En 2010 aumentó la conflictividad laboral

Durante el primer año de gobierno de derecha se registró un mayor número de huelgas, paros y movilizaciones de los trabajadores, al tiempo que fueron sectores populares los que pagaron el costo más alto de las tragedias del 2010.

Durante el 2010, los muertos, heridos, damnificados, atrapados y marginados los pusieron los trabajadores y los pobres. Las víctimas del terremoto y maremoto de febrero, la espectacularizada experiencia de los 33 mineros de Copiapó, la muerte de otros mineros en faenas en el norte del país, la tragedia de la cárcel de San Miguel con 81 presos calcinados y asfixiados, evidenciaron la vulnerabilidad de una sociedad que tiene a amplios segmentos de la población en situación de marginalidad, inseguridad, precariedad y olvido.

Son las familias pobres y la de los trabajadores las que pagan el costo más alto de situaciones –producto de desastres naturales o desastres sociales-laborales- que encuentran, objetivamente, la marginalidad en un sistema socioeconómico excluyente e injusto. Parece mentira que el 70% de los “nuevos pobres” sean personas que están trabajando, es decir, perciben un salario que no los saca de la pobreza.

Las respuestas o reacciones del mundo del trabajo se han reflejado en diversidad de movilizaciones, paros y huelgas que, a pesar de la invisibilización que impone el Gobierno y los medios de prensa empresariales, marcaron el año 2010.

En los últimos meses aumentó en un 19% la movilización sindical y de trabajadores, concentrada en exigencia de aumentos salariales, mayores beneficios en los contratos colectivos, encarar medidas restrictivas de los empleadores y obtención de trabajos más seguros y decentes. Es posible que las huelgas sobrepasen, terminando el 2010, las 171 que hubo el 2009 (hasta septiembre ya eran más de 130) y la cantidad de trabajadores y profesionales participantes en los conflictos superó la cifra de diez mil, mucho más que en los últimos cinco años.

Esto refleja un mayor activismo sindical y nuevos actores en las luchas laborales, como ocurre con los trabajadores de las grandes tiendas, los retail, y de servicios y comercio. Un dato peculiar es que, por primera vez en dos décadas, se llegó a diciembre con gran cantidad de conflictos laborales abiertos, siendo el punto de tensión más alto las negociaciones, paralizaciones y movilizaciones de los empleados del sector público en su demanda de reajuste de más del 5% (el proyecto del Gobierno, aprobado en el Congreso, lo dejó en 4,2%), detener los despidos (8 mil en los últimos nueve meses) y tener un protocolo de beneficio para trabajadores que pasen a retiro.

Movimientos como los de Farmacias Ahumada, Collahuasi, Casa de Moneda, Integra, Metro, grandes tiendas, etcétera, visibilizaron en gran medida el grado de conflictividad, a pesar del cierre mediático en los grandes medios.

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES

Un tema abierto el 2010, no por voluntad política o sensibilidad laboral, fue el de la seguridad y prevención en el mundo del trabajo, a raíz de lo sucedido con los 33 mineros atrapados en la mina San José. Se puso sobre el tapete el alto nivel de accidentabilidad laboral en Chile y que afecta a sectores como la construcción, el transporte, servicios, agrícola (sobre todo temporeras) y minería, fundamentalmente.

El Gobierno lanzó una comisión para que hiciera un diagnóstico y entregara propuestas que pudieran ser llevadas al Parlamento y así mejorar la legislación pero también tomar medidas desde el Ejecutivo.

Lo real es que hasta ahora las conclusiones son difusas, el ritmo pasó de rápido a muy lento, la presión comunicacional sobre el tema bajó (los medios grandes no publicaron prácticamente nada de la muerte de tres mineros en Collahuasi a inicios de diciembre) y hay temor de que finalmente no se tomen medidas más que formales.

Desde la comisión que se generó en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con especialistas en la materia, se habló de aumentar el presupuesto para prevención y seguridad laboral, que las empresas inviertan en seguridad, fortalecer los comités paritarios, mejorar el rol regulador del Estado, mejorar los instrumentos y presupuestos para la fiscalización en esta materia, todas cuestiones ante las cuales el Gobierno y los empresarios guardan silencio.

Termina el año y las familias trabajadoras de las zonas más afectadas por el terremoto y el maremoto –en el Sur del país- siguen sin viviendas, sin servicios básicos, con cesantía tangible y disfrazada galopante, sin apoyos financieros, en condiciones laborales de alta precariedad. Una situación específica en que el Gobierno y las instancias regionales han mostrado no sólo insensibilidad, sino que incapacidad para resolver las apremiantes necesidades de estos trabajadores.

OBJETIVOS CENTRALES

En este cuadro hay elementos reivindicativos de los trabajadores que toman mayor vigencia y urgencia y que pueden aparecer con fuerza el año 2011 en el ámbito laboral, pero también legislativo, social y político.

Por mencionar algunos. La necesidad de implementar la sindicalización automática o al menos aumentar el número de trabajadores sindicalizados y con ello, aumentar también la cantidad de sindicatos. Fortalecer el mecanismo de la negociación colectiva y convertirlo en un espacio de real discusión y resolución de derechos y beneficios de los trabajadores. Promover todas las medidas que posibiliten avanzar en prevención y seguridad laboral. Demandar aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales tanto en el Estado como en el sector privado.

Junto a reivindicaciones específicas, es altamente necesario que las demandas que tienen que ver con cambiar la estructura legislativa y normativa del mundo del trabajo, encuentre cauce y resolución.

Por Gonzalo Magueda

Fotografía: Contratistas de Inser protestan en las afueras del edificio corporativo de Codelco Norte/14 mayo 2010/www.elamerica.cl

El Ciudadano N°94, primera quincena enero 2011