Comunidades agrícolas, patrimonio sociocultural del Norte Chico: Vida comunera se resiste a morir

A pesar de ser muy características de la región de Coquimbo, las comunidades agrícolas son casi desconocidas para el resto del país. Asentamientos campesinos con propiedad colectiva de la tierra, su origen se remonta a la época colonial. Aunque hoy parecen tener todo en contra, aún hay esperanzas para su desarrollo.

Las comunidades agrícolas (CA) del Norte Chico son el único sector campesino no indígena –pero sí mestizo- que cuenta con un sistema de tenencia comunitario de la tierra en Chile. Constituyen un modo de vida con características democrático-solidarias y rasgos autogestionarios.

Sobrevivientes a todos los modelos de desarrollo adoptados por el Estado chileno, este esquema agrario pre-capitalista se halla “contra las cuerdas” desde la imposición del neoliberalismo en 1975.

Se calcula que las CA ocupaban –hasta la década del 70- alrededor de un millón de hectáreas, es decir, el 25% de la superficie de la IV Región. En ésta se ubica el 95% de las 188 comunidades que actualmente hay en Chile (desde Atacama hasta la Región Metropolitana). El Limarí concentra los dos tercios de las CA –las que cubren el 31% del territorio provincial-, con promedios de 3.780 hás y de 30 familias por comunidad.

La calidad de comunero se obtiene al ser propietario de un derecho (parte alícuota en la propiedad común). La cantidad de derechos por cada CA es variada: desde menos de 10 hasta más de 1.700. Entre todas las comunidades suman unos 13 mil derechos inscritos. En teoría, cada derecho corresponde a una familia, aunque un comunero puede llegar a poseer hasta el 3% del total de ellos.

Toda familia comunera tiene acceso a una porción de terreno (“goce singular”) en donde colocar su vivienda, huerto y corral (“parcela” que es transferible junto con cada derecho). El resto de la superficie de la CA es considerada común y se utiliza para pastoreo, recolección de leña, obras comunitarias, entre otras cosas.

El cultivo de secano -cereales- se efectúa en terrenos comunitarios cedidos temporalmente para el usufructo individual, llamados «lluvias». En las CA se verifica la cooperación en diversas labores; los comuneros acuden con sus herramientas y animales, y la retribución se da en trabajo o alimentos: el «mingaco», la «gallaíta» y la «trilla», son ejemplos de ello.

ORIGEN, HISTORIA Y ORGANIZACIÓN

Uno de los orígenes de las CA estuvo en la fragmentación de grandes haciendas, entregadas como “mercedes de tierra” durante la Colonia. Los herederos se repartieron las mejores tierras en forma individual; en cambio, los terrenos de secano, por su bajo valor productivo, su gran extensión y el poco capital de sus habitantes, se constituyeron en propiedad común.

Desde la Colonia hasta el siglo XIX se produjo el traslado de población hacia el Norte Chico, como mano de obra para las labores mineras; al agotarse las explotaciones, ella se reorientó hacia actividades agrícolas o ganaderas, realizadas en forma comunitaria. También, algunos españoles que poseían indios encomenderos, ante la necesidad de ocupar tierras para la producción exportadora, los reubicaron en terrenos interiores de menor calidad, optando éstos por su ancestral modo colectivo de existencia.

El saneamiento de las comunidades comenzó en 1963 con el decreto 19. Luego, en 1967, se promulgó la Ley de Comunidades Agrícolas (DFL 5).

Si bien durante la dictadura no se produjo una intervención directa en contra de las CA, hubo dos normativas que las afectaron seriamente: en 1979, el decreto 2.695 y el 18.353, de 1984; ellas indujeron un proceso de privatización de las tierras comunitarias al otorgar títulos de propiedad a los «goces singulares”. Con esto se puso fin, en los aspectos legales, al último obstáculo que impedía la penetración del sistema capitalista.

Con el inicio de la transición a la democracia –y apoyados por la ONG Jundep-, las CA participaron en la elaboración de propuestas para una nueva ley. Finalmente fue aprobada -con la indiferencia de la Concertación y correcciones impuestas por la Derecha- en 1993 (Ley 19.233). Aunque representó un avance, no dejó conforme a la dirigencia comunera, pues contiene varias trabas, como que sólo permite la creación de estas comunidades desde la Primera hasta la Sexta Región.

El conjunto de comuneros que poseen derechos forman la Asamblea General de cada CA, que es el órgano decisorio supremo. Esta instancia elige al Directorio, que dura tres años. Además escoge una Junta de Vigilancia y diversas Comisiones.

Entre 1988 y 1991 se crearon las asociaciones provinciales: Elqui, Limarí y Choapa, a las cuales están asociadas el 70% de las CA.

