Termoeléctrica Castilla: En la Corte de Antofagasta yace por ahora el destino del pueblo de Totoral

Luego de ocho horas de alegatos, en los que intervinieron más de 10 abogados, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisó los diversos recursos de protección interpuestos por las comunidades afectadas por la aprobada Termoeléctrica Castilla.

Si bien, el procedimiento habitual supone un pronunciamiento inmediato, los jueces decidieron someter a estudio los antecedentes presentados durante 30 días, luego de los cuales se reunirán a deliberar y a adoptar el acuerdo correspondiente, es decir, la resolución definitiva de la corte tardará al menos seis semanas.

Álvaro Toro, abogado de Olca y  representante de la Junta de Vecinos de Totoral y de la Mesa Social de Copiapó, sostuvo que es muy significativo que las y los habitantes del pueblito de Totoral y de Copiapó, hayan viajado toda una noche en bus para acompañar en las afueras del edificio los alegatos, junto a estudiantes de la Universidad de Antofagasta y de otras organizaciones sociales.

Toro está optimista del proceso abierto y piensa que en virtud de los argumentos jurídicos presentados es dable esperar un fallo favorable a las comunidades afectadas.

Termoeléctrica Castilla es el proyecto energético a carbón, más grande de Latinoamérica, y pertenece a la transnacional CGX, del multimillonario brasilero Eike Batista. Esta empresa, en un hecho inédito para la historia ambiental chilena, luego de que la Seremi de Salud de Copiapó calificara ambientalmente como “contaminante” su emprendimiento, esperó el cambio de autoridad de la repartición pública, para reingresar los mismos antecedentes y pedir una nueva calificación ambiental, la que de la mano del ginecólogo Nicolás Baeza, después de dos meses en el cargo, fue cambiada a “molesta”, calificación que permite la construcción del proyecto. Nicolás Baeza al cabo de cuatro meses renunció a la Seremi.

Es por ello que los dardos de la comunidad se dirigen a este modo de proceder que burla el espíritu de la ley. “El accionar del señor Baeza que permitió que una misma autoridad, en este caso el Seremi de Salud, ejerciera una y otra vez una misma actuación a solicitud del interesado disconforme, puede llevar las cosas hasta el absurdo de permitir al peticionario descontento a usar indefinidamente este mecanismo. Ese no es el sentido ni el espíritu de la solicitud regulada en el artículo 53 y siguientes  de la Ley 19.880”, sostuvo el abogado Toro en su alegato.

CUESTIONAMIENTO AL CDE

Otra de las irregularidades destacadas por los abogados querellantes, tiene relación con la fragmentación del megaproyecto, en el sentido de que cada parte del mismo -generación, puerto, depósito de cenizas, transmisión, carretera- fueron presentados de manera separada, lo que a juicio del abogado Toro evidencia «una artimaña para evadir la correcta evaluación de los impactos sinérgicos o acumulativos».

El profesional también cuestionó la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que asumió la defensa del Seremi de Salud. “Creemos que esto se da por la importancia que tiene para el Estado y para el Gobierno respaldar la labor desarrollada por esta autoridad regional. El CDE tiene la facultad, pero no es la habitual. Debería haber sido un abogado específico de la Seremi de Atacama y no un jurista que debería dedicar su tiempo a defender otras causas”, sostuvo Toro.

Tanto los abogados que representaban a los organismo públicos aludidos (Comisión  de Evaluacion Ambiental, Intendencia y Seremi de Salud de Atacama) como los contratados por las empresas del consorcio de Batista (OMX, CGX y MPX) basaron su defensa en una supuesta extemporaneidad de los recurso, falta de rigurosidad en la información entregada por los querellantes y en el cumplimiento de los procedimientos formales que establece la institucionalidad ambiental. En cuanto a la acusación de utilizar como ardid la fragmentación del megaproyecto, argumentaron con que se había hecho así para permitir una mejor evaluación que permitiera hacer las modificaciones necesarias para disminuir los impactos.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta se dio un plazo de 30 días para analizar los alegatos que realizaron ambas partes. Y aunque Toro se mostró esperanzado ante un eventual fallo que los favorezca, indicó que no van a agotar las instancias y que llevarán el caso a la Corte Suprema.

CON LOS UNIVERSITARIOS EN TOMA

La tarde del miércoles 27, la alcaldesa de Caldera –Brunilda González– y la integrante de la Mesa Social de Atacama y comunera de Totoral, Elena Marín, se presentaron en una asamblea de estudiantes en toma de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antofasta.

Ellas explicaron a los alumnos la situación en que se encuentra el proyecto de la termoeléctrica Castilla que se pretende instalar en Punta Cachos, y las razones del rechazo que diversos sectores sociales han mantenido hasta hoy. La alcaldesa de Caldera se refirió también a que la oposición a este megaproyecto tuvo una importante baja luego de que la familia Domínguez -quienes aportaban una buena parte de los recursos- negociara con CGX a espaldas de la comunidad. «Ellos aceptaron 10 millones de dólares para crear un fundación que tiene por objetivo protege la Quebrada del Morel; pero no todos tienen precio», sentenció Brunilda González.

Además, la autoridad edilicia aseveró que el proyecto Castilla viene a instalarse y contaminar las prístinas costas de Atacama, sólo porque no han podido hacerlo en Brasil y que su oferta energética (2.300 MW) no sólo es para alimentar las crecientes inversiones mineras del norte chileno, sino que para vender energía a los numerosos proyectos que en las mismas latitudes se están desarrollando en Argentina.

Por su parte, Elena Marín contó que  la comunidad agrícola Totoral tiene una existencia de cientos de años y que es un verdadero oásis en medio del desierto, pero que ahora está siendo amenazada por «un multimillonario cuyo único objetivo es hacerse más rico». Finalmente, hizo un llamado a unir las luchas de los distintos segmentos de la sociedad chilena que defienden su dignidad. Manifestó que «la única manera de hacer frente y detener el abuso y prepotencia de los poderosos, es vincular las demandas de los pobladores, estudiantes, ambientalistas, trabajadores y pequeños productores».

Los jóvenes hicieron consultas a las expositoras y coincidieron en la necesidad de establecer lazos entre los actores sociales movilizados. Es por eso que al día siguiene -jueves 28- un grupo de estudiantes que participó en una marcha organizada por los trabajadores en huelga de Minera Escondida -una de cuyas demandas es la renacionalización del cobre-, posteriormente llegó al frontis del edificio de tribunales de Antofagasta para solidarizar con los pescadores y comuneros que se manifestaban contra Castilla.

Olca/Cristian Sotomayor Demuth

Desde Antofagasta

El Ciudadano