En exitoso seminario organizado por la AIFBN, CIFAG y SINAPROF en el Congreso Nacional, participantes coincidieron en la necesidad de que Chile cuente con una Subsecretaría que se haga cargo de los desafíos y la regulación del sector forestal.
Con el compromiso de abordar una institucionalidad forestal y ambiental explícita; y contar con una Subsecretaría Forestal que se haga cargo de los desafíos del sector, finalizó exitosamente el seminario “La Institucionalidad y Legislación Ambiental y Forestal que Chile Necesita para el Siglo XXI” que fue organizado por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), el Colegio de Ingenieros Forestales (CIFAG) y el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF.
La jornada, que se llevó a cabo el martes 13 de septiembre desde las 9:00 horas en el salón Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional, incluyó las ponencias de las instituciones organizadoras, además de Fundación Terram, representantes de la FAO, el Proyecto GEF SNAP, PRONATURA A.G y el Ministerio del Medio Ambiente.
Para el Secretario Ejecutivo AIFBN Rodrigo Herrera, tras la conversación interinstitucional quedó demostrado que tanto al Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal como el de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas les falta mayor participación ciudadana y un análisis más adecuado.
“Con mayor convicción la AIFBN insiste que para el proyecto de Biodiversidad es necesario colocar este concepto en un mismo rango constitucional que para los temas de agua o minería. Y en el caso de la ley que crea el Servicio Nacional, Chile necesita de una CONAF pública o una Subsecretaria Forestal donde los servicios públicos relacionados con la administración de las áreas protegidas no separen al fomento de la conservación y no se incurra en la concesión de las partes”, mencionó.
La Senadora integrante de la Comisión de Agricultura, Ximena Rincón, valoró la información entregada y subrayó la necesidad de que Chile cuente con una Subsecretaría que se haga cargo de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico equitativo para el ámbito forestal.
“Este sector tiene asimetrías muy grandes. Debiéramos tener un ente regulador y hay ánimo parlamentario de abrirse al análisis. Pero no basta sólo la subsecretaria, sino que fijar muy bien sus facultades. Hay que darle equipamiento técnico, humano y financiero, empoderarla, con el fin de regular la tala rasa, por ejemplo”, aseveró.
Por su parte, el Presidente de las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales unidas de la Cámara Alta, Senador José García Ruminot, coincidió asegurando que se debe construir la legislación que Chile necesita. “Estamos frente a dos iniciativas: la que busca transformar la actual CONAF en un servicio público y el proyecto sobre biodiversidad. El Congreso Nacional tiene la virtud de acoger y escuchar las opiniones de todos los sectores ciudadanos, tenemos plena conciencia de que la legislación se enriquece cuando escuchamos las opiniones, cuando es más participativa. Los ciudadanos están reclamando una mejor legislación forestal”, dijo.
Planteó estar de acuerdo con una subsecretaria. “La CONAF tiene que ser un organismo público. ya que un organismo de carácter privado no puede cumplir tareas públicas, si fuéramos capaces de aprovechar bien la experiencia de la CONAF podríamos hallar una salida y por ello debemos tener voluntad de acuerdo”, dijo el parlamentario.
El Senador Antonio Horvath insistió en que “queda muy en claro” el reconocimiento y la necesidad de empoderar a la CONAF por su trayectoria. «Está la oportunidad de transformarla en servicio público y empoderarla. Llevaremos el compromiso de jerarquizar una Subsecretaria Forestal”, manifestó.
“En cuanto al servicio de biodiversidad y áreas protegidas tenemos un proyecto que todavía está muy débil, ha recibido una cantidad enorme de críticas, está muy desbalanceado, asimétrico, mucha jerarquía que depende de sectores productivos pero que no que garantizan que la biodiversidad va a estar representada. Así que hemos configurado un equipo técnico que tiene las distintas visiones, que va a trabajar en forma paralela a nuestras sesiones del Senado, para presentar un proyecto fundamentalmente distinto al que nos han presentado”, dijo el Senador.
ANÁLISIS AL MODELO FORESTAL
Durante el Seminario, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), representada por su vicepresidente, Cristián Frene, efectuó un detallado análisis al modelo forestal, abordando el patrimonio de grandes empresas como Masisa y Arauco y sus prácticas sobre los monocultivos a tala rasa con impactos negativos para los suelos.
“La instalación del modelo forestal generó problemas de migración desde el campo a la ciudad con tierras indígenas usurpadas y problemas de tenencia que se mantienen. El conflicto mapuche genera una reflexión al respecto y por eso deben ser consultada. Hay que poner atención a los bajos índices de desarrollo humano en la octava y novena región del país, con comunas que tienen una amplia actividad forestal”, recalcó el experto.