En 1991 se formó la Federación Nacional de Comunidades Agrícolas, que ingresó al Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech) en 1993. Al año siguiente, organizó su primer congreso, en la ciudad de Vicuña.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

La cultura patriarcal ha provocado la exclusión de mujeres y jóvenes de ciertas decisiones y labores, lo que resta un enorme potencial a los colectivos. Por otra parte, la debilidad organizacional ha frenado las iniciativas y el empoderamiento de las CA. La escasa formación de dirigentes ha producido “apernamiento” de directivos y poco recambio generacional, lo que provoca falta de interés por parte de la juventud para tomar responsabilidades y elaborar proyectos innovadores.

Siendo los derechos transables en dinero -y al no estar condicionados por la comunidad-, se producen distorsionadores del carácter comunitario. Por lógica, debiera tener posibilidad de integrar la comunidad quien viva en el terreno, aporte esfuerzo, participe en sus instancias y cuente con la aceptación de los comuneros. Pero hay personas que, cumpliendo estos requisitos, no poseen derechos, y otras que no contribuyen a la comunidad ni viven en ella sí los tienen.

La Ley permite –potencialmente- sancionar a estos comuneros “fantasmas”, aplicándoles multas financieras; dinero que podría usarse en generar un Fondo para que familiares de comuneros o personas interesadas –que cumplan los requisitos- pudieran acceder a derechos. Sin embargo, esta norma no ha sido aplicada por la generalidad de los tribunales de la Región, pues miran con reticencia una disposición que podría aparecer contrariando la garantía constitucional de la propiedad privada.

En Chile, la desertificación afecta al 60% del territorio nacional, siendo en la IV Región en donde este proceso parece más crítico y evidente. Esto, debido a la sobre explotación histórica de los recursos, provocada por la ganadería, agricultura y minería, e incentivada por la demanda internacional. Este fenómeno perjudica principalmente a las CA, quienes, debido a la falta de capital para invertir en tecnologías que recuperen suelos degradados, se han visto sumidas en la pobreza. Ésta, a su vez, deteriora aún más la calidad de los ecosistemas (sobre pastoreo y talaje excesivo).

El principal problema físico en las CA es la falta de agua. Como no pueden acceder a comprar derechos de las que son superficiales, deben centrar sus esfuerzos en la búsqueda de aguas subterráneas.

Las mejores tierras están en poder de grandes fundos privados. Con éstos, históricamente las CA han tenido conflictos limítrofes. Hoy se agregan las transnacionales y grupos económicos criollos, que usan todo su poder para intentar arrebatarles las tierras con mayor potencial (1). Compran a través de “palos blancos” más del 3% del total de derechos permitidos por ley; cooptan dirigentes que toman decisiones sin contar con el apoyo de la asamblea, y “compran” comuneros angustiados por la falta de recursos. Misma desesperación que ha llevado a algunas comunidades a segregar terrenos para su venta.

Antes del saneamiento de las CA hubo particulares que inscribieron terrenos que, posteriormente, quedaron al interior de las comunidades. Como esas inscripciones perduran en los registros de los conservadores de bienes raíces, se producen conflictos, y debido a que los comuneros tienen escaso acceso a la asistencia jurídica, muchas veces esos pleitos son ganados por particulares más pudientes (2).

Producto de todo esto hoy las CA no tendrían más de medio millón de hectáreas, es decir, habrían perdido casi la mitad de tu territorio original, según Mirtha Gallardo, presidenta de la asociación de comuneros del Limarí.

Otro problema es que la falta de recursos para cercar estas grandes propiedades comuneras, permite el ingreso de extraños con suma facilidad: extractores de áridos, de tierra de hojas, de leña y de cactáceas; cazadores, pastores transhumantes y cuatreros, que afectan la economía de las comunidades.

Los dirigentes comuneros critican al modelo neoliberal, pues todos los instrumentos de fomento y apoyo a la agricultura campesina están diseñados para trabajar con individuos y no con colectivos: “Para el Estado chileno somos un ’cacho’. Hay funcionarios públicos que nos han tratado de ´brutos´ porque insistimos en un modo de vida comunitario. Nos dicen: ‘¿Cómo se les antoja seguir viviendo así?’, como si fuera un pecado tan grande”, afirmó Mirtha Gallardo.

Nicolás Schneider –geógrafo experto en el tema-, señaló que las CA no entran en el slogan oficial “Chile: potencia agroalimentaria” ni en su énfasis exportador; “los organismos públicos se comportan como entes reactivos. Al no haber un plan de desarrollo adecuado para las CA, han aplicado una política asistencialista (por ejemplo, a través de bonos). Pienso que esta forma de vida y producción -que legitima la gestión comunitaria- se le pasó al Estado chileno, por lo que no les interesa o no saben cómo apoyarla”, sentenció.

