El Gobierno excluyó representación de trabajadores de equipo oficial para analizar propuestas de mejora en normas y fiscalización del trabajo. Así que la CUT convocó a expertos y formó un grupo paralelo.
Un fuerte cuestionamiento hicieron Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Chile; Álvaro Elizalde, ex superintendente de Seguridad Social, y la investigadora en medicina social, Magdalena Echeverría, al hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera no incluyera a los trabajadores en la comisión sobre seguridad laboral, creada después del accidente en la mina San José, en Copiapó.
El timonel de la multisindical planteó que aspiraban “a que hubiera una comisión tripartita, como se estila en el ámbito internacional, pero la que creó el Gobierno para ver lo de la seguridad laboral quedó reducida a gente de la Derecha y a los empresarios, a los trabajadores los dejaron fuera”.
Agregó que, de esta manera, el Gobierno actuó “violando el tripartismo que incentiva la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
El presidente de la CUT indicó que no sabe “cuál fue el motivo de excluirnos de esa comisión, quizás porque sólo quieren ver el tema de fiscalización. Pero el asunto es que hay que mejorar toda la institucionalidad sobre seguridad laboral en el país y en eso es fundamental que se escuche la experiencia y los aportes de los trabajadores”.
En tanto, Álvaro Elizalde, ex superintendente de Seguridad Social, criticó que el gobierno de Piñera “no considerara a un solo representante de los trabajadores” en la comisión sobre seguridad laboral.
Dijo que “cuando se escucha la voz de los trabajadores, la tasa de accidentabilidad baja, no obstante el Gobierno no quiso escuchar a los trabajadores en esta comisión”.
Magdalena Echeverría, experta en medicina social, y consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), manifestó que “la comisión del Gobierno tiene una pata coja porque no incluye a representantes de los trabajadores y la parte laboral es esencial en ese tipo de estudios”.
Las declaraciones fueron formuladas en la presentación de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, creada por la CUT, para realizar un análisis y hacer una propuesta dentro de 60 días en materia de reformas y reforzamientos para la seguridad laboral de los trabajadores chilenos.
La portavoz y coordinadora de la Comisión será Magdalena Echeverría, junto a Álvaro Elizalde, Orielle Solar, experta en salud pública, Manuel Parra, especialista en salud ocupacional, Nella Marchetti, ingeniera química, Patricio Brickle, subgerente de asuntos de trabajadores en la Asociación Chilena de Seguridad, Hernán Sandoval, médico y especialista en medicina del trabajo y Juan Gumucio, abogado laborista.
Arturo Martínez dijo que las conclusiones y propuestas de la Comisión las entregarán “al Parlamento, al Gobierno, a los partidos políticos, a los sectores sociales” y enfatizó que “ojalá que cuando las presentemos el Gobierno tenga voluntad de dialogar con nosotros sobre eso”.
El presidente de la CUT expresó que “la seguridad laboral en Chile es un tema de fondo, y no sería bueno esperar otra catástrofe como la de la mina San José para enfrentar los problemas que hay con la protección de los trabajadores frente a accidentes y enfermedades”.
Precisó que la idea de la Comisión convocada por la CUT “es tener una propuesta para hacer llegar al Gobierno y al Parlamento, que tengan más insumos, abordándolo desde la mirada y la experiencia de los trabajadores”.
Magdalena Echeverría indicó que “esta es una oportunidad para hacer visible los problemas de seguridad laboral en Chile”. Sostuvo que “ningún trabajador puede tener un empleo inseguro, se les debe garantizar la integridad física y psíquica, y que haya prevención de riesgo y condiciones seguras de trabajo, es prerrequisito de empleo decente en el país”.
La especialista planteó que este tema debe ser considerado dentro de la negociación colectiva, que es necesario que los trabajadores organizados exijan condiciones laborales seguras y que “Chile debe definir una política nacional de seguridad laboral que garantice empleo seguro y decente”. En esa línea, llamó a ratificar el Convenio 187 de la OIT, que fija un marco para la seguridad en el trabajo.
Echeverría, al igual que Elizalde, reivindicó el derecho de los trabajadores a parar labores cuando ven que hay peligro para su seguridad y que si ello ocurre, deben seguir percibiendo sus salarios. Elizalde apuntó que la legislación chilena es tan negativa en esto, que si los mineros de la mina San José hubieran parado faenas por inseguridad, la huelga se habría declarado ilegal.
Recuadro
POSITIVA VALORACIÓN DE TRIBUNALES LABORALES
Se cumplió un año de funcionamiento, casi silencioso, de los nuevos Tribunales Laborales y, en general, se ha valorado el desempeño de estas instancias que posibilitan juicios orales que permiten resoluciones más rápidas para los trabajadores.
El 31 de agosto se cumplió un año de la implementación en la Región Metropolitana de los Tribunales Laborales, encargados de atender todo tipo de controversias entre empleados y empleadores, con una dotación de jueces y funcionarios especializados en el tema.
En la Región Metropolitana se implementaron los Tribunales Laborales a partir del 31 de agosto del 2009, instalándose en Santiago, Puente Alto, San Miguel y San Bernardo. En ellos se cuenta con jueces especializados, las audiencias son orales y públicas, existe contacto directo entre el juez y las partes involucradas, se abrevian los plazos de resolución y hay gratuidad de los servicios.
En estas instancias se tratan las controversias entre empresarios y empleadores con los trabajadores, en cuanto a normas laborales, contratos de trabajo, sindicalización, negociación colectiva, aplicación de la previsión social y sobre accidentes y enfermedades laborales.
Arturo Martínez, presidente de la CUT, visitó algunas de estas entidades al cumplirse un año de funcionamiento y allí dijo que “fue un paso importante la instalación de los Tribunales Laborales para resolver más rápido y mejor muchos casos de justicia laboral que antes demoraban años o meses y que ahora se resuelven en un tiempo adecuado, beneficiando a los trabajadores de todo el país”.
Martínez planteó que el procedimiento, monitoreo, los juicios orales y el papel activo de los jueces hace más expedito todo el proceso de una controversia laboral, y que de ello se han beneficiado unos 25 mil trabajadores.
Por Manuela Montes
Fotografía: Mauricio Castillo, conductor de maquinaria pesada de construcción, calle Rojas Magallanes. De la serie fotográfica «Trabajando en Santiago», por Óscar Órdenes.
El Ciudadano N°88, segunda quincena septiembre 2010
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