“Hay un problema importante de desertificación en Chile y en el mundo. Cerca de 36 millones de hectáreas en Chile, pero la industria forestal abre una puerta para que esto avance cada vez más al sur. La sustitución del bosque nativo, da cuenta de un problema importantísimo. El bosque nativo no ha tenido énfasis en las políticas chilenas”, añadió.
Frene insistió en una institucionalidad fuerte y explícita que considere a la biodiversidad como un bien público y con una mejor distribución de sus bienes y servicios. “¿Qué rol juegan los bosques para nuestro país, qué esperamos de los bosques de aquí a 50 años, cómo influye el cambio climático, en qué queremos convertir la industria forestal, cómo mejoramos las condiciones de vida de los campesinos? Son preguntas que debemos hacernos”, dijo.
La Consultora FAO, Jessica Casaza, abordó el sector forestal a nivel de políticas públicas e institucionalidad forestal en América Latina y el Caribe, destacando que al año existen 13 millones de hectáreas de deforestación en el mundo, causadas por la expansión de la frontera agroganadera, explotación no sustentable en bosques; y el consumo de leña y carbón.
“Hay que ver el bosque desde una función de multifuncionalidad no sólo maderera como mantención de la biodiversidad y del patrimonio de la diversidad cultural. El 14% de los bosques de América Latina están destinados a la producción, especialmente de leña. El panorama institucional a nivel de la región es variado y complejo, pero se ve que el sector forestal tiene un bajo nivel jerárquico. Esto tiene como consecuencia y un bajo impacto en políticas con otros sectores socioeconómicos”, planteó.
Aseguró que debe existir un fortalecimiento institucional forestal público con más recursos, profesionales de alto nivel y transparente. “Hay que reforzar la investigación de servicios ambientales y de productos forestales no madereros; la educación ambiental; la formación para el manejo forestal sostenible; los incentivos a la producción del bosque”, agregó.
Por su parte, el Coordinador Nacional Proyecto GEF SNAP, Rafael Asenjo, recalcó que el sector forestal necesita una visión estratégica distinta, con una política integral y de proyección a largo plazo. “La idea es generar oportunidades de desarrollo para la sociedad chilena. El país requiere con urgencia que todo su territorio aporte a la sustentabilidad social y económica. Los servicios ambientales deben ser valorizados e incorporados al desarrollo”, aseveró.
“Lo que hoy tenemos está siendo presionado por actividades productivas. La conservación del capital natural no es un lujo, es un bien público. Y por lo tanto requiere financiamiento público”, agregó.
El presidente de PRONATURA A.G. Iván Castro, coincidió en que el sector forestal es importante para el país. “Es cierto que la celulosa forma parte de nuestra canasta exportadora. Nos guste o no Chile es un país forestal. Hay que resolver el tema de la institucionalidad. El sector forestal requiere de un ánimo distinto para poder proyectarse al futuro”, dijo.
INSTRUMENTOS LEGALES
En el segundo bloque, el representante del Sindicato de Nacional de Profesionales de CONAF, Jorge Martínez, analizó el rol de CONAF con la conservación y las Áreas Protegidas del Estado en el marco de los proyectos de ley que pretenden regular el sector. “Se requieren condiciones necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad, se necesita una norma legal de mayor rango. Creemos que un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas no puede depender del Ministerio de Medio Ambiente”.
En tanto, la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, tras evaluar los proyectos de Biodiversidad y la “CONAF Pública” en el contexto ambiental chileno, aseguró que por primera vez se discute públicamente sobre biodiversidad y áreas protegidas, lo que obliga a “definir como sociedad el rol de los recursos naturales”.
“Faltan conceptos claves en de Biodiversidad: falta una real incorporación de los compromisos suscritos por Chile, no recoge adecuadamente el tema de sitios prioritarios y las recomendaciones de la OCDE. Es imprescindible legislar sobre los proyectos, no pueden ser parches a las necesidades del país”, explicó la profesional.
El secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, Julio Torres, planteó que el sector forestal está estrechamente vinculado con la biodiversidad destacando que “entonces este sector produce, protege y conserva. No sólo produce. Se necesitan adecuadas coordinaciones en el marco de un nuevo servicio”.
“Hay que establecer obligaciones en los servicios y ministerios. Esperamos que el Estado haga mandatos explícitos a sus ministerios, para que promuevan políticas ambientales. Los ministerios deben estar empoderados para defender la biodiversidad desde sus diferentes ámbitos de acción. Eso más que crear un nuevo servicio”, expresó.
Finalmente, el Jefe del Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Leonel Sierralta, presentó el Proyecto de Ley sobre el Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. “Es un tema relevante que abarca muchas áreas. La situación actual indica que hay un paradigma que proviene de la convención de Washington, que tiene más de 70 años. Tenemos la oportunidad de disminuir el riesgo de extinción, la incertidumbre ambiental y fomentar el turismo en Chile”, aseveró.
Por Pedro Andrade
El Ciudadano