Empresarios españoles aseguraron que estaban por sobre las leyes chilenas

(ACTUALIZADO: con videos)

“Eran dos mujeres y cinco hombres, todos españoles. Forzaron la puerta y entraron sin que nos diéramos cuenta gritando que desalojáramos porque ellos eran los dueños… Algunos estábamos en ropa interior y les pedimos que nos dieran un tiempo para vestirnos y conversar, pero nos agarraron a la fuerza e intentaron sacarnos así a la calle, de forma vejatoria y tratando quitarnos los teléfonos y un computador que había en la casa”, Cuenta Camilo Sinues, uno de los afectados.

Los actuales habitantes del inmueble, ubicado en Monjitas 530, acusaron también que los españoles intentaron tirar muebles por la ventana y hacer entrar a un grupo de trabajadores de la construcción, que esperaban afuera, para que comenzaran a destruir el edificio, todo sin mostrar documento alguno.

“Nos dijeron que no estaban ni ahí con las leyes chilenas, que se las pasaban por la raja junto con la abogada de los pobladores y que harían justicia por su propias manos”, informó Gonzalo Vargas, otro de los pobladores que se encontraba en el lugar.

 El edificio en cuestión, según explicaron los vecinos del sector, era un inmueble ocupado como refugio por delincuentes y drogadictos.  Tras la intervención de la Fenapo, bajo el lema “Nunca más casas sin gente ni gente sin casa”, el lugar bautizado como “Casa recuperada Mapocho Rebelde”, es utilizado por familias sin soluciones habitacionales que luchan por sus viviendas, las que además pretenden utilizar el espacio para desarrollar actividades que beneficien a la comunidad.

La abogada de la Defensoría Popular Betsabé Carrasco explicó que “En primer lugar ninguna persona tiene la facultad para desalojar una vivienda sin una orden judicial o legal, ni siquiera los propietarios… Los únicos que pueden realizar un desalojo son carabineros, a través de una orden judicial emitida tras un juico en el que se debe comprobar de quien es la propiedad”, sentenció.

Carrasco advirtió que, según los antecedentes entregados por los pobladores, los que se refuerzan con registros audiovisuales, los supuestos ciudadanos españoles habrían cometido una serie de delitos que dicen relación con violación de morada, lesiones, daños a la propiedad y amenazas. “Aquí queda claro que existe una desigualdad propiciada por la ley, toda vez que la policía debió detener a quienes entraron por la fuerza a una casa habitada, hecho que no ocurrió”, finalizó la profesional.

Pobladores en lucha contra la gentrificación

En Santiago y las principales ciudades de Chile, se está llevando a cabo un proceso de gentrificación que no es otra cosa que la modificación de los espacios físicos tradicionales para el acomodo de las clases más adineradas en perjuicio de los pobladores.

Lo anterior son las palabras del dirigente de la Fenapo Lautaro Guanca, quien explica que más allá de la lucha por la vivienda y la autogestión de hábitat, la organización está en pie de guerra contra la especulación de los suelos y el aprovechamiento económico de las inmobiliarias, bancos, municipios y gobiernos.

“En Santiago Centro este proceso está liderado por la alcaldesa Carolina Tohá, quien bajo el falso discurso del mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes, está modificando el diseño urbano para fomentar la industria privada del turismo y el saqueo de los capitales especuladores”, explicó Guanca.

El proceso de gentrificación, según expone el magister en urbanismo, Jorge Inzulza, en una columna publicada en la página de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, es un cambio en los patrones de uso de suelo, en la oferta del mercado de la vivienda y los estilos de vida urbana en donde existe una pérdida del espacio público original.

Entre sus efectos conocidos, añade, está el desplazamiento de gente obrera o de menor ingreso, por gente de clase media y alta (burguesía), así como el incremento de precio del suelo urbano.

Finalmente, Guanca aseguró que esta política tiene en jaque a la población y que los efectos más claros son que “los más pobres no solo no tienen acceso a la vivienda en esta comuna, además se les expulsa de su espacios laborales tradicionales, como es el caso de los colero del Barrio Yungay, los artistas de la plaza de armas, los vendedores del pasaje de las carteras y los ciegos, entre otros”, puntualizó.