Efectivos de Fuerzas Especiales arremetieron este lunes 12 contra un grupo de 150 personas, entre pescadores artesanales, estudiantes y agrupaciones sociales que manifestaban en contra del proyecto de ley de pesca que debatía en esos instantes una comisión del Senado en Santiago. Los pescadores llaman “Ley Maldita” a este proyecto que pretende entregar en concesión los recursos pesqueros de Chile a un grupo de siete familias propietarias de grandes empresas pesqueras.
En el marco de la campaña “#YoPesco” se convocó a una marcha en apoyo a las demandas y movilizaciones de los pescadores artesanales del país, que están en pie de lucha contra la promulgación de la llamada “Ley Longueira” que, a su juicio, privatizaría los recursos marítimos entregando a perpetuidad y tan sólo a siete familias, las cuotas de extracción.
La marcha se desplazó por el Paseo Ahumada y se dirigió hasta la sede del ex Congreso, donde los dirigentes y adherentes entre organizaciones civiles y estudiantes apoyaban sus demandas.
Cuando la manifestación estaba finalizando, aparecieron de improviso un carro lanza-aguas, uno lanza-gases y pelotones de policías antimotines que se abalanzaron contra el grupo, y detuvieron tanto a estudiantes como a los principales dirigentes, que se encontraban junto a la reja del edificio.
VETO PRESIDENCIAL
En la ocasión, Cosme Caracciolo, dirigente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (CONAPACH), señalo que “estamos bastante disconformes con la actual clase política y la ciudadanía, en general, lo demostró en la última elecciones, pero el Ministro Longueira, sigue como si no hubiera pasado nada, con la misma soberbia, con la misma actitud prepotente que tiene los dictadores”.
Esto, en alusión a las declaraciones del Ministro Longueira, quien abrió la puerta a un posible veto presidencial al proyecto de ser rechazado en los trámites parlamentarios. “La escuela del Ministro Longueria es una escuela de dictadores y obviamente el veto presidencial es algo utilizado por los dictadores”, dijo enfático el dirigente artesanal.
El Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los industriales, defiende que esta ley es necesaria para dar sostenibilidad al sector ante la sobreexplotación de los recursos, pero los pescadores responsabilizan de ese colapso a las empresas y temen que los cambios consoliden la “privatización” del mar.
“De la misma forma estamos diciendo que si se aprueba como el ministro quiere, vamos a rebelarnos y desobedecer ese proyecto de Ley, porque nos impide seguir pescando, nos quita el derecho a trabajar, a pescar, a vivir. Obviamente que tenemos todo el derecho a rebelarnos”, dijo el dirigente, realizando una advertencia al gobierno, respecto a las próximas acciones que llevarán adelante los artesanales.
Según cifras oficiales, la pesca extractiva da empleo a unas 128.000 personas, de las que 86.132 son pescadores artesanales, de quienes a su vez dependen 5.000 empleos indirectos. En tanto, el sector industrial ocupa a unos 5.000 trabajadores en las flotas y a 32.000 en las plantas procesadoras.
APOYO CIUDADANO
Estudiantes, organizaciones civiles y medioambientales acudieron al llamado a solidarizar con los pescadores y, reunidos en las afueras del Congreso, enfatizaron que estas siete familias se encuentran representadas en las dos principales corrientes políticas del Parlamento -de Gobierno y oposición- y denunciaron que las discusiones se realizan en secreto para allanar el camino a su aprobación el próximo lunes 19.
Caracciolo denunció de paso, que esta ley pone en riesgo “el patrimonio pesquero de todos los chilenos y la soberanía alimentaria del país”, por lo instó a sumarse a esta lucha “porque no es un problema solamente nuestro, sino que es un problema de todos los chilenos”.
LARGA MARCHA AL PARLAMENTO
Junto a estas movilizaciones en todo el país, un grupo de dos mil pescadores de Coronel inició este martes una marcha hacia Santiago, con el objetivo de conversar con el Presidente Piñera a su arribo, programado para este jueves. Posteriormente, se trasladarán hasta el Congreso en Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago.
El objetivo es que sean escuchadas las 17 propuestas presentadas por los artesanales, quienes la semana pasada iniciaron una serie de movilizaciones en diversas ciudades. Según el dirigente de los pescadores, Rosendo Arroyo, «nosotros vamos en marcha hasta la capital a tener que decirle al presidente que los compromisos que vino a hacer en su campaña hoy día puedan ser efectivos y que no sea un mentiroso más que se convierta, como los presidentes que han pasado por nuestros país».
Marta Espinoza, una de las dirigentas, indicó que son más de 500 personas contabilizadas las que salieron de Coronel, siendo casi 2.000 pescadores en total, ya que además se unirán otros en Talcahuano, Tumbes y San Vicente.
Diversas organizaciones están convocando a apoyar a los pescadores que llegan este jueves a Santiago.
LEGISLADORES CON INTERESES IMPLICADOS
La Fundación Ciudadano Inteligente, a través del sistema que desarrollaron de cruce datos para evaluar posibles conflictos de intereses de los Parlamentarios, han denunciado que tres de ellos, a favor de la promulgación de esta Ley, tienen acciones y diversos niveles de propiedad en las empresas que se verían beneficiadas con esta legislación. De paso, los legisladores violan diversas normativas internas del ejercicio parlamentario sobre conflictos de intereses.
Andrés Zaldívar, reconocido lobbysta y gestor de proyectos en torno a los recursos naturales se encuentra implicado a través de su hermano, Manuel Zaldívar, quien es miembro actual del directorio de Corpesca. La empresa está dedicada a la producción de alimentos de origen marino.
En tanto, el Presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, tiene 13.813 acciones de la Sociedad Pesquera Coloso, empresa dedicada a la pesca y al procesamiento de alimentos marinos.
Además, el Senador Carlos Larraín tiene un 10% de participación en la empresa Quellón Limitada, aunque esta sociedad se encuentra con vida tributaria y legal, pero no ha sido incluida en la declaración de patrimonio del legislador, afectando de paso la legislación que obliga a los parlamentarios a declarar su propiedades.
Por último, el Senador Jovino Novoa (UDI) tiene participación en la Sociedad Comercial Nahuelbuta, dedicada a la exportación de productos del mar. Esta empresa también se verá afectada por la ‘Ley de Pesca’.
Ciudadano Inteligente ha solicitado a la “Comisión de Ética y Transparencia del Senado que reconsidere la recomendación realizada a estos parlamentarios y recomiende a éstos inhabilitarse en la tramitación de este proyecto de Ley”, sin obtener un dictámen definitivo aún.
El Ciudadano