Colegio de Periodistas destaca el derecho a la comunicación como parte fundamental en nueva Constitución

El pasado sábado 3 de octubre se llevaron a cabo una serie de actividades ciudadanas a lo largo del país, convocadas por diversas organizaciones sociales impulsoras de la Asamblea Constituyente como mecanismo para una nueva Constitución. Esto, dentro del marco del llamado “proceso constituyente”, que debería haber comenzado durante el mes de septiembre pero que fue postergado por la presidenta Michelle Bachelet para el presente mes de octubre. De esta forma, y a través de marchas, presentaciones artístico-musicales y votaciones simbólicas, la amplia gama de organizaciones políticas y sociales que son parte de este Cónclave Social prosiguieron con el trabajo de socialización de dicha iniciativa, destinada a otorgarle a esta nueva Carta Fundamental la legitimidad democrática de la que precisamente carece. De esta manera, y alrededor del mediodía del sábado, distintas organizaciones como la CUT, el Colegio de Profesores, el movimiento No Alto Maipo, entre otras, junto con público general, se congregaron en el parque Balmaceda de Santiago para compartir y crear conciencia respecto de la trascendencia que reviste para la democracia de nuestro país el debate en torno a este tema, en un acto que culminó pasadas las 15 horas.

En la ocasión la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, destacó la importancia de la participación del gremio en la lucha por garantizar el derecho a la comunicación, dentro de la recuperación de otros derechos sociales esenciales para una democracia sana y verdadera. “Lo que nosotros venimos a plantear es que la nueva Constitución, además de contar con la participación directa del pueblo a través de una Asamblea Constituyente, debe incorporar el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión de la gente, y eso implica garantizar que exista diversidad de medios, públicos, comunitarios; que se ponga limite a la concentración de la propiedad de los medios privados, en fin. Poder garantizar un derecho social que tenemos de manera colectiva, la posibilidad de que nuestra voz, nuestra opinión, tenga visibilidad. Como organización de la sociedad civil, la participación del Colegio de Periodistas en estas instancias demuestra la voluntad que tenemos de incidir en los debates políticos de nuestra democracia y fortalecer a la ciudadanía, que ha sido tan golpeada por un modelo que dificulta tanto la organización social”, expresó.

Respecto de la postergación del inicio del debate, Olivares fue clara al señalar que “me preocupa menos que el contenido. Lo que yo creo es que hay que poner mucha atención en cuáles van a ser los anuncios que se van a hacer, y de qué manera este itinerario constituyente del que se ha hablado, que implica un proceso de educación cívica, avanza primero a explicar qué es una nueva Constitución y por qué es necesaria. Y segundo, que se avance a un escenario de discusión vinculante, en cual nosotros creemos que la Asamblea Constituyente es el mejor de ellos”. Asimismo, y acerca de la posibilidad de que sea el propio Parlamento quien defina el diseño temático del escrito, excluyendo en ello a la ciudadanía para posteriormente someter la propuesta a consulta popular, la presidenta de la gremial indicó que ello le parecería mal. “El pueblo debe ser el que discuta el contenido, y eso significa un espacio popular donde esté la gente, pero no creo que el Parlamento ni una comisión bicameral ni de expertos puedan ser lo que lo definan. Sería un claro error. Hoy el salto cualitativo de nuestra democracia puede ser éste, y hay que tomarlo en serio para poder tener credibilidad en nuestras instituciones, sobre todo ante los escenarios conocidos que ha habido por corrupción”, señaló.

Cabe consignar, finalmente, que dentro de los puntos establecidos por el Colegio de Periodistas como esenciales para la democratización de las comunicaciones está el reconocimiento de los medios sociales, comunitarios y/o sin fines de lucro, como tercer sector junto a los públicos de propiedad estatal y comerciales con regulaciones anti concentración, de manera de ir terminando con el sistema actual, poco democrático y limitadamente pluralista. Así también, la implementación de un subsidio estatal que permita a TVN cumplir su rol de televisión pública mediante la entrega de contenidos culturales, que incorporen el pluralismo político, social, de género y de pueblos originarios; la redistribución de la publicidad estatal, de manera de apoyar la labor de medios locales, provinciales o regionales; y la definición del espectro electromagnético como bien público de libre disposición, para garantizar el espacio que como derecho humano corresponde a la libre expresión e información de la ciudadanía.