Cada día cobra mayor fuerza en Chile la idea de reemplazar la Constitución aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada en 2005 ya en democracia. Pero no hay consenso en el método a utilizar: unos plantean asamblea constituyente y otros una reforma.
La norma fundamental chilena en vigor “es ilegítima”, opinó ante la consulta de IPS el jubilado juez Juan Guzmán Tapia, el primero en someter a proceso al hoy fallecido general Pinochet (1915-2006) por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por su régimen de 1973 a 1990.
“Es un decreto de ley que se elaboró entre cuatro paredes y que fue ratificado por un plebiscito que no fue limpio”, apuntó. Es que esa consulta constitucional de 1980 se realizó bajo estado de sitio, con opositores a la dictadura perseguidos, asesinados y desaparecidos, y sin registros electorales.
El primer proceso de reformas a esta Constitución tuvo lugar en 1989, un año antes del retorno de la democracia después de 17 años de dictadura.
Aunque posteriormente sufrió diversos cambios, en 2005 el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) promulgó 58 modificaciones que lo llevaron a calificar a la nueva Constitución como “democrática”, la cual “ya no divide a los chilenos”.
Las reformas introducidas en esa instancia, entre otras cosas, le restaron poder a las Fuerzas Armadas, aumentaron las capacidades del Congreso legislativo y modificaron instituciones como el Tribunal Constitucional. Pero, según Guzmán Tapia, “fueron apenas una cirugía estética”.
“La única alternativa es una Asamblea Constituyente”, apuntó el ex magistrado, hoy director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Central, en Santiago, donde se realizaron desde el lunes dos seminarios vinculados a la “Primera Semana por la Asamblea Constituyente”, que finalizaron este viernes.
Detrás de esta iniciativa estuvo la Red de Estudiantes y Ciudadanos por la Asamblea Constituyente, creada en 2008 por alumnos de universidades estatales y privadas del país, que se suma a un número creciente de movimientos, organizaciones, académicos y dirigentes políticos que exigen un nuevo proceso constituyente para Chile.
“Todas las demandas sociales desembocan como un embudo en la Constitución”, graficó ante IPS Matías Sagredo, de 22 años, estudiante de educación diferencial en la capitalina Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y uno de los coordinadores de la Red.
Antes relegado a grupos y debates restringidos, hoy el tema está instalado en las campañas electorales de los candidatos presidenciales que se medirán en diciembre.
A fines del año pasado, el candidato por la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, el ex mandatario democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), propuso un paquete de 37 nuevas reformas constitucionales, mientras que otros aspirantes a la presidencia por partidos de izquierda se inclinan por una Asamblea Constituyente.
El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, quien se encuentra reuniendo las 36.000 firmas exigidas por la ley para postularse a la presidencia de Chile como independiente, aseguró el lunes, ante la consulta de IPS en una reunión con corresponsales extranjeros, que se encuentra redactando una Constitución de 100 artículos.
Pero no descartó la posibilidad de optar por una Asamblea. La candidatura de este parlamentario está creciendo en las encuestas, aunque se presenta por fuera de la centroizquierdista coalición de gobierno.
La principal organización sindical del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), incluyó este año en su petitorio de demandas la elaboración de una nueva Constitución.
En cambio aún no se ha manifestado al respecto el candidato de la oposición derechista, el multimillonario empresario y ex senador Sebastián Piñera, quien lidera las encuestas de intención de voto en el país y es apoyado por partidos y dirigentes políticos que colaboraron con la dictadura.
No obstante, ese sector que representa constantemente se ha opuesto a cambios estructurales en el sistema político del país, argumentando que el actual orden le ha entregado “gobernabilidad” y “estabilidad” al país, al dividir el poder en dos grandes bloques políticos, evitando la “fragmentación” de partidos y tendencias.
Desde esta lógica, algunos sectores políticos y ciudadanos ven a las asambleas constituyentes, como las que han tenido lugar últimamente en Bolivia, Ecuador y Venezuela, como experiencias “caóticas”, de confrontación.
“Efectivamente Chile requiere una nueva Constitución”, comentó a IPS Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la privada Universidad Diego Portales.
