Resulta deplorable que 35 años más tarde* todavía estemos escribiendo sobre el tema de las fumigaciones en Colombia, exigiendo al Gobierno de turno (¡cuántos Gobiernos no se han sucedido desde entonces!) que suspenda definitivamente una política ecocida e incompetente.
A lo largo de estos años hemos visto aumentar nacional e internacionalmente las voces de oposición a las aspersiones sobre la coca con el herbicida Roundup (glifosato). A la protesta de las comunidades rurales afectadas pronto comenzarían a sumarse ONG ambientalistas y de derechos humanos, sectores políticos, un país vecino (Ecuador) afectado por las fumigaciones en la frontera, investigadores asociados a respetables instituciones académicas, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, y más recientemente incluso las Naciones Unidas.
Efectivamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas envió el 31 de marzo de 2014 una carta al Gobierno colombiano solicitando información en “relación con los efectos nocivos de la reanudación de los riegos químicos aéreos (fumigaciones) de cultivos ilícitos en Colombia”. La carta está firmada por Anand Grover, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y por Jorge Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En dicha carta, luego de una descripción de las preocupaciones de las comunidades rurales e indígenas por “la contaminación de las aguas, el envenenamiento del ganado, y la pérdida de cultivos alimentarios al estar expuestos a la fumigación aérea”, etc., los relatores piden al Gobierno información sobre los siguientes puntos:
1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas?
2. ¿Se ha presentado alguna denuncia por o en nombre de las víctimas?
3. Por favor, sírvase proporcionar detalles de las medidas tomadas por el Gobierno para asegurar la protección de los derechos humanos a la salud física y mental, agua y alimentación de los campesinos y los pueblos indígenas afectados.
¿Ha respondido el Gobierno colombiano a los cuestionamientos que le hacen los relatores de la ONU? ¿Qué respuesta ha dado el Gobierno a los alegatos de que las fumigaciones ocasionan impactos perjudiciales significativos en la salud y seguridad alimenticia de los campesinos y pueblos indígenas?
No sabemos si el Gobierno ha dado oficialmente respuesta a estos interrogantes. En caso de que sí, sería útil hacer pública esta respuesta.
Tras tres décadas de tóxicas fumigaciones se ha acumulado un gran número de demandas y condenas al Estado, así como una extensa literatura científica y técnica demostrando el carácter nocivo del riego sistemático de herbicidas sobre bosques y selvas. Sin embargo, la perpetuación de la ‘guerra a la droga
s’ ha hecho caso omiso de todas las evidencias en detrimento de la salud humana, y de la flora y fauna de las amplias regiones sometidas a la intensa fumigación durante tantos años. Esta literatura (estudios, análisis, trabajos de campo, reportajes periodísticos) a la que cualquiera puede tener acceso en internet aportaría las respuestas a las preguntas planteadas por los relatores de Naciones Unidas.
Si bien la extensión de las fumigaciones se ha reducido en los últimos años,** y si bien, después de mucho dar la batalla, ahora al menos está prohibido fumigar en parques nacionales, la estrategia como tal se mantiene vigente prolongando impactos negativos como el desplazamiento de cultivos a nuevos territorios y la consecuente desforestación, así como los daños irreversibles por el envenenamiento del ambiente, entre muchos otros. Vale la pena también mencionar que aunque Colombia ha reducido considerablemente la superficie de coca sembrada es complicado atribuir esta reducción a las fumigaciones. Los departamentos que más han padecido las aspersiones de Roundup, Nariño y Putumayo, son precisamente también los que aún mantienen el mayor número de hectáreas de coca.
La gran controversia política que ha rodeado las fumigaciones desde el principio ha impedido que se asuma de manera objetiva la gravedad de los datos documentados en los múltiples trabajos realizados sobre los diferentes impactos del glifosato en la salud y el ambiente. Es hora de cambiar esta actitud.
Ahora que en América Latina está creciendo un movimiento favorable al cambio en las políticas de drogas, y que concretamente en Colombia se está negociando una paz que se propone incluir nuevos enfoques hacia los cultivos de uso ilícito, el presidente Santos en su segundo periodo tiene la oportunidad de suspender definitivamente una estrategia fracasada y contraproducente. Durante los años del Plan Colombia, las fumigaciones se convirtieron en un importante componente de la estrategia de lucha contra las FARC. Ahora que la guerrilla está sentada conversando con el Gobierno en La Habana, las fumigaciones como estrategia de fuerza no tienen relevancia.
La Sesión XXVII del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene lugar en Ginebra entre el 6 y el 26 de septiembre de 2014. Una de los paneles de discusión (el del 17 de septiembre) trata de los derechos de los pueblos indígenas y considerará las alegaciones de los efectos de las aspersiones química. Dentro de la obligación del Estado colombiano de proteger la salud de los pueblos indígenas que habitan su territorio, éste podría ser un buen marco para ponerle fin al programa de aspersiones químicas.
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* De 1978 datan las primeras fumigaciones a cultivos de uso ilícito en Colombia, cuando las plantaciones de cannabis en la Sierra Nevada de Santa Marta comenzaron a ser asperjadas con el químico Paraquat.
** Según datos de UNODC, la policía antinarcóticos de Colombia asperjó en 2013 un total de 47.053 hectáreas de coca, 53% menos que el año anterior.
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