Derechos Humanos en Chile: Visión y desafíos desde la sociedad civil y pueblos indígenas

A pesar de los compromisos manifestados por Sebastián Piñera en la materia, tanto en su programa de gobierno como más tarde, en el mensaje que como Presidente presentara ante el Congreso Nacional, los avances en el cumplimiento de dichos compromisos así como de las obligaciones adquiridas por el Estado de Chile a través de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito, son muy insuficientes.

En el día internacional de los derechos humanos, un grupo de organizaciones de sociedad civil y de pueblos originarios (Ver lista al final) hacemos llegar a la opinión pública nuestra visión sobre la situación de estos derechos en Chile en la actualidad, así como sobre los desafíos que ellos plantean al estado y a la sociedad chilena.

Constatamos que el 2010 ha sido un año deficitario para la vigencia de estos derechos en el país, ya que no solo no se ha avanzado en la introducción de reformas jurídicas y políticas imprescindibles para hacer posible el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, sino que tampoco se han adoptado las políticas públicas que permitan asegurar su ejercicio efectivo.

Entre los ámbitos de derechos humanos en que nuestro país tiene el más grave déficit destacamos la persistencia del Decreto-Ley de Amnistía cuya derogación fuera mandatada por la Corte IDH al estado chileno en la sentencia pronunciada en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile el 2006, legislación que impide hacer justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado. También nos preocupa la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles, en contradicción con lo dispuesto por la CIDH en la sentencia recaída en el caso Palamara Iribarne vs Chile (2005), en la que conminó al estado a modificar el Código de Justicia Militar, limitando su jurisdicción al enjuiciamiento de personal militar acusado de cometer delitos de carácter militar. La ley aprobada por el Congreso en octubre pasado en el contexto de la huelga de hambre que este año desarrollaron los mapuche procesados por Ley Antiterrorista mantuvo pendiente para el futuro la discusión sobre el término del fuero militar para juzgar a civiles por delitos en contra de militares.

Otro hecho grave ha sido el procesamiento por Ley Antiterrorista de integrantes del pueblo mapuche por hechos de protesta social vinculados a la defensa de sus tierras. El acuerdo suscrito entre los presos mapuche y el Gobierno al término de la huelga de hambre que los primeros sostuvieran por más de 80 días, mediante el cual este último se comprometió a recalificar las querellas de carácter terrorista que había presentado contra los mapuche imputados, ha sido cumplido solo de manera parcial por el Gobierno.

En materia de derechos de la mujer, el estado sigue sin ratificar del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, así como tampoco ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de derogar el régimen actual de sociedad conyugal que discrimina en contra de las mujeres impidiéndoles la administración de sus bienes. Tampoco se avanzó en el debate legislativo de medidas contra la discriminación y en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas que viven juntas con independencia de su orientación sexual. Preocupa además el retroceso en la participación política de las mujeres al haberse puesto fin a la paridad en altos cargos gubernamentales.

Nos preocupan las deplorables condiciones de vida de los internos en los centros penitenciarios del país, la sobrepoblación en relación a la capacidad del sistema penitenciario, los castigos en celdas solitarias y otros, los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que son objeto. Dos hechos críticos evidencian el 2010 el agravamiento de esta situación; el terremoto de febrero que afectó seriamente la infraestructura carcelaria de recintos de las Séptima y Octava regiones con un saldo de once muertos y ocho heridos, además de fugas masivas y amotinamientos, y al momento de elaborarse esta opinión, el incendio que afecto al penal de San Miguel que provocó la muerte de más de 80 reclusos.

En el campo de libertad de expresión y derecho a la comunicación, condenamos la vigencia del Artículo 36B(a) de la Ley general de telecomunicaciones como atentatorio a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el que establece penas carcelarias a radios que transmiten sin autorización. Durante el año 2010 se han denunciado 6 casos de aplicación de dicho articulado, donde se han incautado equipos a radiodifusores comunitarios y se han cerrado emisoras. A esto se suma la débil legislación en radios comunitarias promulgada en mayo 2010, cuya revisión y adecuación a los estándares internacionales de libertad de expresión es imprescindible.

Finalmente, hacemos un llamado al Sistema de Naciones Unidas en Chile a cooperar más activamente con la sociedad civil en nuestros esfuerzos por monitorear el cumplimiento por parte del estado de Chile de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, le instamos a apoyar la difusión y otras acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratado, los procedimientos especiales, han hecho a Chile en esta materia en los últimos años cuyo cumplimiento sigue pendiente.

10 de diciembre de 2010

ACCIÓN (ASOCIACIÓN CHILENA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES)

AMNISTÍA INTERNACIONAL CHILE

ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, RAMA CHILENA

CINPRODH (CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)

CINTRAS (CENTRO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS)

CODEPU (CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)

CONSEJO DE PUEBLOS LICKAN ANTAY (ATACAMEÑOS)

COORDINADORA AYMARA POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE ARICA PARINACOTA

COORDINADORA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DE VALDIVIA

CORPORACION HUMANAS (CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO)

CORPORACIÓN LA MORADA

FUNDACIÓN TERRAM

LIBERAR (APRUPACIÓN POR LA LIBERTAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)

OBSERVATORIO CIUDADANO

WALLMAPUWEN