Finalmente en Colombia ganó Gustavo Petro, así nace una esperanza que de enfrentar una serie de adversidades y sobre todo una casta política enquistada en todas las estructuras de Poder del país: el uribismo, que aunque ha muerto políticamente, sigue vivo en distintas facetas.
«Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBIQ+, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están… Por toda Colombia. ¡Hoy empezamos a escribir una nueva historia!», escribió Francia Márquez un rato después de que se confirmara el triunfo del Pacto Histórico que convertirá a Gustavo Petro en presidente y a ella, en vicepresidenta.
El mensaje resumió a los sectores de la población ignorados, vilipendiados durante décadas por una clase política colombiana que se regodeó en la corrupción y en el fortalecimiento de élites y que jamás solucionó los problemas reales, cotidianos de la ciudadanía. Los «nadie» de los que tanto hablaron Petro y Márquez durante la campaña.
Fueron ellos los que salieron a votar en masa, algunos en mulas, algunos en canoas, con la esperanza de que esta victoria marque el inicio del proceso de justicia social que sigue pendiente en toda América Latina.
Por eso las lágrimas, las sonrisas, los abrazos, los bailes colectivos a ritmo de cumbia, los fuegos artificiales, las guitarreadas, los desfiles de taxistas y motoqueros que la noche del domingo poblaron todas las ciudades de Colombia. En las calles, en los barrios, celebraban los resultados de un proceso que, más allá de lo que logre (o no) la gestión de Petro, ya es trascendental porque modifica por completo el mapa de la política del país sudamericano.
Parecía que la derecha gobernaría para siempre Colombia, el máximo aliado de EE.UU. en la región. El país que tuvo la guerra interna más larga del Continente. En donde la violencia persiste más allá de los acuerdos de paz con la guerrilla, con récord de líderes sociales asesinados, con el narcotráfico consolidado desde hace décadas como el negocio multimillonario e ilegal que ha permeado todas las capas de la sociedad.
Pero el poderío de «la casta» gobernante, como la bautizó Petro, comenzó a resquebrajarse en 2019, durante un primer estallido social que se registró a la par del que ocurría en Chile y que demostraba que el hartazgo social estaba llegando al límite. Las manifestaciones contra el presidente Iván Duque en particular, y contra el neoliberalismo en general, se repitieron en 2021. Nunca antes la movilización popular en Colombia había mostrado convocatorias tan masivas.
Cambios para Colombia
La respuesta del Gobierno, como suele ocurrir, fue la represión a la protesta social. Las decenas de muertos, heridos y desaparecidos, la violencia étnica-racial, o basada en género y las agresiones a periodistas, fueron la norma. Lo denunciaron informes de organismos nacionales e internacionales. Ni así pudo Duque extinguir las movilizaciones. La resistencia estaba en marcha.
Por eso, por primera vez en la historia el bipartidismo conservadores-liberales quedó desplazado por completo de una contienda electoral que protagonizaron dos nuevas coaliciones: por la izquierda, el Pacto Histórico encabezado por Petro, el perseverante exalcalde de Bogotá que, al igual que el mexicano López Obrador, ganó en su tercera postulación presidencial; y por la derecha, la Liga de Gobernantes Anticorrupción creada por el millonario empresario Adolfo Hernández, por quien nadie apostaba nada cuando se registró como candidato.
El uribismo, la corriente del expresidente Álvaro Uribe que parecía omnipresente en la política colombiana, quedó desdibujado.
Antes del estallido social, también se veía lejana la posibilidad de que la izquierda se abroquelara como nunca antes y ganara la presidencia; que dos mujeres afrocolombianas aparecieran en las boletas como candidatas a la vicepresidencia; que el racismo, los feminismos y las diversidades sexuales fueran temas de campaña en uno de los países más conservadores del Continente.
Y sin embargo, todo ello ocurrió para sorpresa de las élites a las que de nada sirvió volver a utilizar la crisis venezolana para diseminar la campaña del miedo basada en que «Colombia se va a convertir en Venezuela», el latiguillo que ya han explotado sin éxito en elecciones en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú y Chile.
De nada valió, tampoco, la feroz campaña mediática en contra de Petro y que tuvo una de sus máximas expresiones en la portada de la revista Semana que, en su edición previa a la segunda vuelta, preguntó si había que elegir a «un ingeniero» (Hernández) o a «un exguerrillero» (Petro).
Más del 50 % de la población eligió al segundo.
Panorama en Colombia
El próximo 7 de agosto, Petro recibirá la banda presidencial en un momento en que las izquierdas y los progresismos acumulan victorias que han desembocado en procesos disímiles e, incluso, contradictorios.
