Diputado Melo (PS): “Reponer la detención por sospecha atenta contra derechos y libertades fundamentales”

El Diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, anunció que votará en contra del denominado “control preventivo de identidad” el cual, precisó, “es innecesario, discriminatorio y, en los hechos, derivará en detenciones arbitrarias de estudiantes, de manifestantes de marchas, asistentes al estadio y de personas que viven en poblaciones marginadas o consideradas peligrosas, aún en el evento de que ellas no tengan relación alguna con la comisión de un delito”.

Melo fustigó duramente lo que consideró un “neo populismo penal” propio de estados policiales. “En el Congreso se ha instalado un verdadero virus autoritario donde solo las medidas que endurecen la represión penal son oídas, aun a costo de cercenar derechos y libertades fundamentales que ha costado siglos construir”.

“El problema de la delincuencia debe ser enfrentado con toda la complejidad que requiere el fenómeno. Debiéramos estar dando una discusión que enfrente las causas del delito como son la pobreza, la exclusión y la discriminación, así como de mecanismos reales y efectivas de reinserción y rehabilitación social de quienes caen en el delito”, indicó el legislador PS.

El Diputado por las comunas de El Bosque, San Ramón y La Cisterna, recordó que, incluso, nuestros máximos tribunales de justicia han alertado sobre la inhumanidad de nuestro sistema carcelario. “Chile cuenta ya con una de las poblaciones penales más altas en relacion al número de habitantes, quienes son recluidos en pésimas condiciones y olvidados para siempre”.

Daniel Melo propuso un pacto social contra el delito que focalice sus esfuerzos en la prevención del delito, la reparación y amparo a las víctimas y la rehabilitación de los delincuentes.

“Como sociedad tenemos el deber de identificar los males que originan el fenómeno de la delincuencia en su origen y enfrentarlos antes de que ocurran”, indicó.

Finalmente, el diputado por el distrito 27, anunció que recurrirá junto a otros legisladores al Tribunal Constitucional en caso de aprobarse normas que atenten contra la libertad de desplazamiento de las personas y de la actividad periodística. “El ejercicio del poder por parte del Estado está limitado por el respeto a los derechos fundamentales que la Constitución y los Pactos Internacionales establecen, por lo que si esta ley atenta contra estas garantías y libertades, debe ser declarada inconstitucional”.