Comité de Defensa de Caimanes: El acuerdo que propone Luksic “es inaceptable e inmoral”

El Comité de Defensa de Caimanes nuevamente denuncia que Minera Los Pelambres, del Grupo Luksic, ofrece a los habitantes de la pequeña localidad medidas de seguridad y agua limpia que fueron ordenadas judicialmente. Esto como si fueran un beneficio que la empresa entrega voluntariamente y que iría acompañado de millonarios regalos en dólares, todo, a cambio del compromiso de la comunidad de renunciar a los juicios vigentes y aceptar que se amplíe el tranque que tenía que demolerse para permitir el libre y natural escurrimiento de las aguas. A continuación reproducimos el comunicado textual de la organización social.

NO ACEPTAMOS ACUERDOS EXTRA JUDICIALES QUE A CAMBIO DE DINERO PRETENDAN BAJAR LOS JUICIOS Y AMPLIAR EL TRANQUE QUE LA CORTE MANDO A DEMOLER

28 de octubre de 2015

1.- Por segunda vez en la historia de Caimanes, los abogados que contratamos están buscando un acuerdo con Minera Los Pelambres opacando fallos judiciales que nos dan la razón:

-En 2008, la Corte de Apelaciones revocó el permiso de construcción del Tranque de basura tóxica por considerar que era un peligro y que interrumpía aguas vitales para el valle del Choapa, entre otra serie de cuestiones gravísimas pero con un “avenimiento” de 23 millones de dólares entre el abogado de ese entonces, Fernando Dougnac y algunos vecinos, Minera Los Pelambres construyó el tranque de igual forma.

-En 2014 la Corte Suprema acogió todo el daño que se provocó en estos años de funcionamiento de ese tranque ilegal, y ordenó a Minera Los Pelambres devolver el natural escurrimiento de las aguas del río Pupio que hoy ya está contaminado y sepultado bajo 2 mil millones de toneladas de desechos que produce la mina.

-Lo anterior, se suma a distintos fallos y resoluciones medio ambientales que también han fallado a nuestro favor, decretando el tranque como un peligro para la vida (2013, Corte Suprema), ordenándose a Minera Los Pelambres realizar un plan de evacuación en caso de derrumbe y/o sismo que hasta hoy no se ejecuta • La Superintendencia del Medio Ambiente condenó a la minera a pagar 2,4 millones de dólares por violación de la RCA 039 de 2004, al no construir el Parque Rupestre en Monte Aranda, previo la remoción de material arqueológico desde el fundo El Muro.

2.- Ninguno de estos fallos se ha cumplido. Ni siquiera el de la Corte Suprema. Mientras tanto, debemos comprar agua envasada, el río desapareció, vivimos en constante tensión por los sismos constantes en la zona las decenas de réplicas del terremoto pasado.

3.- El Tranque El Mauro fue emplazado a 9 kilómetros aguas arriba de Caimanes en la cuenca del estero Pupío, hoy sepultado bajo 2 mil millones de toneladas de desechos tóxicos. Para formar el tranque, se levantó una pared de arena que ya tiene 240 metros de altura en el mismo del rio, interrumpiendo definitivamente su cauce. La pared de arena se va elevando en la medida de que se arrojan más desechos y según informes de la misma Minera, este fue diseñado para resistir un terremoto de solo de 7,5º Richter con epicentro en el muro. Según la Corte Suprema debió ser construido para resistir un terremoto de 9,3º Richter. En caso de derrumbe, millones de toneladas de lodo tóxico seguirían el cauce natural por donde estaba el río, aplastando a Caimanes en pocos minutos y siguiendo su deslizamiento hacia Los Vilos.

El río se cortó, las napas de contaminaron y el riesgo de derrumbe también fue acreditado legalmente.

Hemos sido víctimas durante años de una brutalidad y destrucción que nos ha afectado tanto humana como mediombientalmente, cuyos cómplices han sido la indiferencia absoluta del Estado de Chile y la prepotencia de una de las empresas más poderosas de Chile, cuya casa matriz es la multinacional inglesa Antofagasta PLC que pretende históricamente comprar la dignidad del pueblo a cambio de acallar los fallos judiciales que esta vez nos dan la razón irrefutablemente.

Por lo anterior y por los puntos que enumeramos a continuación, el Comité de Defensa de Caimanes y sus dirigentes encabezados por Cristián Flores, rechazan el proceso de acuerdo que están impulsando Minera Los Pelambres y nuestros ex abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo.

