Desde el 2006 e incluso antes, la demanda por la desmunicipalización de la educación se ha instalado en el horizonte del movimiento social por la educación como una de sus principales banderas de lucha.
Los primeros en esbozar una crítica al sistema educativo fueron los profesores y, posteriormente, el mundo secundario se alzó en la revolución pingüina acusando la crisis de la educación pública.
La principales críticas a la municipalización se vinculan al rol de los sostenedores, quienes tienen la potestad para decidir aspectos centrales de los procesos educativos, como contrataciones, despidos y expulsiones. Por otro lado, existe un cuestionamiento al fracaso de la descentralización que se prometió y que actualmente aloja el poder en los sostenedores, posicionados como «gerentes de la educación».
El movimiento por la educación ha sostenido que el actual modelo educativo escolar genera desigualdad en los recursos destinados a niños y jóvenes, dependiendo de la gestión y capacidad financiera de los respectivos municipios. Además, existe una crítica profunda al modelo de financiamiento (de subvención a la demanda o al voucher) que genera competencia por recursos entre escuelas públicas y privadas y hace sentir a los estudiantes más pobres del país las consecuencias de un sistema educativo de mercado.
A fines del año 2015, la Nueva Mayoría envió al Congreso el proyecto de ley que pretende hacerse cargo de la vieja demanda del movimiento estudiantil. Esto, bajo el nombre de «Nuevo sistema de Educación Pública», un proyecto que sin embargo no convence a los especialistas y a los propios actores de la educación.
Las razones tras la insatisfacción de los secundarios
Durante el pasado martes, luego de una asamblea realizada en el Liceo Lastarria, los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se reunieron para hablar acerca del proyecto de desmunicipalización, entre otras cosas, y revisar el petitorio histórico.
En la instancia, volvieron a rechazar la propuesta del gobierno y anunciaron que le darán siete días a la ministra Adriana Delpiano para entregar respuesta a las demandas que hoy los mantienen en paros y tomas en todo Chile.
«Cuando el gobierno plantea este proyecto podemos ver una desmunicipalización muy a largo plazo, donde se nos ofrece una estructura muy burócrata, muy compleja. Y las platas van a funcionar de la misma forma que ahora», recalca Franco Parra, relacionador público del Centro de Estudiantes del Liceo Lastarria y de la ACES.
Por otro lado, dice, una de las exigencias de los secundarios apuntaba a la demanda por participación y control comunitario. «El gobierno nos dice: bueno, participen, pero ustedes no van a tomar ninguna decisión. Crean los consejos locales de educación, pero finalmente quien decidirá serán nuevamente los directores», explica.
Para los estudiantes que hoy se encuentran movilizados, la promesa de la desmunicipalización esta vez correrá a medidas. Esto porque uno de sus aspectos centrales, que tiene que ver con el financiamiento, no sufrirá grandes modificaciones. «Seguimos dependiendo de la glosa presupuestaria, se mantiene el sistema voucher y la injerencia de los alcaldes en los recintos», señala Parra.
En torno a estos cuestionamientos, los secundarios acordaron sumarse al llamado a protesta del próximo 5 de julio, convocado por la Confech. Esta vez, como hace diez años atrás, vuelven a apuntar al gobierno como responsables de deformar una de sus peticiones: «Aparte de cooptar nuestra demanda, la ponen en lógicas de mercado y a favor de los intereses del empresariado», apuntan.
OPECH: «Estamos ante un cáncer avanzado»
A juicio de los especialistas, la iniciativa del gobierno tampoco es satisfactoria. Desde el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) -donde han realizado diversos análisis del proyecto– afirman que es absolutamente insuficiente y está lejos de ser una reconstrucción de la educación pública.
Así lo explica su director, Rodrigo Cornejo: «Es una nueva forma de gestión administrativa de la educación que tiene que ver con aplicar ciertos principios de la empresa privada, como el management. Esto implica que la poca educación pública que queda va a ser regida con criterios de eficiencia, pero la estás condenando igual a ser una educación absolutamente minoritaria y a competir con la privada por el financiamiento y la matrícula».
A juicio del investigador, uno de los puntos más extraños se vincula al modelo de financiamiento, que se mantiene igual aunque en su diagnóstico, el proyecto de ley establece que es uno de los problemas actuales de la educación.
«Siempre decimos que si uno no mira bien la magnitud de la crisis en la educación pública se va a equivocar en la respuesta. Si tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina y te mejoras, pero si tienes un cáncer avanzado no te va a ayudar. Lo que tenemos acá es un cáncer avanzado porque tenemos casi 40 años de políticas extremistas y fundamentalistas de mercado y competencia que no se aplican en ninguna parte del mundo. Reconstruir la educación pública es una tarea mayor, no hay atajo», reflexiona Cornejo.
Desde la mirada de los especialistas, los que se requiere es una reconstrucción de la educación pública articulada, es decir, desde la enseñanza preescolar hasta los postgrados universitarios, con apoyo directo del Estado y participación ciudadana. En este sentido, recordó que la tasa de cobertura de la educación pública en enseñanza básica y secundaria es cercana al 30% en Chile, mientras que en países como Estados Unidos alcanza el 90%.
«No tenemos que aplicar gestión más moderna para que la educación pública compita con la privada, tenemos que apostar por la educación pública», enfatiza el director del OPECH.
Se votará en día de movilización nacional
En el Parlamento, la iniciativa que contaba con urgencia legislativa fue analizada en diversas sesiones. Durante el pasado martes, se terminó de votar en particular, sufriendo varios cambios respecto del texto que fue aprobado previamente en la Comisión de Educación.
Uno de los aspectos más cuestionados en el debate político ha sido el traspaso de los colegios a 67 servicios locales de educación (SLE), que incluso ha llevado a la UDI a amenazar con llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, ya que los colegios serán traspasados automáticamente y sin indemnización.
Por ejemplo, la senadora de la UDI, Ena Von Baer recalcó que «corresponde que el Fisco, el Estado, indemnice la inversión que han hecho los municipios. Quienes invirtieron en educación dejaron de hacerlo en otra cosa y deben recuperar esos fondos».
Sin embargo, Rodrigo Roco, encargado del proyecto de nueva educación pública, aclaró que el servicio de administración sólo se está traspasando de un ente del Estado a otro. El Servicio local será el sucesor legal de la municipalidad o corporación.
Durante el próximo 5 de julio, mismo día en que se movilizarán los estudiantes, se realizará la votación en general en la Cámara de Diputados del proyecto que crea el sistema de educación pública, un trámite que permitirá aclarar interrogantes, pero no sumar consensos.
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