En México, la popularidad de López Obrador sigue imbatible después de tres años y medio de Gobierno y hasta ahora todo anticipa que su partido volverá a ganar las presidenciales en 2024.
Lo opuesto ocurre en Perú, en donde Pedro Castillo camina por la cornisa desde que asumió la presidencia, hace menos de un año, debido a una combinación entre la constante presión opositora para destituirlo u obligarlo a que renuncie y los constantes escándalos de su gestión.
Más al sur, Gabriel Boric supera en Chile los tres meses de Gobierno en plena recuperación de la acelerada e inédita caída de apoyo que registraban las encuestas, y con miras al plebiscito del 4 de septiembre en el que la ciudadanía votará si aprueba o rechaza una nueva Constitución que es vital para el presidente.
En Bolivia, Luis Arce ya lleva año y medio como presidente sin mayores sobresaltos, luego de que el país recuperara la democracia y se consolidara la fuerza electoral del Movimiento al Socialismo (MAS). En Honduras, Xiomara Castro está por cumplir apenas cinco meses en la presidencia y todavía cuenta con un voto de confianza de gran parte de la población.
Uno de los panoramas más complicados se registra en Argentina, en donde hay una creciente pobreza y crisis económica aderezada por la fuerte pelea y disputa de poder de la coalición peronista que integran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que alimenta las expectativas de triunfo de la derecha en las elecciones generales del próximo año.
En octubre, a esta camada de jefes de Estado que prometen justicia social, promueven la integración latinoamericana y están en permanente confrontación discursiva con EE.UU. y poderes empresariales y mediáticos, se podría sumar, de nuevo, el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien está inmerso en su sexta campaña presidencial con la esperanza de poner fin al Gobierno de Jair Bolsonaro. Por ahora, encabeza las encuestas pero nada puede darse por seguro hasta que se cuenten los votos.
Bien lo saben Petro y Márquez, a quienes en la recta final de la campaña varios sondeos les vaticinaban derrotas o empates técnicos. Pero ganaron. Anoche, en sus discursos de festejo, la vicepresidenta electa prometió reconciliación sin miedo. «No vamos a traicionar a ese electorado», completó Petro. Es lo que esperan «los nadies» a los que convirtieron en protagonistas del histórico giro político colombiano.
Los retos para la nueva Colombia
El país que recibirá Petro está atravesado por la pobreza, el narcotráfico, el descontento popular, el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros y el reclamo de mayor presencia del Estado en las zonas donde persiste el conflicto armado. El nuevo ocupante de la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano, tendrá que atender una variedad de asuntos inaplazables, entre los que se encuentren los siguientes.
1. El ‘estallido social’
Después de décadas sin manifestaciones multitudinarias, en 2018, el movimiento estudiantil salió a las calles a exigir mayor presupuesto para la educación universitaria. Posteriormente, se unieron a la protesta otros colectivos y sectores sociales que le exigían al Gobierno atender los problemas más urgentes y los históricamente olvidados.
Aunque las movilizaciones se mantuvieron intermitentes en los años siguientes, en 2021 se produjo el llamado ‘estallido social’, que tuvo como detonante una fallida reforma tributaria y el «paquetazo» de Duque, en medio de las crisis económica causada por la pandemia. Estas manifestaciones fueron claves para que se visibilizaran y denunciaran los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad para contenerlas.
En varias ciudades se exigía el acceso gratuito a la educación universitaria pública, la creación de una renta básica mensual, el fortalecimiento del sistema público de salud, garantías para el ejercicio de la protesta, una reforma policial y la presencia integral del Estado donde operan grupos armados ilegales.
Luego de los casi tres meses de protestas, ONGs colombianas –como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores–contabilizaron una cifra de 80 muertes relacionadas con las manifestaciones. Por su parte, la Fiscalía manejó un número más reducido de 29 homicidios que guardarían relación con las protestas.
2. Las cifras que deja Duque
Aunque Duque deja a Colombia con una economía que creció más del 10,2 % en 2021, otros indicadores preocupantes, que fueron el marco de las protestas, serán el telón de fondo para este nuevo mandato.
En 2021, el índice de pobreza monetaria se ubicó en 39,3 %, lo que implica que 19,6 millones de personas no cuentan con los medios para cubrir sus necesidades básicas. Esta cifra tuvo un descenso de 3,2 %, con respecto a 2020, pero la atención del tema, por parte del Estado, sigue siendo una demanda.
Según proyecciones del Banco de la República, la tasa de desempleo en el país se mantendrá en 2022 entre el 10,5 % y el 13 %, por lo que la generación de empleo también será un asunto pendiente para Petro.
