Daniela Morales, abogada de la Red de Defensa de Territorios: «Los principales problemas son con las hidroeléctricas y las forestales»

Hidroeléctricas y forestales explotan sin piedad la Región de La Araucanía. Daniela Morales Guzmán (29 años), abogada de la Universidad Católica de Temuco, participa en la Red de Defensa de Territorios, plataforma que defiende a comunidades mapuches y movimientos de defensa del agua y territorios. La Red es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). En La Araucanía agrupan a organizaciones medioambientalistas, como Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), el Observatorio Ciudadano, y las comunidades de Cunco, Curarrehue y Melipeuco, entre otras.

Entrevista por Arnaldo Pérez Guerra – Revista Punto Final

¿Desde cuándo existe la Red?

Participó hace tres años, pero la Red lleva más de cinco. En la región hay diversos conflictos y desde la plataforma que nos da la Red trabajamos principalmente con los territorios cordilleranos, trabajamos en Boyeco -donde estaba el ex vertedero-, y hoy en Temuco, con una asociación que agrupa a 32 comunidades rurales, desde el Cerro Ñielol en adelante, y que abarca las comunas de Temuco, Galvarino y Lautaro”.

¿Cuál es el conflicto con las hidroeléctricas?

Melipeuco es la comuna con más hidroeléctricas en la región, y el conflicto es en torno a eso y a los tendidos eléctricos que se han realizado para llevar la energía al Sistema Interconectado Central. El mundo rural indígena sobrevive en pequeños retazos de tierra, minifundios de una hectárea promedio. Y si tienes una o dos hectáreas, y te expropian un pedazo de terreno del diámetro que sea, es un problema. Se reducen aun más sus territorios. La mayor demanda es por tierra. Las que tienen no dan abasto para una población que crece, y ante eso, deben emigrar, y ahora, con los proyectos instalados y otros en carpeta, están despojando más a las comunidades de sus tierras y recursos naturales. Hay varias hidroeléctricas en Melipeuco, pero la que ha causado más conflictividad es la de Truful Truful, la central de pasada El Rincón. A principios de septiembre, comunidades y organizaciones que defienden ese territorio denunciaron que una de las empresas destruyó su aliwen, un sitio sagrado. No es solo un canelo en medio de otros árboles. Tiene una significación y se emplaza en un lugar especial. Lo destruyeron con maquinarias. Según lo que tenemos entendido, fue la empresa Enerbosch S.A. Se evalúa presentar una querella por ‘ultraje a un objeto de culto’. En Melipeuco hay otra central, en Carén: Carilafquén Malalcahuello. Ahí se inicia un tendido eléctrico. Existen dos tendidos importantes: el de Carén-Melipeuco, y el de Melipeuco-Freire, uno de los más grandes de la región. Carén afectó a 17 comunidades del valle de Allipén. Hicieron pelear a las familias y comunidades, era muy usual ver a comunidades divididas. Después de la inversión forestal, una comunidad que estaba organizada con una personalidad jurídica, después tenía tres y hasta cuatro, y eso es porque se han estado creando figuras paralelas, justamente las empresas las utilizan como mecanismo para validar los proyectos. La intervención rompió la armonía. Ya no es como era hace diez años, cuando las familias se saludaban y apoyaban.

¿Qué está ocurriendo en Cunco?

Es la comuna al lado de Melipeuco, y también quieren instalar hidroeléctricas, y eso ha significado que está empezando a suceder lo mismo. Las empresas se están desplazando hacia Cunco. Ya hay una hidroeléctrica instalada. Trabajo con la comunidad de Huerere, en el río Allipén, quienes no quieren que se instale la central Santa Olga. Llevamos un año y medio en ese proceso. Hemos sabido que hay planeadas otras centrales. Han hecho estudios en el río Huichahue. Pero aún no ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental, por lo tanto, todavía no conocemos su diseño. Lo que sabemos es la información que han filtrado las propias empresas. Santa Olga vendría a ser la primera represa en la región, algo parecido a Ralco. También invadirá un río que es muy importante para la cuenca del Toltén, el río Allipén. Se creará un lago artificial, una pérdida territorial importante para las tres comunidades aledañas. Si ya hay problemas de reducción de tierras, nuevamente tendrán que migrar, lo que implica un traslado forzoso, o las verán reducidas de forma importante. En Huichahue construirán una central. No sabemos cómo serás. La información que obtuvimos fue porque un trabajador olvidó su celular al lado del río. Quienes lo encontraron, vieron la información de los puntos –marcas- que están definiendo para el proyecto Central Huichahue. Tras eso, las comunidades de Cunco se volvieron a organizar. Y hay otros proyectos, lo que demuestra que no es algo aislado: existe una planificación para que Cunco siga los pasos de Melipeuco: una comuna productora de hidroelectricidad. En Cunco hay dos grupos ciudadanos urbanos, además de las comunidades indígenas. Existe un Consejo de Lonkos, en conjunto con Melipeuco, para defender a las comunidades de la ‘invasión hidroeléctrica’, como ellos la llaman.

