Para seguir con el balance de las dos décadas de gobiernos de la Concertación, publicamos un análisis sobre el sector de Economía Social y Solidaria en Chile, realizado por Mario Radrigán, antropólogo y Director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa -Ciescoop-, de la Universidad de Santiago.
En Chile, el uso del concepto Economía Social y Solidaria es escaso, por ello se hace imprescindible aclararlo antes hacer una evaluación de lo que ha pasado en este ámbito en 20 años de Concertación. En los medios de comunicación de masas el tema es inexistente. Es decir, su uso se limita a ambientes académicos o a grupos sociales de base.
Responden al concepto las empresas y entidades que cuentan con dos atributos centrales: Por un lado, no basan sus propósitos en el lucro o la retribución exclusiva del capital, siendo organizaciones centradas en las personas. Y, por otro lado, es frecuente que éstas sean entidades democráticas, en donde se aplica la conocida fórmula de una persona-un voto, independiente de los aportes o capital de cada persona a la organización.
En el país, de acuerdo a un estudio de Focus-PNUD , existen más de 100 mil entidades de este tipo, tanto las que operan abiertamente en el mercado (cooperativas y mutuales); como las que no transan sus bienes y servicios con esa lógica (fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro); las organizaciones comunitarias de base; más un variado tipo de asociaciones.
Ahora sí: veamos qué ha pasado con la Economía Social y Solidaria durante los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.
LOS ASPECTOS POSITIVOS
El paisaje es poco nutrido de buenas noticias globales para la Economía Social y Solidaria en los últimos 20 años. El aspecto más destacado consistió en superar el contexto de sospecha y persecución que enfrentaron estas organizaciones durante la dictadura militar.
Su carácter, de organizaciones de base con orientación democrática, las convirtió en sujetos de sospecha y falta de apoyo. Situación completamente distinta a la de los gobiernos democráticos previos, donde el tejido social de base se había fortalecido progresivamente.
En forma aislada, los gobiernos de la Concertación desarrollaron medidas puntuales de apoyo a los entidades de la Economía Social y Solidaria. Se pueden destacar los esfuerzos hechos desde el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), en el ámbito de los programas de superación de la pobreza; del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), en el ámbito del fomento de la asociatividad empresarial microempresarial urbana y rural; y desde la División de Organizaciones Sociales (DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, luego de una larga y extenuante negociación y tramitación dentro del laberinto gubernamental. La reforma de la Ley General de Cooperativas, tardó 12 años en ser presentada y aprobada por el Congreso, y sus resultados siguen siendo tema de debate y controversia.
LOS ASPECTOS NEGATIVOS
Hay dos claros aspectos globales muy negativos relativos a la realidad de la Economía Social y Solidaria durante este período, que lamentablemente echaron por tierra las altas expectativas que latían en el proceso de recuperación de la democracia a fines de los ’80.
El primero se basa en mantener, por parte de los cuatro gobiernos, los cimientos estructurales de la economía neoliberal instaurada bajo la dictadura militar. Se desaprovecha la oportunidad de incorporar un modelo más plural e inclusivo de desarrollo económico social, que pudiese equilibrar la hegemonía de la empresa privada capitalista.
Es más, en los últimos años hemos vuelto a caer en el debate político que se mantiene en el esquema forzado de “más Estado versus más Mercado”, excluyendo del panorama los aportes y presencia del mundo de la Economía Social y Solidaria.
El segundo aspecto global es que incluso el concepto de Economía Social y Solidaria no ha estado presente en el discurso de las autoridades que cerraron su ciclo el 11 de marzo de 2010. Mientras en otros países de América Latina y del hemisferio norte (Brasil, Colombia, México, Inglaterra o España, para citar algunos), se visualiza como un actor con identidad propia y, por ende, como un interlocutor válido para incorporar sus demandas y aportes a los procesos de desarrollo, en Chile, en el mejor de los casos, se ha identificado tan sólo una serie de formas jurídicas aisladas, a las cuales el apoyo estatal es variable, dependiendo de la particularidad de cada ministerio o servicio público y, en algunos casos, de acuerdo a la particular visión de la autoridad de turno.
Por eso, en estos años, la Economía Social y Solidaria en Chile, no ha tenido en los poderes públicos un aliado que le haya permitido mayor visibilidad y menos fortalecerse, en un país donde el peso del Estado, para bien o para mal, siempre ha sido fuerte.
LOS DESAFÍOS A FUTURO
En mi opinión, los principales desafíos a futuro en este campo, pasan por lograr dos grandes objetivos, cuyos factores de éxito tienen más que ver con las organizaciones de este sector.
Primero, es imprescindible lograr su visibilidad pública, hacer presente sus aportes y logros cotidianos en todo Chile en el ámbito urbano y rural, para cientos de miles de hombres y mujeres que encuentran en su organización solidaria de base, en muchas ocasiones, la única forma de satisfacer de forma colectiva sus necesidades básicas y de desarrollo personal.
Gente que ve en su club deportivo del barrio su única oportunidad de recreación; en su asociación gremial de comerciantes su única posibilidad de sobrevivir frente a la arremetida de los grandes supermercados; en su asociación indígena su única posibilidad de preservar y promover su identidad cultural.
El segundo desafío tiene que ver con la promoción de los procesos de integración al interior del sector, que siendo tan valiosos y exitosos en otros países, acá se encuentran en una situación muy desmejorada. En este caso, viene muy bien el viejo proverbio: “La unidad hace la fuerza”.
Existe la urgencia de motivar canales colectivos de acción, espacios de encuentro de distintos tipos de organizaciones que, incluso con orígenes históricos comunes (cooperativas, sindicatos y mutuales), hoy en día se miran con desconfianza, o no se miran.
Considero que estas dos dimensiones permitirán mejorar el diálogo con las autoridades del sector público, especialmente del Ejecutivo y el Parlamento, y en donde nos podamos encontrar en escenarios en que ya no sea necesario actuar con una continua secuencia de demandas inconexas entre sí. Que sea posible identificar el actuar solidario, democrático y colectivo de la población, que no puedan ser desoídas por quienes asumen la responsabilidades siempre transitorias de gobernar el país, es decir, gobernar sin desconocer los derechos y responsabilidades de sus habitantes.
Por Mario Radrigán Rubio
El autor es antropólogo social, candidato a doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Valencia, profesor Univ. de Chile y de la Facultad de Admin. y Economía, FAE, de la Usach. Director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, CIESCOOP. [email protected]
El Ciudadano
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