En cuanto al aumento de los precios de bienes y servicios, el panorama pareciera no ser más alentador. En mayo la inflación anualizada bajó a 9,07 %, después de que en abril se ubicara en 9,23 %, un indicador que no había estado tan alto desde el 2000, cuando se posicionó en 9,29 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
3. Expansión de grupos armados
En el informe ‘Plomo es lo que hay‘, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se afirma que en los últimos cuatro años hubo un «fortalecimiento» y «expansión» de los principales grupos armados del país: el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Este estudio arrojó que en 37 % del territorio colombiano hay presencia de todos ellos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcoparamilitar del país, sufrió un duro golpe cuando su jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado en mayo de este año. Esta acción tuvo como respuesta un ‘paro armado’ que sitió ciudades de 11 departamentos colombianos por cinco días y que causó la muerte de seis personas, en medio de las críticas contra el Gobierno por su lenta respuesta frente al poderío del grupo criminal.
4. Cumplimiento del acuerdo de paz de Colombia
La exigencia del cumplimiento de lo establecido por el Gobierno en el acuerdo de paz con las FARC fue el ‘leitmotiv’ de la presidencia de Duque. Desde distintos sectores se ha relacionado la falta de garantías por parte del Estado y la dificultad de acceso a la justicia con el repunte de la violencia y la continuación del conflicto armado en el país.
En un informe de finales de marzo, la ONU volvió a enumerar los temas pendientes: el asesinato de líderes sociales y excombatientes acogidos al acuerdo de paz, el incremento de la violencia en las zonas rurales, el desplazamiento forzado y la necesidad de mayor actuación del Estado donde operan los grupos armados ilegales confrontados por el control territorial.
Al respecto, el Instituto Kroc, perteneciente a la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), ya había alertado en un informe del año pasado que el «ritmo» de la implementación total del acuerdo estuvo afectado por la inseguridad. Según esta institución, de 2019 a 2020 solo se avanzó 2 %.
El mandatario saliente ha defendido el enfoque integral de «paz con legalidad», que «mantiene una visión crítica en aras de mejorar las cosas que lo requieran». En su opinión, el narcotráfico y los grupos armados ilegales son los únicos responsables de la violencia en el país.
5. Asesinatos de líderes sociales y excombatientes
El goteo de líderes sociales y exmiembros de las FARC asesinados durante la administración de Duque no paró. En su primer año de mandato, del 7 de agosto de 2018 al 26 de julio de 2019, fueron ultimados 229 defensores de los derechos humanos y 55 excombatientes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la ONG que ha hecho un seguimiento de estas muertes.
La lista ha continuado creciendo. En 2019 fueron asesinados 234 luchadores sociales y 77 exintegrantes de las FARC, el año más violento para esta población reincorporada a la vida civil, según la ONU.
Desde 2019 hasta la actualidad, 801 líderes comunitarios y 183 exguerrilleros fueron ultimados.
No hay una única explicación para estos homicidios. Mientras el Gobierno saliente atribuye las muertes a enfrentamientos entre grupos de narcotráfico en zonas de cultivos ilícitos, los analistas reiteran el tema del abandono estatal de las zonas rurales de distintos departamentos.
6. Masacres y desplazamientos
Las masacres, un fenómeno que parecía haber desaparecido, volvieron con la pandemia. En 2020, según Indepaz, hubo 91 hechos de este tipo; mientras que en 2021 el número ascendió a 96 y, en lo que va de año, alcanza la cifra de 44, con 158 víctimas. En los últimos tres años se han registrado 231 hechos de este tipo en el que han sido asesinadas un total de 877 personas.
Duque calificó estas matanzas como «homicidios colectivos» y las relacionó con conflictos entre organizaciones criminales. Sin embargo, otras voces apuntan a la lucha por el control que ejercen los grupos armados en las zonas abandonadas por las FARC, tras la firma del acuerdo de paz.
En cuanto al desplazamiento forzado interno, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) recogió en un informe que al menos 73.974 personas fueron obligadas a abandonar sus territorios, lo que implica un 181 % más que en 2020.
Del mismo modo, según dos informes del Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados (CNR), Colombia fue el tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos durante 2021, detrás de Siria y la República Democrática del Congo.
7. Seguridad y Fuerza Pública
El tema de la seguridad en Colombia recibió una amplia visibilización internacional durante las protestas antigubernamentales.
Frente a las denuncias de «uso excesivo de la fuerza», la postura oficial se refirió a acciones de los cuerpos de seguridad en contra de «grupos vandálicos» con «planes desestabilizadores», mientras que desde organismos como la ONU se habló de violación de los derechos humanos.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha estado en el ojo público por las denuncias en su contra por «uso excesivo de la fuerza» durante las protestas. El Indepaz registró la muerte de 80 personas en las movilizaciones de 2021.
