Condepp acusa falta de fiscalización de Subsecretaría de Pesca

El vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Nelson Estrada, denunció que el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, no está cumpliendo su rol fiscalizador. ¿Por qué? A juicio del dirigente, Súnico está permitiendo que algunos armadores de la región del Bio-Bio estén quebrantando contratos a la parte, apropiándose de recursos que debieran ser de su tripulación, tal como lo establece la ley de Pesca en su artículo 2º, número 62. Por este motivo, a la fecha se han presentado a lo menos seis demandas en los Juzgados de Garantía y Laborales de Concepción.

Para Estrada el “Subsecretario Súnico no fiscaliza y hace vista gorda a delitos cometidos por algunos armadores”. Agregó que “estas prácticas denigran al sector pesquero, por lo que el Gobierno debiera estar en primera línea sancionando con fuerza”.

¿Qué dice la Ley de Pesca?

La ley define un Contrato a la parte o Sociedad a la parte como una “forma de asociación destinada a la realización de actividades extractivas que considera el aporte de los socios en embarcaciones, materiales, implementos, financiamiento y trabajo y el posterior reparto de las utilidades que genera la jornada de pesca en función de la contribución que cada persona realizó”.

El procedimiento descrito en el párrafo anterior exige la participación de pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero, tal como la embarcación que se aporte. A su vez, se deben determinar previamente las partes en las cuales se distribuirá el resultado de la operación pesquera y se estipulan los gastos susceptibles de ser descontados.

Nelson Estrada explicó que las utilidades generadas a partir de un Contrato a la parte, entre armadores y tripulaciones, generalmente son entregadas en dos pagos por las empresas que compran la pesca. La irregularidad se comete, porque el segundo pago (liquidación definitiva) queda en manos del armador, apropiándose de recursos que son de sus trabajadores.

El dirigente de Condepp apuntó a que la ley también establece que si se cede o vende parte de la cuota de pesca por parte del armador, un porcentaje previamente estipulado va a sus tripulantes. Según Estrada, la irregularidad se produce porque el dueño de la embarcación “blanquea” esos recursos incorporando familiares a las nóminas de la tripulación, lo que al final queda en sus arcas personales.

Para el dirigente la solución para estas malas prácticas “es la anulación de la ley de Pesca, para que nazca una ley con sanciones ejemplares y mayor poder de fiscalización, con recursos y personal autónomo de las decisiones del gobierno de turno”.