En una conferencia realizada esta mañana en el Colegio de Profesores, en la que se hizo presente el presidente del gremio, Jaime Gajardo, el vocero de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios, José Corona y Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), señalaron su rechazo a la llamada «Agenda Corta Antidelincuencia», que incluye en el proyecto el control preventivo de identidad, la llamada «ley mordaza» y la sanción penal y económica a las familias de los jóvenes que realicen destrozos durante las manifestaciones.
Para Jaime Gajardo, este proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior y patrocinado por el titular de la cartera, Jorge Burgos, representa una fuerte vulneración a las libertades civiles y los derechos de las personas: «¿De qué Ciudadanía hablamos cuando promovemos leyes que en la práctica convierten a nuestros jóvenes en posibles sospechosos? Es inaceptable que ser estudiante y manifestarse quede limitado por el criterio de la policía, con esto carabineros no tiene ningún límite en su actuar y puede detener a nuestros jóvenes sin mayor reparo», señaló Gajardo.
Además, el presidente de la gremial también indicó que mientras se vuelve a implementar las clases de educación cívica en los colegios, se vulnere el derecho a la manifestación. «No podemos permitir que un grupo de conservadores minoritarios imponga una agenda de este tipo cuando queremos avanzar por más democracia y justicia para Chile».
A su vez, señaló acciones paralelas para enfrentar la delincuencia: «Hay que impulsar rápidamente la agenda cívica, también la reforma curricular a los contenidos, planes y programas en la escuela que se enfoquen más en lo valórico, en el espíritu crítico la tolerancia y la autodeterminación. Debemos aumentar los espacios de participación, para que los jóvenes se sientan escuchados y que exista el debate. El camino es más educación y no más represión».
En tanto, José Corona, indicó: «La delincuencia parte por la desigualdad y la segregación social, ya que esto crea un caldo de cultivo para la delincuencia, coartando a los jóvenes de darle mayores oportunidades, con la deserción escolar, la falta de oportunidades, una mala educación pública. Si de verdad queremos acabar con la educación en nuestro país debemos partir con políticas públicas que vayan hacia la retención escolar, acabar con la segregación social. Responsabilizar a los padres y no responsabilizar al Estado por esta segregación, nos parece inaudito en términos de que el ministro Burgos se está haciendo el leso con estas medidas, si queremos acabar con la delincuencia, necesitamos mayores oportunidades y no aplicar medidas represivas», expresó el vocero de la CONES.
Por su parte, Dafne Concha de la Corpade, apuntó: «Tenemos una movilización el 21 de abril y creemos que tenemos que presionar a los parlamentarios para que esto no avance, los jóvenes han sido ya tildados de todo en el país, desde el 2006 hasta hoy nuestros niños han sido ninguneados. No puede ser que a jóvenes de 14 años por hacerles un control de identidad los lleven a comisarías por 4 horas, pensando que existen fuerzas profesionales de carabineros que han sido incapaces de diferenciar a encapuchados de manifestantes pacíficos. Con estas medidas se está dando rienda suelta a la acción desmedida de Carabineros, además pretenden que los padres enfrenten pagos millonarios de procesos y detenciones que pueden ser ilegales. El problema de fondo tiene que ver con la segregación, la desigualdad y todos aquellos males en contra de los que marchamos este 21 de abril», concluyó Concha.