La deuda pendiente, según algunos sectores, es la eliminación de este cuerpo policial, que ya fue transformado y modernizado por el Gobierno, sin que eso generara cambios estructurales.
8. Escándalos en las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas también se vieron involucradas en varios escándalos. Uno de ellos forzó la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego de que en noviembre de 2019 por lo menos siete menores de edad murieran en un bombardeo contra grupos armados.
El actual titular de esa cartera, Diego Molano, enfrentó tres mociones de censura, de las que salió airoso, una de ellas por la muerte de 11 civiles durante un operativo militar en el departamento del Putumayo.
Además de estos hechos, en 2019 una investigación del New York Times reveló que el alto mando del Ejército colombiano se comprometió a aumentar los operativos y duplicar el número de criminales y rebeldes que matan, capturan y obligan a rendirse, sin importar si aumentan las bajas civiles. El entonces comandante general de ese componente militar, Nicacio Martínez, fue destituido por esta denuncia.
Posteriormente, en 2020, la Fiscalía abrió una investigación a Martínez por su presunta relación con una serie de interceptaciones y escuchas ilegales a unas 130 personas, entre las que había periodistas, defensores de derechos humanos y miembros del Gobierno.
9. Cultivos y producción de cocaína en Colombia
Si bien el área de cultivo de coca ha disminuido en Colombia, la producción de cocaína sigue en aumento, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Por su parte, la Casa Blanca maneja otros números.
De las 154.000 hectáreas sembradas en 2019, se pasó a 143.000 en 2020, lo que implica una merma del 7 %, mientras que en 2018 la extensión fue de 169.000 hectáreas. El 70 % del cultivo se concentra en los departamentos del Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Cauca.
En cuanto a la producción de la sustancia ilícita, la cantidad fue de 1.228 toneladas métricas en 2020, lo que arroja una subida de 8 %, con respecto a las 1.136 toneladas de 2019.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) tiene otro registro y afirma que en 2020 los cultivos de coca en Colombia llegaron al nivel más alto y se ubicaron en 245.000 hectáreas, un incremento de 15 % con respecto a 2019, que habría sido de 212.000 hectáreas.
10. Narcotráfico
Duque sostiene que su política antidrogas está «totalmente alineada» a la «nueva estrategia» de EE.UU., que pidió el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz. Esta exigencia, que es la misma de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pareció no contrariar a su Gobierno en esta oportunidad.
Este cambio de abordaje estadounidense estuvo precedido por el informe, en 2020, de una comisión de la Cámara de Representantes que catalogo al ‘Plan Colombia’, suscrito por el país suramericano y el Gobierno estadounidense en el 2000, como «un fracaso» en el control de la producción y el tráfico de drogas. En ese lapso, Washington habría gastado unos 11.600 millones de dólares.
Ya en 2019 el entonces presidente Donald Trump apuntó hacia la gestión de Duque y lo responsabilizó del aumento de la cantidad de drogas que llegaban a EE.UU. Ante está crítica, el entonces canciller ya fallecido, Carlos Holmes Trujillo, se excusó diciendo que había recibido una «herencia maldita«.
11. Relación con Venezuela
En este punto no hay duda de que el nuevo mandatario tendrá que destrancar el juego. Las relaciones diplomáticas con Venezuela se deterioran hasta quedar rotas en 2019, cuando Bogotá respaldó la autoproclamación del exdiputado venezolano Juan Guaidó y el mandatario colombiano lo recibió en Cúcuta para acompañarlo en su intento fallido de ingresar supuesta ‘ayuda humanitaria’ al territorio vecino.
Caracas pone a la Casa de Nariño como el epicentro de los planes violentos, a los que se habrían unido otros países de la región, para sacar del poder a Nicolás Maduro. Por su parte, Bogotá, la impulsora del llamado ‘cerco diplomático’ contra el mandatario venezolano, señala a Miraflores de acoger a miembros de grupos armados colombianos que desarrollarían planes desestabilizadores para perjudicar a Duque .
En medio de esa disputa se encuentran los migrantes de Venezuela. Migración de Colombia sostiene que hay casi dos millones de ciudadanos venezolanos, mientras que Caracas cuestiona esas cifras aunque no ofrece otras.
La gestión de Duque tuvo como bandera el tema migratorio y por ello pidió a otros países destinar recursos para atender la supuesta ‘crisis humanitaria’ que se había generado. Las autoridades de la nación vecina acusaron al mandatario de apropiarse de los fondos destinados para la atención de venezolanos y aseveraron que estas acciones formaron parte de una campaña internacional contra ese país.
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