Ya no están en la ribera del Mapocho ni en las portadas de los diarios. Están a unas cuadras de La Moneda en un tercer piso de un edificio que alberga a una central de trabajadores. En un reducido espacio se armaron camas y un diario que lleva la cuenta de los días que llevan en huelga de hambre.
Ya son 23 los días que partieron allá abajo en la ribera del río. Son 10 los miembros de Andha Chile a Luchar, organización de los deudores habitacionales, que están en la huelga. En su mayoría son mujeres, unas más jóvenes otras de más edad, que desesperadas recurrieron a esta última jugada con su cuerpo para salvar el espacio de su hogar.
El Ciudadano los visitó el miércoles pasado en el momento en el que escribían una carta a la presidenta explicándoles que pese a que ella anunció el 21 de mayo la condonación de deudas para el quintil más pobre de los deudores, ellos no caben en el acuerdo. Es la segunda vez que mandan cartas escritas a mano a la presidenta. Esta vez sí, esperan una respuesta.
Al otro lado esperan los banqueros, cuyos agentes a veces les han recomendado no pagar los dividendos y así esperar una solución, que nunca llega, del Ejecutivo. “Con los años de lucha nos hemos dado cuenta que no sólo la vivienda se transformó en un negocio para los bancos, sino que también los deudores – cuenta Roxana Miranda, dirigente de la organización procesada por supuestas amenazas a la presidenta Bachelet.
“Al banco les interesa que sea más difícil pagar, estimulando que se acumulen los dividendos porque es más difícil pagar un año entero que 3 meses. Ellos toman ese crédito, te proponen repactar, lo refinancian y luego venden una deuda de un par de años a otros bancos, la que con los intereses se alarga hasta otros 10 años por lo bajo”- añade Miranda.
A juicio de Miranda, la política de vivienda actual “permite que un deudor se transforme en un nuevo negocio para los bancos. Mientras más endeudados tengan, mejor”.
Se calcula que en Chile hay más de 80 mil personas que mantienen una deuda habitacional con una institución bancaria.
LOS CASOS DE ANDHA
Entre las huelguistas está María Bravo, quien vive en la villa Bernardo Leighton de Puente Alto desde 1995. Ha pagado por 15 años el dividendo de su casa, los que partieron en $25.000 y que el año pasado alcanzaban los $80.000.
Calcula que en todos estos años pagó unos 9 millones de pesos al Banco Estado, por una casa avaluada en 3,5 millones. Como está sin trabajo hoy no puede pagar el dividendo, restándoles unos 5 millones de pesos.
“Si voy a repactar al banco, éste no reconoce lo pagado en estos 15 años, partiendo la deuda de nuevo, lo que me haría pagar por 30 años más. En definitiva, se trata de un negocio para el banco”- cuenta Bravo.
Nancy Ojeda, de Peñaflor, también está en huelga de hambre. Es deudora PET beneficiaria del Decreto 235, promulgado por Ricardo Lagos y que otorgó un subsidio a trabajadores que ganaban menos de 200 mil pesos.
Pagó durante 6 años el dividendo de su casa y desde diciembre del 2008 no pudo seguir haciéndolo. Si el primer pago fue de 50 mil pesos, los últimos eran de 80 mil.
Ojeda calcula que ha pagado cerca de 17 millones de pesos por una casa cuyo avalúo está en 4 millones. Debe pagar por otros 20 años más. “Al final estoy pagando más de 3 veces el costo real de la vivienda. Si eso es política habitacional para los sectores populares, entonces ¿Por qué terminamos siendo un negocio para los bancos?”- se pregunta Ojeda.
Otro caso es el de Leonel Aguila de Colina. El avalúo fiscal de su casa está en 7,5 millones de pesos. Su convenio bancario fue a 20 años, de los que ha pagado 4, calculando que lleva ya 6 millones depositados al Banco Estado.
Corvina Céspedes también está en la huelga de hambre. Su casa, ubicada en la Villa Santa Bernardita de San Bernardo tiene orden de remate. El avalúo fiscal es de 3,5 millones de pesos y ya pagó unos 6 millones. Debe pagar por 8 años más un dividendo que hoy está en 100 mil pesos mensuales, luego de que repactara su deuda.
Como su marido gana un poco más de esa cifra se le hace imposible destinar tamaña cantidad a una casa que considera hace rato cancelada.
El Ciudadano