Acordado por la totalidad de los presidentes de los sindicatos de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) hoy se concretó la anunciada paralización de faenas por 24 horas, de alrededor de 16 mil trabajadores de planta y 30 mil subcontratados de Codelco, en rechazo a lo que consideran una serie de medidas que debilitan la cuprífera estatal y buscan justificar su privatización.
El día escogido no es casual: Un 11 de julio de 1971, el presidente Salvador Allende promulgaba la ley de nacionalización del Cobre, medida que hoy se recuerda en el llamado Día de la Dignidad Nacional. Y también no es casual, porque los trabajadores de planta de Codelco, es decir, de Chuquicamata, Radomiro Tomic, Minera Gaby, Antofagasta, El Salvador, Potrerillos, Andina, Ventanas, El Teniente, y la Oficina Central, se movilizan, precisamente, en contra de medidas adoptadas por el directorio que enajenarían la empresa que representa menos del 28% del total de la industria cuprífera en Chile y produce un 9% de la oferta mundial.
Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), afirmó que a la mañana de hoy lunes había 100 % de adhesión en Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Chuquicamata, El Salvador, Ventanas, El Teniente y Andina.
El Gobierno y la UDI criticaron rápidamente la movilización. El ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, lo calificó como un paro ilegal que perjudica al país, negando las amenazas que ven los trabajadores.
Por su parte, la ministra vocero de Gobierno, Ena Von Baer, lo calificó como “un daño al país” y cuantificó que el paro cuesta cerca de 40 millones de dólares diarios, lo que significa “como mil 700 viviendas básicas”.
Ante las críticas, el dirigente del Cobre respondió que “si nosotros no somos capaces de poder dar una señal de alerta en este paro de advertencia, el país va a perder mucho más”.
Según explica Hugo Allan, presidente del Sindicato de Trabajadores de El Teniente, “nos oponemos categóricamente a la enajenación de las pertenencias mineras del yacimiento Gabriela Mistral, que se pretende aportar a terceros a través de Minera Gaby sociedad por acciones, lo que es inconstitucional”.
Además, el dirigente explica que rechazan la tercerización de proyectos estructurales y de desarrollo en Chuquicamata Subterránea, Planta Concentradora Radomiro Tomic, Proyecto San Antonio en la División El Salvador, Fase II División Andina, Nuevo Nivel Mina en El Teniente, y los proyectos de desarrollo de las fundiciones y refinerías de Codelco.
AUTORITARISMO Y DESMANTELAMIENTO
Por otro lado, los trabajadores denuncian “falta de respeto y prepotencia de la actual administración de Codelco”, tanto a nivel corporativo como divisional, “ya que no respetan los contratos y convenios colectivos, y han cuestionado derechos y conquistas sindicales como el derecho a salud estipulado en los instrumentos colectivos”.
Se suma a esto, las potenciales reducciones de personal, “que generan un clima de gran intranquilidad en los trabajadores y sus familias” y el nulo diálogo con los trabajadores en las decisiones que los afectan.
Un último punto se refiere al rechazo al sobre-endeudamiento de la empresa. “Rechazamos la insuficiente capitalización (reinversión de utilidades) autorizada por el Gobierno, que al final del Gobierno de Piñera dejaría a la empresa con una deuda superior a los 10 mil millones”, afirma Allan.
Según explica el dirigente del Sindicato que reúne a los trabajadores de planta de El Teniente, Codelco es la empresa más endeudada de la industria cuprífera, lo que no se condice con los más de 42.500 millones de dólares de excedentes que ha entregado al Estado en los últimos siete años.
En 2010 se autorizó cero re-inversión de utilidades, y el presente año se autorizaron 376 millones de dólares, “cifra muy por debajo de lo que la empresa necesita para capitalizarse en un escenario de buenos precios”.
Para Allan “es evidente que lo se busca es sobre-endeudarla para propiciar la incorporación de capitales privados, tal como ha ocurrido con otras empresas estatales”. Tal estrategia se materializa, en el caso de El Teniente, con la huelga de los contratistas que ya lleva más de 45 días, generando pérdidas por más de 100 millones de dólares.
El Teniente, sin embargo ha informado que la semana pasada “subió la mayor cantidad de personal de empresas contratistas desde el inicio del paro: 4.617 personas, que corresponde a sobre un 90% de la dotación normal”. Sin embargo, Allan considera que las condiciones de seguridad en el traslado a la mina son aún inciertas, debido a los ataques a los vehículos y buses de trabajadores. Además denuncia la incapacidad del Gobierno para evitar la violencia.
PLAN ENCUBIERTO
El recientemente elegido presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristian Cuevas, concuerda con Allan: “Hay un plan destinado a generar un proceso de privatización no abierto, sino de quitarle a Codelco poder de competencia frente a las mineras transnacionales”.
Para el Presidente de la Confederación, que reúne a trabajadores de planta y contratistas, es necesario solidarizar y proteger Codelco, ya que la demanda de fondo siempre ha sido la renacionalización del cobre.
No obstante, “esto choca con las directrices del Gobierno”, representadas en las declaraciones del subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien en el marco de la cena anual de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) hace un par de semanas, afirmó que la nacionalización del cobre fue “un error histórico”.
Hoy lunes, la bancada Demócrata Cristiana apoyó a los trabajadores señalando que “entendemos plenamente su preocupación, pues, obviamente, aquí estamos en presencia de una agenda encubierta que los directivos de la empresa no han querido reconocer”.
REACCIÓN CORPORATIVA
Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, ha intentado por diversos modos evitar la paralización y la ha condenado como ilegal, “ya que no se enmarca en un proceso de negociación colectiva”.
Respecto de la supuesta privatización encubierta que acusan los trabajadores, aclaró que “no hay la intención de nadie de avanzar en esa dirección”. Sobre el punto que denuncia el incumplimiento de conquistas laborales, indicó que la empresa ha impulsado “planes de egreso bastante generosos, que son pagados por todos los chilenos, por el fisco. Hemos avanzado bien, hemos cerrado todas las negociaciones colectivas sin huelga y la mayoría de ellas en forma anticipada y en condiciones de mercado”.
Otro de los puntos referidos por el Ejecutivo es el futuro de los trabajadores de Chuquicamata, división que está en un proceso de transición desde mina a rajo abierto a una subterránea con bastante menos productividad. Por eso, reconoció que inevitablemente se disminuirán alrededor de 2.600 plazas; es decir, de 500 a 600 trabajos cada año. “Debemos enfrentar este tema de manera responsable, de manera justa, de manera que el daño, si es que hay, sea el menor posible”, señaló.
No obstante, los trabajadores sí ven proyecciones privatizadoras e incumplimientos de parte de Codelco. Además, anunciaron que de haber despidos o represalias contra los trabajadores movilizados –como las que denunciaron supervisores de la estatal- el paro se hará indefinido.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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