada por la dictadura cambiase, pero la derecha no lo permitió y la Concertación se acomodó”.

Este acomodo se justificó en mantener la gobernabilidad del país, concepto que instaló en la lógica de la transición el mismo Lagos. Así la discusión política fue un juego de las elites y la representación parlamentaria era posible a través de campañas electorales millonarias, ofertones electorales, candidatos sonrientes y una hábil ingeniería política. Una democracia de auditorios como los programas de TV de los ’80.

La promesa para la galería era el cuento de un país desarrollado, para lo que había que cuidar los índices de crecimiento económico y mantener el consenso, pese a que muchas decisiones eran tomadas por fuera de los marcos institucionales. Una llamada de un empresario o un embajador echaban por tierra un estudio de impacto ambiental; los más hábiles negociadores de la Concertación terminaron montando empresas de comunicación estratégica; y muchas discrepancias se zanjaban en el asado del fin de semana o en el cumpleaños del primo.

Así ocurrió con la revuelta estudiantil del 2006, cuando la presidenta Bachelet se esforzó en instalar una mesa de diálogo con los actores, pero que a la larga terminó por diluir las demandas estudiantiles en la vieja y sorda institucionalidad de los consensos. Una imagen de la época fueron los cabecillas de los partidos políticos alzando sus manos al cielo para consagrar un nuevo gran acuerdo rechazado por los estudiantes. No en vano la apuesta actual de Piñera insiste en la fórmula del ‘acuerdo nacional’.

CRISIS DEL VIEJO ORDEN

A la par que los actores políticos se congratulaban en mantener la estabilidad institucional, por debajo aumentaba el descrédito del ejercicio de la política y la no participación, sobre todo entre los más jóvenes. Una democracia sorda a sus demandas y que provocaba un largo bostezo en las multitudes, las que del desinterés pasaron a la desconfianza y pronto a la deslegitimidad. No es una paradoja que el peor atributo del actual mandatario sea la confianza.

Escobar opina que “la tolerancia ciudadana frente a la institucionalidad se ha ido perdiendo, ya sea por la baja participación electoral y el hecho que las instituciones políticas no tienen la capacidad de absorber y resolver los conflictos”.

Para Garretón “asistimos a un momento de conflicto de legitimidad del sistema, que si bien tuvo su comienzo a nivel educacional, deriva en lo político. La institucionalidad no es capaz de resolver los problemas porque la gente no cree en él y no hay instrumentos políticos para salir de la crisis”.

EL FIN DE LAS MÁSCARAS

Si la movilización estudiantil dio cuenta de que la elasticidad del sistema no es infinita, la demanda por un Plebiscito permite sincerar posiciones respecto a la participación. La propuesta de los estudiantes generó un rechazo inmediato en la derecha, la que no contempla ninguna decisión por fuera de los marcos institucionales vigentes. “Yo le tengo terror a un plebiscito, no sólo miedo; en el actual ambiente es peligrosísimo, una cosa disolvente, claramente subversiva” -fue la respuesta del presidente de RN, Carlos Larraín.

La prensa también se ha preocupado a través de columnas, cartas y editoriales de alertar de los peligros que acechan al país de adoptarse mecanismos de democracia directa.

Al otro lado del espectro político, la Concertación ha mostrado su oportunismo intentando subirse al carro de los jóvenes movilizados. Los partidos del arco iris se han manifestado partidarios del Plebiscito, así como también Marco Enríquez-Ominami y hasta el propio Lagos. Garretón valora que hayan “cambiado de posición empujados por el movimiento social que ha tomado cosas que fueron planteadas desde el comienzo de la transición, pero al pasar el tiempo no le dieron suficiente prioridad”.

Claro que en la reciente encuesta CEP sólo el 17% de los consultados apoyan a la Concertación, en circunstancias que debieran representar a más del 40% de los electores.

PLEBISCITO DESDE ABAJO

A fines de julio en la tomada Casa Central de la Universidad de Chile hubo una reunión de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, las que acordaron un llamamiento a que las demandas ciudadanas movilizadas en los últimos meses se resuelvan en un plebiscito vinculante que conduzca a una asamblea constituye y un cambio de la constitución.

El texto que salió de la reunión está publicado en www.lamayoriadecide.cl y ya ha sido firmado por más de 7 mil personas, dirigentes sindicales y ecologistas. Entre las 40 organizaciones que adhieren figuran la Anef, los colegios de Profesores y Periodistas, la Confederación de Trabajadores del Cobre, Confusam, Acción Ecológica y varias federaciones universitarias.

En forma paralela la Confech promovía el Bloque Social por la Educación en oposición al acuerdo nacional impuesto por Piñera. Vallejo comenta que el llamado busca “encontrar el espacio que permita a quienes nos hemos encontrado en las calles en los últimos meses poder discutir y poder plantear una propuesta concreta que avance hacia un sistema de educación pública de calidad”.

