La medida de fuerza, según los datos aportados por la misma organización, tuvo una respuesta contundente por parte de los trabajadores de la educación a nivel nacional ya que promediando las distintas cifras provinciales más del 90% de los docentes y celadores se sumaron.
Sin embargo, Mendoza fue una excepción a la media nacional ya que la adhesión fue “dispar” según los gremios debido a la “extorsión del ítem aula” y al fuerte costo económico que implican para los trabajadores los descuentos. María Luisa Nasif, secretaria adjunta de sindicato de los docentes privados (SADOP) en la Provincia destacó que en total los trabajadores perdían el “20% de su sueldo, que ya es bajo” si no asistían a trabajar y que eso explica la baja adhesión.
La movilización docente comenzó a las 19 (hora local) y reunió unas 1500 personas en el microcentro mendocino. Una columna de unas cuatro cuadras aproximadamente atravesó las principales calles del centro de la Ciudad de Mendoza hasta apostarse finalmente de espaldas a la Casa de Gobierno, símbolo del poder Ejecutivo provincial, quien evidentemente los dio primeramente la espalda a ellos.
Los sindicatos docentes (públicos y privados) así como agrupaciones políticas, representantes de universidades, de otros gremios, familiares de trabajadores de la educación e incluso estudiantes solidarizados con sus educadores reclamaron por las mejoras en las condiciones laborales de este sector.
EL ÍTEM JAULA
El ítem mencionado es una especie de bono adicional al salario docente ideado y promocionado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien cursa su noveno mes de gestión con una férrea impopularidad en la comunidad educativa.
El incentivo equivale al 10% del adicional por antigüedad y otros extras docentes tanto de primaria como de secundaria (básica y media en Chile). No se contabiliza como parte del salario en sí y por ende no es tenido en cuenta para los aportes jubilatorios de los trabajadores.
Inicialmente sólo era aplicable a los educadores que se hallaban frente al aula y dejaba de lado las “misiones especiales” (que se trabajan en otros contextos) y a los celadores. Luego de la ferviente oposición que pusieron los gremios a esto, Cornejo aceptó modificar estos últimos puntos.
¿Por qué la oposición entonces? Para que el ítem pueda ser percibido el trabajador no debe haber faltado por ningún motivo por más de tres días consecutivos ese mes y no puede acumular más de diez faltas en el año.
El problema ocurre cuando por ejemplo un empleado de la educación padece alguna enfermedad y su médico le receta más de tres días de reposo. Frente a esto hay dos opciones: seguir las directivas médicas y perder el ítem (que en algunos casos representa casi una cuarta parte del dinero que recibe el trabajador en mano), o bien desobedecer las indicaciones médicas y acudir a clases enfermo a riesgo de agravar su situación y de contagiar a compañeros y estudiantes.
Ante esta y otras tantas contrariedades en las que se violan los derechos constitucionales establecidos en el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional así como otras leyes específicas de la educación, tanto el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (que congrega a los docentes de escuelas públicas de Mendoza) como el SADOP (de educadores del sector privado) se opusieron fuertemente a la iniciativa. Es por ello que el gobernador Cornejo, quien irónicamente acompañó al macrismo en una campaña electoral donde la palabra clave fue “diálogo”, dio por cerrada la paritaria unilateralmente y mediante decreto gubernamental dictaminó que esas serían las condiciones salariales para los trabajadores de la educación.
El aumento en total rondó el 32% anual, del cual sólo la mitad es en blanco y ésta se cobró cerca de la mitad en el primer semestre y la otra a partir de agosto. El problema es que el 10% del salario real puede no cobrarse por el incumplimiento del ítem aula y a eso se suma un contexto nacional que inició el año con una devaluación del 40% y una inflación acumulada que ya ronda el 24%.
CASOS TESTIGOS
Claudio Videla es esposo de una celadora que trabaja en una escuela rural al norte de Mendoza, él comentó: “estamos acá porque consideramos que el ítem aula es injusto, yo me he tenido que cuidar a mis hijos porque ella no puede faltar. Tenemos cinco hijos y yo soy obrero changarín (ocasional en la construcción) y hay veces que debido a las circunstancias tengo que faltar para evitar el descuento en un sueldo seguro que tenemos al mes”.
Brian tiene 14 años y asiste a la escuela rural Félix Salvatierra, él junto a sus compañeros de clase Lucas y Marcos, asistieron a la marcha: “para ayudarle a todos los mendocino para que saquen el ítem aula y que le den aumento, porque con el ítem no pueden faltar, van enfermos y no se puede trabajar así. He visto profesores y preceptores que van enfermos a la escuela”.
Nasif comentó que las medidas de fuerza a nivel nacional en reclamo contra “este ajuste hecho contra la clase trabajadora” continuarán el 31 de agosto con la Marcha Federal que partirá desde Mendoza y llegará hasta Buenos Aires finalizando con un paro nacional el 2 de septiembre.
Sobre las respuestas oficiales ante los reclamos, la gremialista comentó: “…este gobierno (de Mendoza) es sordo, no abre paritarias que son las herramientas de negociación con las patronales…” y agregó que le piden al Gobierno Nacional que: “paren con el ajuste, porque este ajuste es para la clase trabajadora, no para los ricos y los grandes monopolios de Argentina”.
Franco D’Amelio
* desde Mendoza
El Ciudadano
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