1. El acuerdo es inmoral. En un país donde existe el Estado de Derecho, un fallo de la Corte Suprema no puede condicionarse a un acuerdo extrajudicial aunque sea millonario. Esto es inaceptable e inmoral.
2. El acuerdo contradice otros fallos. Lo que están proponiendo en este acuerdo, contradice otros fallos judiciales de forma inaceptable e irrisoria:

-Quieren agrandar la pared del Tranque en 60 metros de altura, aunque cuando en 2013 la Corte Suprema declaró el Tranque un peligro para la vida humana. “El crecimiento”, como le llaman eufemísticamente, tendría una compensación para el pueblo de 24 millones de dólares entregados en cuotas o proyectos.

3. El acuerdo ‘pretende comprar’ el derecho a seguir con los juicios. Minera Pelambres solicita que la Comunidad baje los juicios que hoy están vigentes y que se firme un compromiso para no volver a hacer acciones legales en estos temas, a cambio de una especie de “sueldo” mensual que se daría a los vecinos durante 10 años, en un fondo total de 10 millones de dólares. Esto no solo es “comprar” juicios, sino que engañar a la gente haciéndole creer a los vecinos que pueden renunciar a su derecho fundamental de acudir a Tribunales cuando vean vulnerados sus vidas.
4. El acuerdo ofrece como “beneficios” asuntos que tiene que hacer por obligación judicial. La Minera está presentando su intención de realizar obras de ejecución para devolver el agua y entregar seguridad ante el riesgo inminente como un acto voluntario que ofrece en este acuerdo para favorecer al pueblo, pero en realidad, la Minera está obligada por orden judicial a devolver el agua como indica la Corte y hacer un plan de seguridad también decretado judicialmente, decretado hace ya años sin que la Minera haya cumplido.
5. El acuerdo no reconoce prejuicios ni daños. No contempla la erradicación de las personas que quieren irse por las deterioradas condiciones de vida que la Minera ha generado en nuestro pueblo, sino que ofrece difusamente que aquellos que sientan temor, tendrán cierto apoyo para poder irse.

La responsabilidad que ha sido advertida varias veces por la Justicia, no es asumida por la Minera por tanto no sería una situación transversal que nos afecte a todos, sino a los “más miedosos”, omitiendo todos los informes de riesgo sísmico y contaminación total de aguas.

El fondo de “regalo” de 10 millones de dólares, compra la dignidad de las personas, no compensa un daño ni tiene carácter de indemnización. Son 6 mil millones de pesos repartidos en 10 años para 1.500 personas. Cerca de 4 millones de pesos por persona en un década que no permitirá ni siquiera el traslado a otro pueblo.

En resumen:

– Nos agradarán el tranque que ha sido decretado como un peligro  para la vida humana a cambio de 24 millones de dólares para proyectos.

– Nos darán un sueldo de 4 millones de pesos aproximados por persona en 10 años, a cambio de que bajemos nuestros juicios y no volvamos a demandar a la Minera en estos temas.

– Nos ofrecen como un beneficio cosas que en realidad están obligados a darnos por juicios: agua y cierta seguridad sin el visto bueno de expertos independientes ni tribunales. (Por ejemplo, ya no cambiarán la Escuela de nuestros hijos, sino que pondrán un muro para que contenga el relave en caso de aluvión) que será ejecutada por profesionales vinculados indirectamente a la Minera. (Manuel Lizana de Bitumix que da servicios de asfalto a la Minera)

– Nos ofrecen hacer invisible el primer fallo de la Corte Suprema que reconoce el derecho de un pequeño pueblo a vivir en paz y libre de contaminación y que será clave para todos los otros pueblos de Chile, a cambio de vender nuestra dignidad por millones de dólares que no son ni siquiera una indemnización.

Entendemos pero lamentamos, que una vez más un grupo de vecinos quiera firmar un acuerdo extrajudicial, igual que ocurrió en 2008 y que dejó sin efecto el Fallo que impedía la construcción del Tranque que hoy nos tiene sin agua, con riesgo vital y divididos como comunidad.

Sin embargo, apelamos a la libertad de quienes no queremos firmar este acuerdo, porque buscamos paz, justicia y dignidad. ¿Será posible esto?, o tendremos que seguir sufriendo chantajes y amedrentamientos con demandas intimidatorias o “censos” artificiales que parecen más un control de detención masivo en nuestras propias casas que cualquier otra cosa.