AGROECOLOGÍA, TURISMO RURAL Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS

En opinión de dirigentes y expertos, sólo en un 35% de las CA se mantiene el espíritu y las prácticas comunitarias, lo que se manifiesta en labores conjuntas, producción común y convivencias típicas.

De acuerdo a estudios del Instituto de Investigaciones Agrarias (Inia), al cruzar datos físicos, económicos y socioculturales, las dos terceras partes de las CA serían viables. El resto estarían condenadas a desaparecer como tales.

Para Nicolás Schneider, el mayor potencial está en las CA de la zona Limarí oeste, Combarbalá y Canela, que tienen una viabilidad económica en el cultivo de productos de excelencia en pequeña escala, así como en el mini turismo rural (3).

Por otro lado la región presenta condiciones muy favorables para el uso de energías renovables no convencionales, especialmente solar y eólica.

Según la geógrafa e investigadora Angélica Medina, la única esperanza para las CA es que se adopte un nuevo modelo de desarrollo, “que valorice la racionalidad y tecnologías campesinas; la integración de técnicas agroecológicas, limpias y orgánicas, que promuevan la recuperación de los recursos naturales; la incorporación a los mercados por medio de cooperativas, con productos no tradicionales, y el fomento de la educación e investigación en zonas semiáridas, para generar tecnologías adecuadas que reviertan los procesos de desertificación y de deterioro de la calidad de vida”.

SECANO, CABRAS Y POBREZA

Según estimaciones, en las CA viven, en forma permanente, unas 40 mil personas (30% de la población rural de la IV Región), cifra que puede duplicarse si consideramos a los habitantes temporales.

La mayoría del suelo comunero es de secano (sólo se sirve de aguas lluvias) y corresponde a praderas naturales. El 70% del terreno puede utilizarse -el resto tiene fuertes pendientes-, pero apenas un 7% es arable. La superficie que ocupa cada comunidad varía mucho: entre 141 y 122.600 hás.

Las personas económicamente activas en las CA suman 5.912. El 50% se desempeña en agricultura y ganadería (principalmente caprina), el 12% en comercio, el 11% en construcción, el 5% en enseñanza, y el 4% en minas y canteras. Existen cinco caletas pesqueras en sus terrenos.

El 66% de la fuerza de trabajo de las CA es asalariada (por lo general en puestos temporales y con empleadores externos), y sólo un tercio lo hace de manera independiente.

En las CA existe una alta tasa de analfabetismo (21%) y sólo el 2% tiene educación superior. El 13% aparece sin ningún tipo de estudios formales.

Las comunas con presencia de CA tienen altos índices de pobreza (44%), y se estima que en las comunidades existe un 21% de desocupados. Su población tiende a envejecer –producto de la emigración-, siendo un 20% de sus habitantes mayores de 59 años.

Más del 53% de los hogares en las CA no tiene agua potable, y el 39% de las familias utiliza leña o carbón como combustible para cocinar. El 75% de los caminos de acceso son de tierra y están en estado regular.

NOTAS:

1) Ejemplos de comunidades agrícolas en conflicto con privados: La Cebada versus inmobiliarias Costa Dorada y Talinay (Ovalle); disputa de Chalinga con la minera CMLA (Salamanca), y lucha de Huascoaltinos contra el proyecto Pascua Lama, de la minera Barrick Gold en Vallenar (ver).

2) Durante el 2004, la Comunidad Agrícola de Punitaqui tuvo nueve juicios; ninguna resolución les fue favorable. Fuente: Reunión anual ordinaria de comuneros -14 de enero del 2005- (N. Schneider).

3) Un caso destacable es el de la Comunidad Agrícola Peñablanca, ubicada a la altura de Punitaqui pero cerca de la costa. Allí se han estado realizando varios proyectos innovadores -como atrapanieblas-, apoyados por profesionales de Servicio País y de Küpal Consultores.

FUENTES:

“Diseño, implementación y seguimiento plan integral de desarrollo del secano, IV Región de Coquimbo”. Resumen informe final etapa I. “Reconocimiento detallado del territorio a intervenir”. Instituto de Investigaciones Agrarias (Inia). Gobierno Regional de Coquimbo, 2004.

“Alternativas de desarrollo rural sustentable para una comunidad agrícola tradicional en proceso de desertificación: El Divisadero, comuna de Punitaqui, IV Región de Coquimbo”. Memoria de Angélica Medina Rodríguez. Universidad de Chile. Escuela de Geografía, 2006.

“Comunidades agrícolas de la región de Coquimbo, Chile. Tenencia ancestral y colectiva de la tierra versus la llegada de nuevos vecinos y nuevos comuneros”. Ponencia de Nicolás Schneider Errázuriz, 2007.

FOTOS:

Oficina Técnica de Comunidades Agrícolas (OTCA)

Por Cristian Sotomayor Demuth

El Ciudadano