La última semana de enero fue conformada la Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente en Copiapó, instancia social muy amplia que reúne a dirigentes vecinales, sindicales, ambientalistas y al obispo de la Región de Atacama.
La escasez de agua en la región de Copiapó hizo emerger el 24 de enero de este año una coordinadora en defensa del agua. A la sequía de la zona se suma la actividad minera, siendo el proyecto Pascua Lama el más temido por la comunidad.
La minería en la zona tiene en crisis las cuencas de los ríos Huasco y Copiapó. De éste se extraen entre 12 a 13 mil litros por segundos y solo recibe como recarga 5 mil litros por segundos, según información de Sernageomin Atacama. En tanto que el caudal del río Salado desapareció.
La autoridad por su parte otorgó más de 4 millones de hectáreas para concesiones mineras, lo que incrementará la demanda de agua y el estrés hídrico de la región.
En un comunicado difundido por los organizadores, se señala que la convocatoria es por “los distintos problemas socioambientales ligados principalmente a la carencia del agua, la contaminación y la injusticia ambiental la Región de Atacama”. Acusan que se está bajando la potencia del líquido vital, hay constantes cortes nocturnos y sectoriales y un limitado acceso al agua para los medianos y pequeños agricultores.
El principal problema de los habitantes del valle del Huasco es el yacimiento minero Pascua Lama, ubicado a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar, en la frontera con Argentina, cuya ambición por explotar unos 18 millones de onzas de oro e importantes reservas de plata, tienen en vilo a los glaciares que alimentan la cuenca, además de contaminar el río con sus cianuro, utilizado en la separación del oro de otros minerales.
La Coordinadora denuncia que esta crisis afecta a centenares de pequeños agricultores y las comunidades indígenas ancestrales, lo que se suma a alzas futuras del precio del agua y la desaparición de la flora y fauna autóctona, que se observa en los valles de la región.
El obispo, Gaspar Quintana, señaló a El Ciudadano que “el agua es vital para la vida humana, cosa que sostuvo el papa Juan Pablo II, para quien el acceso al agua es un derecho humano fundamental”.
Quintana agregó que “el agua dulce es un tema medioambiental y global. Afecta al consumo doméstico y las redes productivas. Por ello hay que ser responsables, de manera de que el agua no se convierta en una mercancía, que sea accesible a todos”.
Frente a ello establecen como primer objetivo la nacionalización del agua, recuperando las concesiones privadas y redistribuyéndola entre los usuarios agricultores. También se comprometen a participar en movilizaciones en conjunto y el uso de todos los instrumentos legales y sociales para conseguir esto.
Lucio Cuenca, de OLCA, dijo a El Ciudadano que “el gobierno ha impulsado la creación de mesas de agua invitando a los grandes consorcios mineros, marginando a la sociedad civil. Hace poco le dio un espacio al mundo social, pero las autoridades están concentradas en resolverle el problema a la minería”
La Coordinadora está integrada por el Obispado Copiapó, las coordinadoras por la defensa del agua del valle de Copiapó y del Huasco, agrupaciones de parceleros, la comunidad colla Serranía Poblete, Servicio País Tierra Amarilla, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, juntas de vecinos, la pastoral Salvaguarda de la Creación de Alto del Carmen, la comunidad diaguita, Anamuri, el Club de Montaña Lonko Mawyda, el Sindicato de la Construcción de Copiapó, la CUT provincial y agrupaciones artesanales y de pequeños agricultores.
Entrevistado por Reuters, el ministro de Minería, Santiago Gonzáles, anunció que los gobiernos de Chile y Argentina están muy cerca de alcanzar un acuerdo tributario que permitiría a la minera canadiense Barrick Gold iniciar los trabajos en Pascua Lama. “Lo más probable es que muy pronto se llegue a un acuerdo”- dijo el ministro.
El problema tributario es producto de la explotación que realiza Barrick Gold es en medio de la frontera, por lo que aún se está discutiendo cómo gravar los denominados servicios transfronterizos.
El Ciudadano
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