Giorgio Jackson, presidente de la Feuc, cree que “estamos construyendo un espacio con todos los actores. Sabemos que este acuerdo social tiene demandas de corto, mediano y largo plazo. Hay convergencias y el potencial de este movimiento está en las familias”. La presidenta de la Fech añade que “pese a que el Gobierno apuesta por demonizar la política desde abajo, lo que estamos haciendo es reinventándola”.

Escobar considera que “hay momentos de consulta directa que permiten que los sistemas políticos se flexibilicen, que no se bloqueen ante un conflicto o disenso social importante, y esto pasa porque se consulte al soberano y éste pueda dirimir la orientación de los sistemas”.

A juicio del analista no aceptar un plebiscito está “fuera de toda doctrina democrática occidental. Si las democracias occidentales más consolidadas tienen el plebiscito para la interpretación de la ciudadanía. La realidad política es un flujo mas rápido y requiere estos mecanismo de sintonía fina entre la ciudadanía y el aparato político”.

El guante pronto fue recogido por los políticos y las bancadas del PS, PPD, PC y algunos parlamentarios del PRI y la DC presentaron un proyecto de Reforma Constitucional que permita un plebiscito por la vía de una ley de quórum calificado en el Parlamento o por la presentación de 500 mil firmas de ciudadanos.

Garretón comenta que “acá hay un aprendizaje de la clase política, lento. Va a haber una solución política para bien o para mal y debemos apostar por la mayor convergencia posible entre el movimiento ciudadano y la clase política. Se trata de completar la democratización. Superar la sociedad postpinochetista, y el movimiento estudiantil tiene a su cargo superar el modelo económico en lo educacional, el modelo político ampliando las instancias de participación y la toma de decisiones”.

El sociólogo hace ver que “si no hay acuerdo para cambiar el sistema político esto va a reventar. Podrán ponerse de acuerdo en una fórmula, generar un artículo transitorio en la Constitución que permita reformarla”. Escobar cree que “es un problema de voluntad política y confiabilidad, más que jurídico. Si en 48 horas pueden hacer una reforma constitucional. Es un asunto de voluntad”.

Más bien que mal sin un plebiscito no hubiésemos comenzado a salir de la larga y oscura noche de la dictadura, eso ya hace 23 años. Quizá un nuevo referéndum sea el principio del fin de la cerrada institucionalidad que nos rige.

EXPERIENCIAS PLEBISCITARIAS

En distintas comunas del país los ciudadanos afectados por decisiones de la autoridad han convocado a plebiscitos locales para expresar la opinión de los vecinos. Durante este mes, en Penco los vecinos lograron paralizar una termoeléctrica apelando a este mecanismo.

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que un alcalde está obligado a convocar a un plebiscito cuando un 5% del electorado lo pide. Si en el referéndum participa más del 50 % de los inscritos en el padrón, el resultado debe ser acatado por el alcalde.

Félix Gonzáles, ecologista y miembro de Plebiscitos para Chile, cuenta que pararon la termoeléctrica recolectando más de tres mil firmas en Penco. Como el alcalde UDI se negó a realizar el plebiscito, recurrieron a tribunales, pero antes del fallo la empresa desistió del proyecto.

Gonzáles, de Plebiscitos para Chile, considera que “el referéndum es una salida y el resultado es lo que la gente quiera. Hoy la clase política no está representando a la gente. Lo que resulte de todas estas movilizaciones debiera responder a lo que el país quiere, y no a lo que el Gobierno o el Parlamento concuerden”.

Gonzáles cuenta que el objetivo de su organización es que “en Chile existan plebiscitos regionales, provinciales y nacionales. No la mezquina oportunidad que nos dejó la Constitución del ’80. Queremos plebiscitos más amplios, que la gente defina su futuro”.

Como saben que la iniciativa no vendrá de los políticos, están organizando para el próximo 5 de octubre un plebiscito nacional que consulte sobre el sistema educativo, Hidroaysén y el sistema binominal. Para ello llama a las organizaciones sociales a participar e instalar mesas de sufragios.

En Aysén ya se han juntado cerca de dos mil firmas para iniciar un petitorio similar. Pese a que a no ser vinculante, Gonzáles dice que “para qué esperar que lo hagan ellos. Es mejor hacerlo nosotros y después exigimos al Gobierno que acate el resultado”.

Lautaro Guanca, concejal de Peñalolén y miembro del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), cuenta que ya presentaron 5.470 firmas en su comuna, las que sobrepasan en porcentaje requerido, para exigir que se haga un plebiscito respecto al Plano Regulador comunal.

Guanca considera que “el movimiento social está usando herramientas para que sea lo que la gente decida respecto a los planos reguladores. Creemos que las formas plebiscitarias que surgen desde abajo sirven para destrabar las vías y fortalecernos en función de generar a futuro una constituyente. Nuestro horizonte es una Constitución definida por la gente”.

Por Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

*Le Monde Diplomatique, agosto 2011: `Nace una nueva forma de hacer política’