¿Se trata de diferentes empresas o de una sola?

En general, son diferentes empresas, pero hacen ‘alianzas’ en el territorio, en particular con una familia de terratenientes: la familia García, que es también la que les dio paso al tendido eléctrico. Huerere colinda con la familia García en tres sectores. Se trata de hermanos y primos del senador de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot. Promueven la generación hidroeléctrica como bloque. En Huerere, quien está ‘en acuerdo’ con la empresa, es su hermano. Y en el Truful Truful, Melipeuco, también están los García”.

¿Y en Boyeco, qué sucedió con el vertedero?

En Boyeco, a 12 kilómetros de Temuco, se instaló un basural en los años 80, inserto en el corazón del territorio de Foyeco, como se denomina en mapudungun, agua de foye, agua de canelo, aludiendo a que es un lugar importante, ceremonial… Ahí mismo se emplazó el vertedero municipal en 1992, que estuvo 24 años contaminando el territorio de las comunidades. Se instaló en dictadura y fue reafirmado durante los gobiernos posteriores. Muchos alcaldes, incluido Francisco Huenchumilla, trataron de dar una solución, pero realmente todos confirmaron que funcionara en medio de las comunidades mapuches. Allí murió gente, y a inicios del 2000, y entre 2007 y 2009, las comunidades tuvieron una fuerte lucha para que se cerrará. Judicializamos el tema para forzar su cierre, porque había un plan de cierre que llevaba años paralizado, sin seguir su curso. Según ese plan, en 2014 Boyeco debía estar cerrado, pero en 2015 seguía funcionando y el plan recién estaba en la etapa 1 de 6. Empezamos un proceso lento, reuniéndonos con las comunidades, llegamos a juntar a 130 dirigentes, y nos hicimos parte del sumario sanitario ante la Seremi de Salud, y también del sumario de la Superintendencia del Medioambiente, que determinó una multa de 130 millones a la municipalidad. En diciembre pasado, finalmente se cerró. Ahora está el problema ambiental de llevar la basura a Los Ángeles. Hay que tener claro que el plan de cierre era de 2009 y recién en 2016 las autoridades tomaron en cuenta que tenían que trasladar los desperdicios a otro lugar. Tuvieron años para hacerlo, para programarse y estudiar alternativas. Escuchábamos de los propios funcionarios que no creían que se fuera a cerrar. Se conforman con pagar multas y alargar su funcionamiento. Decían que podía seguir 20 años más… Parece que la sanción de la Superintendencia motivó definitivamente el cierre, porque si la primera multa fue de 130 millones, por normativa la segunda sería el doble. Hoy las comunidades buscan la reparación del daño ambiental que les ocasionaron. Ser de Boyeco está estigmatizado, son ‘la gente del vertedero’. Tampoco pueden sembrar normalmente, pues napas y aguas están contaminadas. El territorio quedó contaminado con metales pesados, y no es que quieran o puedan volver a ser agricultores. Tienen que pasar por lo menos cien años. Miles de personas fueron afectadas y siguen siéndolo. Las comunidades alrededor de Boyeco son cuatro. El impacto más grave, en el primer anillo, es de 8 kilómetros a la redonda. Y son tres anillos. Calculamos más de 1.500 personas afectadas directamente”.

¿Por qué demoró tanto el cierre?

