A la fecha, se encuentra vigente y esperando su fallo en la Tercera Sala de la Corte Suprema un recurso de protección interpuesto por las comunidades del Valle del Huasco en contra de Barrick Gold, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación de Atacama, en lo principal por las nuevas contaminaciones producidas en las aguas (incluso hasta marzo de este año) tras la ruptura de la Planta de Tratamiento de aguas contaminadas producida en junio de 2016, así como por otras situaciones de contaminación que tuvieron que ver con derrames de sustancias peligrosas como aceites e hidrocarburos y riesgo de afectación de densímetros nucleares.
Además en este recurso las comunidades han discernido con una serie de pruebas la imposibilidad que finalmente tiene el proyecto de tratar las aguas de contacto (contaminadas) y por tanto que le resulta imposible no contaminar finalmente este vital elemento, demostrándose con ello la inviabilidad del proyecto así como nuevos incumplimientos a la RCA que quedaron a la luz.
Por último, como otro elemento importante en controversia ha sido la Resolución N°094 de la Comisión de Atacama que permitió elevar los límites autorizados de metales pesados en el río gracias a la cual todas las contaminaciones están quedando legalizadas y ocultas. Esta Resolución ha sido denunciada como ilegal y arbitraria la cual vulneró también el Convenio 169 de la OIT ya que no respeto la consulta indígena (ver detalle de recurso en http://www.mapuexpress.org/?p=16729).
Es en este proceso judicial, que las comunidades se percataron de que el abogado contratado por la empresa, Rodrigo Quintana Meléndez, y quien con total ahínco y fuerza está defendiendo los intereses de esta transnacional reiteradamente infractora (con más multas en la historia de Chile), que ha violado todos los compromisos con la autoridad y el Estado de Chile, incluso que le ha mentido y desobedecido al mismo, y finalmente criminal, que comenzó sus faenas más altamente contaminantes sin tener los sistemas construidos para tratar la contaminación de las aguas que sabía generaría, no es nada más ni menos que uno de los doce abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Quintana fue Jefe del Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile entre 1992 y 1994, sin embargo lo más sórdido para las comunidades es que es un fiel militante del PS quien ha llegado a sus cargos (Defensor de Estado (2002) y Consejero del CDE (2006)) nombrado por la mano de Ricardo Lagos, uno de los presidentes de la República que han permitido con más fuerza la implementación del proyecto Pascua Lama. Incluso fue asesor de Soledad Alvear, quien recordemos junto a Lagos firman las últimas disposiciones para viabilizar el Tratado de Integración minera Chile -Argentina redactado a puño por Barrick Gold y sin el cual no podían explotar el proyecto binacional en la naciente de las aguas. Y cómo si fuera poco es quién ha asesorado de manera irregular a Javiera Blanco, lo que ha sido denunciado recientemente.
Esta es una nueva situación de conflicto de interés Barrick- Gobierno que enciende las alarmas en la comunidad y que sigue confirmando la falta de respeto de este Gobierno hacia las comunidades, así como el nivel de corrupción y falta de ética que ha identificado a este segundo gobierno de Bachelet. En el mismo sentido, confirma el apoyo irrestricto al proyecto Pascua Lama y a su viabilización.
Esta situación es de total gravedad, el Consejo del Estado es una institución del Estado que por ley debe ser un órgano independiente “dotado de plena autonomía técnica y prescindencia política cuyo mandato es actuar al margen de toda consideración ajena al interés público”. A su cargo se encuentra la defensa judicial de los intereses del Estado para la que ejerce su acción en extenso ámbito de asuntos de índole civil, contencioso administrativo, penal, tributario, laboral y Ambiental”.
Respecto de este último, “La Ley 19.300 otorgó al Consejo de Defensa del Estado el ejercicio de la acción de reparación ambiental y la indemnización de perjuicios derivada de dicho daño. (…) en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, (…) ha mantenido su forma de trabajo ante tribunales ordinarios de justicia y, paralelamente, ha insertado sus competencias en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, actuando particularmente coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Superintendencia, de modo de presentarse adecuadamente ante los tribunales especializados, cuyas resoluciones poseen un alto estándar técnico-jurídico”.
El conflicto de interés se constituye de diferentes y preocupantes formas en este caso. Por un lado, el recurso de protección en litigio denuncia afectación de patrimonio estatal, la contaminación de las aguas de todo un valle, o sea daño ambiental, y la continuidad de la afectación a la salud de sus habitantes y medio ambiente que ya ha sido confirmada por la Superintendencia de Medio Ambiente en estudio de 2015. Barrick y su proyecto Pascua Lama, tanto por estas afectaciones como por otras tantas podría prontamente – y si así lo estimarán las comunidades- ser denunciadas ante este Consejo exigiéndoseles medidas de reparación ambiental e indemnización.
Por otro lado, como ya dijimos, en este recurso las comunidades se vieron obligadas ha denunciar la Resolución ilegal y arbitraria 094 que permite ocultar la contaminación, la cual en algún momento podría ser revisada la competencia de los funcionarios que la aprobaron y así como su legalidad por este Consejo.
Por último, tal como se expresa en el sitio web de la institución, el Consejo del Estado está asesorando a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente, por tanto tenemos que al estar Quintana como abogado de la empresa, puede haber una estrategia conjunta entre el Estado y la empresa para defenderse de este Recurso de protección. En el fondo, hoy para el Estado, defender a la empresa en este recurso, significa defenderse a sí mismo, tal como se puede ver en los fuertes escritos de la Superintendencia del Medio Ambiente y Comisión de Evaluación de Atacama en donde tratan a las comunidades como sus enemigos más férreos con una falta de respeto impresionante, y a la empresa como su mejor aliado.
Por todo esto es que las comunidades expresan: “Es impresentable que este abogado pueda ser el defensor de la empresa, no descansaremos hasta lograr su desvinculación del Consejo de Defensa del Estado. Le exigimos a la Presidenta Bachelet que si algo de decencia le queda le termine sus funciones inmediatamente. Un abogado del Consejo de Defensa del Estado no puede ser el abogado de Barrick Gold, empresa criminal que ha devastado y contaminado patrimonio de todas y todas las chilenas”. Y nos preguntamos ¿Qué más queda después de esto? Este Gobierno no tiene límites”.
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