Deudores educacionales acusan a Tesorería de actuar como «oficina de cobranzas» de bancos

Una carta dirigida al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entregó hoy la organización Deuda Educativa (DE) en la oficina de partes de la cartera con el fin de exigir al gobierno que devuelva los dineros retenidos por la Tesorería General de la República en el proceso de devolución de impuestos Renta 2016.

Para Juan Pablo Rojas, vocero de la organización DE esta medida es inconstitucional y viola el derecho a la propiedad: «Queremos que se detenga el sistema de la retención de la devolución de impuestos, situación que nos parece arbitrario, abusivo e inconstitucional, porque se están lesionando garantías constitucionales como es el derecho a la propiedad, estos dineros son de personas que trabajaron a Honorarios que tuvieron sus devoluciones de impuestos, que fueron pagados y declarados correctamente y que se les castiga con normas inconstitucionales», señala Rojas.

Además, el dirigente señaló que el trabajo que realiza la Tesorería por orden de Hacienda es resguardar la billetera de las instituciones bancarias, ya que los 48 mil millones de pesos de 55 mil personas que se les retuvo la devolución, van para las entidades bancarias, siendo el Estado una especie de caja recolectora y pagadora de la banca privada: «Esto es un emplazamiento político para que se deroguen estas leyes abusadoras y el ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República dejen de actuar como una caja pagadora, en una oficina de cobranzas de los bancos en donde la Tesorería deriva estos fondos al banquero a costo cero, en desmedro de sus verdaderos dueños que son personas que están endeudadas, que no tienen trabajos estables, que boletean y que no tienen seguridad social», apuntó el vocero de Deuda Educativa.

En tanto el abogado Belisario Prats, asesor legal de DE, indicó que tienen un plazo de hasta 30 días desde que se devolvieron los impuestos para interponer un recurso de protección contra el Estado: «Interpondremos recursos de protección a todos aquellos deudores que les retuvieron los impuestos por infracción al derecho de propiedad. Ningún acreedor tiene derecho a apropiarse de bienes de una persona sin un debido proceso. No es un procedimiento legal ni constitucional. Por eso le solicitamos al ministerio de Hacienda que le dé instrucciones a la Tesorería General de la República para que acabe con esto», apuntó el abogado.

Por último, se sumó al apoyo de esta causa, la presidenta de la FECH, Camila Rojas, quien valoró la iniciativa ya que año tras año se suman nuevos deudores al sistema por concepto de educación: «A nosotros como estudiantes nos parece muy importante poder estar en esta instancia, ya que el gobierno debe hacerse parte de la problemática de los endeudados. En Chile cada año se suman miles y miles de deudores, ya vamos en 700 mil y es una situación que nos parece una falta de respeto ya que una gran cantidad de ellos tienen trabajos precarios o que lamentablemente no pueden desempeñarse en lo que estudiaron y eso es una realidad, entonces creemos que la problemática de la Educación tiene que considerar este tipo de situaciones», culminó la además vocera de la CONFECH.

Deuda Educativa es una organización que surge en 2013, que adhiere deudores de todos los tipos de crédito que se ofrecen para la educación (Aval del Estado, Crédito Solidario, Corfo, Súperestudio), y que pretenden hacer fuerza para lo que ellos consideran es el verdadero lucro con la educación.