Por mala gestión. Las comunidades hicieron todo lo humanamente posible: presentaron escritos, denuncias, etc., cuatro recursos de protección, y decenas de recursos penales y administrativos, incluso de Huenchumilla. Yo no fui la primera abogada en participar. La basura es un problema para todos. Se está acostumbrado a tener mono soluciones, y nadie quiere un vertedero o un relleno sanitario al lado de su casa. Hoy lo estamos viendo con el proyecto de planta incineradora de residuos de Temuco. Las autoridades no han entendido que tienen que hacer una campaña potente de educación medioambiental, para que la gente aprenda a tratar sus residuos y reciclar. Si lo hubieran hecho hace diez años no estaríamos en esta situación hoy. La basura que quedó en Boyeco fue enterrada. Hay un cerro con cobertura vegetal, una capa de un metro de tierra, chimeneas y un plan de contención. No fue la mejor forma de cerrarlo, aunque cumple las normas vigentes. El asunto de los gases es discutible, no se ha estudiado lo suficiente. En Boyeco, dos comunidades se transformaron de agricultores en recicladores de basura. Diariamente, trabajaban alrededor de cien personas en el vertedero. El año 2000, murió Aquiles Epul, un niño de 4 años. Vivía en una de las comunidades aledañas. Jugando en el patio de su casa, se cortó, infectándose con ‘bacteria asesina’. Un par de días después, murió. Y aunque esa bacteria no está en todas partes y se presentó un recurso de protección, fue rechazado, porque no se pudo acreditar la relación causal entre el hecho de que el niño vivía al lado del vertedero y el que se haya contagiado. Que vivía a menos de 50 metros del vertedero no fue considerado. Tras su muerte, se produjo un gran levantamiento de las comunidades exigiendo el cierre del vertedero. Fue uno de los casos más dramáticos. Varios recicladores murieron en el vertedero, por accidentes o mordidos por perros. Los vertederos deben estar a más de 200 metros de las viviendas, pero no se cumplió la normativa, ni desde su inicio ni en su cierre”.

¿Quién o quiénes se beneficiaban de la existencia del vertedero?

La empresa de Guillermo Siles se encargaba del traslado de la basura, pero en el fondo se beneficiaban todos los habitantes de Temuco y la municipalidad, para la que era más cómodo llevar la basura a Boyeco. Incluso, el terreno fue comprado por la municipalidad. Servimar Limitada fue el último operador. En un principio, un particular arrendaba el terreno a la empresa que trasladaba los desechos. Durante la alcaldía de Huenchumilla, se compró el terreno, en 2007-2008. El tierra indígena obtenida irregularmente, las comunidades tenían títulos de merced.

¿Qué sucede con las plantaciones forestales?

Al lado de Boyeco está Huimpil Ñielol, a no más de 15 minutos de Temuco. Es un cordón cordillerano dentro de un ‘desierto verde’: más de 3.000 hectáreas de plantaciones forestales. El parque nacional y monumento natural Cerro Ñielol y el parque Rucamanque -administrado por la Universidad de La Frontera (UFRO)-, son las únicas muestras de boque nativo en la zona intermedia de La Araucanía, no quedan más. Alrededor hay comunidades indígenas y cuatro empresas forestales. Las comunidades tienen los mismos problemas de todas las que viven rodeadas de forestales: falta de agua y productividad en sus tierras, fumigaciones, enfermedades. Demandan revertir la expansión forestal, y que la zona vuelva a ser de bosques nativos. Para eso están gestionando la venta o donación de un terreno de 100 hectáreas, y de otros más, para hacer un ‘corredor biológico’ desde el Cerro Ñielol hasta el Rucamanque, y varios buffer -zonas de amortiguamiento- que los protejan de los incendios. Sucede que las plantaciones forestales colindan con viviendas. Debiera existir una zona de bosque nativo entre las forestales y las comunidades. Ellos solicitan que, a lo menos, las forestales dejen de plantar. Se supone que los cursos de agua no pueden tener plantaciones forestales a menos de 20 metros. Pero hoy están incluso dentro de los causes de agua. Exigen que, primero, cumplan la ley, que cumplan sus propios planes de manejo, y que se establezcan zonas de protección. En esas 100 hectáreas se plantaría bosque nativo y se construiría un centro intercultural: el Huimpil Ñielol. El bosque nativo serviría de corredor biológico para que la fauna que vive en el Ñielol pueda llegar hasta Rucamanque, y viceversa. Se trata de volver a proteger el bosque nativo, plantarlo, y que el ‘desierto verde’ vuelva a tener vida. Para las comunidades mapuches, protegiendo el bosque, se protege la vida, y a las futuras generaciones.

¿Existen otros problemas medioambientales en la región?

En Malleco, los parques eólicos. Y en Villarrica, problemas con las plantas de tratamiento de aguas servidas que van a instalar en Lican Ray. Todavía hay inconvenientes con eso, aunque el tema tuvo auge entre 2006 y 2009. Las comunidades discuten la calidad del tratamiento, porque finalmente lo que hacen las empresas es verter agua clorada a los ríos. Hay varios conflictos con forestales, principalmente en Malleco, Cautín y Lican Ray. Diría que en La Araucanía los principales problemas son con las hidroeléctricas y forestales. Y eso se replica en muchas zonas, demasiadas. Por eso, justamente una de las formas de organización es en red, para sumar experiencias, atender y paliar un poco los problemas, pero hasta el momento, se podría decir, solo estamos apagando los incendios.

Entrevista vía Mapuexpress