“La principal razón es que la arquitectura institucional de la actual Carta Fundamental afecta a la democracia y está generado una separación entre gobernados y gobernantes, un fuerte aislamiento de la elite respecto de la ciudadanía”, acotó.
La Constitución vigente “es hiper-presidencialista, centralizada y le da a los ciudadanos muy poco poder para incidir en el proceso de toma decisiones”, explicó el ex director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
En ella no tienen cabida mecanismos democráticos como la iniciativa popular de ley, los plebiscitos nacionales vinculantes, la revocatoria de autoridades, la elección directa de autoridades regionales, entre muchos otros.
Al contrario, “hay leyes orgánicas constitucionales que requieren cuatro séptimos, cerca de 60 por ciento de los votos para ser aprobadas, es decir, la minoría decide qué se aprueba y qué no”, explicó Fuentes.
“En su núcleo duro, la Constitución concentra el poder en los poderosos y en una minoría política, que es el ‘pinochetismo’”, dijo a IPS el abogado de derechos humanos Roberto Garretón, quien pertenece al Movimiento de Ciudadanos por una Constitución Democrática.
Según el también abogado de derechos humanos, Harim Villagra, invitado a exponer a un seminario sobre el tema realizado por la Red el jueves, el derecho a la propiedad es el eje ordenador de la Constitución chilena, por lo cual Estado sólo tiene un rol subsidiario.
La Constitución de Pinochet sentó las bases del neoliberalismo que hoy impera en el modelo de desarrollo chileno, cuestionan los promotores de la Asamblea Constituyente.
Para Garretón, esta última es la única alternativa posible para elaborar una Constitución democrática, porque cualquier proyecto de reforma será bloqueado o desvirtuado por el parlamento, cuyos miembros son elegidos a través del sistema electoral binominal, que excluye a partidos minoritarios y mujeres.
La principal fórmula pensada para empujar al país hacia una Asamblea se probó en las pasadas elecciones municipales de octubre, siguiendo la experiencia colombiana.
La Red de Estudiantes y otras agrupaciones llamaron a los electores a escribir la frase “Asamblea Constituyente” en las papeletas de candidatos, lo cual, según la ley, no anula el sufragio si se marca la opción de un solo postulante.
Según estas organizaciones, entre 4.000 y 8.000 votos habrían sido marcados con esta consigna en octubre, pero muchos de ellos fueron no contabilizados por los vocales de mesa por desconocimiento de las leyes electorales.
Para superar este problema, el abogado Eric Palma, académico de la Universidad de Chile, propone hacer plebiscitos ciudadanos en todo el país, tal como hizo su movimiento “Chile a la Carta” hace cinco años.
En diálogo con IPS, Palma planteó que los jóvenes, que fueron protagonistas del histórico paro estudiantil de 2006, pueden hacer eclosionar el proceso constituyente. Un nudo crítico, dice, es “la cultura jurídico-política-patriarcal-no democrática” de políticos, abogados y jueces, que aún se resisten a reconocer los derechos económicos, sociales y culturales.
Según Fuentes, son tres los escenarios posibles en el país hoy: que se abra un nuevo proceso de reformas, que a la larga termine sepultando el origen autoritario e ilegítimo de la Constitución de Pinochet; que un pacto político aprueba la realización de una Asamblea Constituyente en el próximo periodo presidencial; o que un movimiento de base empuje esta opción.
El problema es que aún no existe una mayoría ciudadana que se manifieste abiertamente por la Asamblea Constituyente y que presione eficazmente a la clase dirigente, reconocen los promotores de esta iniciativa, quienes ven al bicentenario de la independencia de España, a celebrarse el próximo año, como una oportunidad histórica para dotar a Chile de un nuevo ordenamiento jurídico-político-institucional.
En toda su historia, Chile nunca ha desarrollado un proceso constituyente verdaderamente democrático, recordó el historiador Sergio Grez en el mismo seminario donde expuso Villagra. La ciudadanía nunca ha sido invitada a participar en la génesis de una Carta Magna, concluyó.
Por Daniela Estrada
IPS Noticias
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