Álvaro Toro, representante legal de la Coordinadora, ha concretado que el incumplimiento que se aborda en la acusación entregada este jueves es la instalación ilegal de dos campamentos para los trabajadores fuera de los lugares que contempla la RCA.
“Esperamos que la Superintendencia constante estos antecedentes, que entregamos acompañados de fotografías, y se abra un proceso de sanción; pedimos la sanción máxima, la revocación de la Resolución”, señaló el abogado.
Este hecho ha constituido la primera de una serie de denuncias que serán presentadas ante la Superintendencia en base al trabajo del equipo de fiscalización permanente de la Coordinadora, integrado por profesionales de distintos rubros: abogados, topógrafos, geógrafos e ingenieros medioambientales entre otros.
“Ya tenemos otros incumplimientos constatados, pero queremos partir por este para ver cuál es el espíritu de fiscalización, de acción de la autoridad. Todos sabemos que este proyecto cuenta con un tremendo respaldo político; el ministro Pacheco es un íntimo amigo de los dueños, queremos ver si la Superintendencia va a cumplir su rol de fiscalización y control”, concluyó Toro.
Tomás González, ingeniero en recursos naturales, espera que “esta acumulación de sanciones concluya en una revocación de la resolución ambiental” y que se evalúe nuevamente el proyecto en base a los cambios sucedidos desde su aprobación.
“La inversión se ha triplicado, ha subido de 700 millones de dólares a 2350; claramente es un proyecto totalmente distinto; el destino de la energía tampoco es ya en Santiago, ya no es para la ciudadanía sino para la minera Los Pelambres”, en la IV Región, denuncia González.