El nuevo Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), Juan José Ugarte, realizó algunos anuncios en una entrevista al diario La Tercera que clarificaron el panorama a los diferentes actores del movimiento estudiantil universitario.
Entre las medidas mencionadas se incluyó el cambio, dentro de 45 días, de la actual institucionalidad de educación superior, creando dos instancias: Una que agrupe a todas las instituciones de educación superior, incluyendo centros de formación técnica e institutos profesionales; y otra que reúna sólo a las 60 universidades que existen.
Además, se anunció la intención de crear un sistema único de créditos y becas, y de cambiar el sistema de financiamiento de las universidades, aumentando el porcentaje de fondos entregados mediante fondos concursables, en los que participen todas las instituciones, en reemplazo del sistema utilizado hasta ahora. Esto sería por medio de Convenios de Desempeño como el que suscribió la Universidad de Chile con el gobierno de la Presidenta Bachelet, en el marco del Proyecto Bicentenario, para revitalizar las Ciencias, Comunicaciones, Artes y Humanidades en el Campus Juan Gómez Millas.
Desde marzo que se esperaba que se presentaran las ideas concretas que impulsaría el gobierno del presidente Sebastián Piñera, por lo que las medidas divulgadas provocaron inmediatas reacciones.
REACCIONES DE LOS DIRIGENTES ESTUDIANTILES
En la izquierda, Eric Olivares, miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Comunistas, afirma que cualquier reforma a la educación superior debería ser discutida y analizada con los diferentes actores de la educación “y mientras eso no ocurra nos opondremos a esta reforma, porque estos anuncios vendrían a profundizar el modelo”.
Para el militante comunista “lo que hay detrás de la propuesta del Mineduc tiene para nosotros que ver con la desarticulación de la educación pública mediante esta idea de tirar a competir universidades privadas y públicas”.
La lógica de los convenios de desempeño es rechazada porque “medir con los mismos criterios a universidades como la Adolfo Ibáñez y la de Playa Ancha no corresponde”. Esto, dado que la situación actual en la que están las universidades estatales “no les permiten competir en el mercado y tenderían a desaparecer”. En este sentido, las universidades públicas cumplirían un rol distinto al de las privadas y “son esenciales en el desarrollo de los países porque el conocimiento que producen es muy distinto al de los otros establecimientos”.
Una posición más radical sostiene Simón Ramírez, Presidente del Centro de Estudiantes de Sociología de la Universidad Católica y militante del Frente de Estudiantes Libertarios. Para él, los anuncios “son gravísimos y manifiestan una profundización radical del modelo que fue impuesto por la dictadura y mantenido por la Concertación todos estos años”. El que Juan José Ugarte haya anunciado un plazo de 45 días para realizar cambios en la institucionalidad “va en contra de todo lo que el movimiento estudiantil ha exigido: Un nuevo modelo educacional, por eso urge que se elabore una definición de Universidad Pública que nos permita articular una propuesta desde abajo”.
En este sentido, Ramírez dice que frente a la política de los créditos ellos apuntan a “la eliminación de la banca como un actor en el financiamiento estudiantil, planteando la gratuidad a mediano plazo, y rechazamos la eliminación del Fondo Solidario”. Según las declaraciones elaboradas por la organización, el problema en las instituciones privadas no estaría en un mayor crédito sino “en el alza desmedida de los aranceles de las universidades”
Finalmente, afirma que “los Convenios de Desempeño, como forma de financiamiento a todas las universidades, sin importar su propiedad, consolida el modelo actual, y nosotros nos oponemos a que el Estado financie cualquier institución que tenga dueño”.
Para Ambrosio Yobánolo, del Movimiento Gremial “La Chile para Todos”, de la Universidad de Chile, algunos anuncios como la creación de un sistema de crédito universal estarían bien, aunque con algunas restricciones, “porque creo que no debieran dar créditos a carreras sin campo laboral”, mientras que “los criterios para que una universidad privada reciba plata del Estado deben estar claros, utilizando, por ejemplo, la acreditación de las carreras y no de la universidad”. La entrega de dineros estatales a instituciones privadas no sería un problema pues “ya hay universidades en el Consejo de Rectores que no son estatales y reciben fondos del Estado según criterios históricos y lo que debería haber son criterios transversales y claros”.
En esta línea, la utilización de fondos concursables como forma de entregar recursos también estaría siendo aceptado en primera instancia “porque sería cumpliendo objetivos, pero habría que tener claro los criterios antes de determinar si estamos de acuerdo”. Sin embargo, Yobánolo cree que las universidades estatales de todas maneras deben tener una forma alternativa, como por ejemplo, “un fondo especial porque cumplen un rol independiente en la formación de opiniones y se producen debates en donde surgen liderazgos que las privadas no pueden asegurar”.
En la Concertación, finalmente, Ignacio Sánchez, director nacional de Educación de la Juventud Radical, cree que las medidas anunciadas son “una estocada al corazón de la educación pública”. Esto, porque “el sistema de financiamiento propuesto es nefasto debido a que continúa con la segregación social.” El rechazo se fundamenta en que “esto significa que los fondos van a tener que ser peleados a la par por privadas y estatales, siendo sistemas muy distintos, porque no es lo mismo el rol social de las estatales que el rol económico de las privadas.”
Por Katherine Lorca Donoso y Felipe Ramírez Sánchez
El Ciudadano
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