Entre el olvido y el pisoteo cotidiano

La Ley de Discapacidad de 1994 no cumplió su objetivo central: La real integración de los afectados. Con la nueva ley, promulgada en febrero pasado, se abre otra oportunidad de reconstruir una sociedad que considere las necesidades de millones de discapacitados que luchan contra los obstáculos cotidianos y la indiferencia generalizada.

Secuelas de una poliomelitis hicieron que Harry Tello (48) haya luchado toda su vida para integrarse a la sociedad. Trató de terminar sus estudios en un programa de Chile Califica, “una muy mala experiencia, tanto académica como por las condiciones del lugar”, asegura. Su poca preparación le ha impedido trabajar y le cuesta desplazarse  por la ciudad. Escribió a diversas autoridades, pero no consiguió nada concreto.

Mario “Huaso” González (75), vivió gran parte de su vida como folclorista, reportero y actor de oficio. En 1990, viajaba en un vehículo que volcó cerca de Balmaceda y quedó tetrapléjico. Desde entonces está en silla de ruedas, en una ciudad que “ni en los ’90 ni ahora, está adaptada para nosotros”, resalta.

LA DISCAPACIDAD ES UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS

Alejandro Hernández, administrador de empresas y presidente de la Fundación Nacional de Discapacidad (FND), indica que en Chile hay 2 millones y medio de personas con discapacidad sensorial (vista y oído), física, mental y orgánica. Un 96% no tiene acceso a salud integral ni rehabilitación. El 4% restante lo cubre Fonasa y el antiguo Fondo Nacional de Discapacidad (Fonadis –con la nueva ley, Servicio Nacional de la Discapacidad- Senadis).

La Teletón, por su parte, cubre sólo el 0,8 % del total de discapacitados y para Tello es sólo “una danza de millones, de empresarios, en la que se endiosa a Don Francisco en nombre de los pobres y tristes discapacitados”.

Hernández, también diplomado en administración y gestión de organizaciones sin fines de lucro, considera que “los niños no deben recibir salud por caridad, ya que es un derecho”, y que hay que “diferenciar el show televisivo del trabajo de la Sociedad pro-ayuda al niño lisiado”.

El último Informe Nacional de Discapacidad (2005), señala que hay 90% de cesantía en discapacitados en edad de trabajar. El 10% restante se reparte en labores informales (9%) y sólo el 1% encuentra un trabajo con contrato.

Según Hernández, “nadie obliga a los colegios a tener condiciones de acceso, tampoco a los edificios públicos y privados”. Asimismo, afirma que el transporte en Santiago es “del todo inaccesible y excluyente”, ya que no permite la autonomía de la persona, ni siquiera el Metro. “Hay un círculo vicioso”, explica. “Sin transporte adecuado, no se puede llegar a estudiar ni a trabajar, no se puede hacer vida normal ni superarse, lo que vulnera derechos básicos”. Por eso, el profesional considera que “la discapacidad no es un asunto biomédico, sino de derechos humanos”.

Don Mario González comparte esta crítica, ya que tiene trágicas experiencias: Hace un par de años, cayó de la escalera mecánica de la estación de Metro Los Héroes y hace poco en la bajada del Metro La Florida, por mal diseño de una rampa, fracturándose el fémur.

Tello –que sólo viaja en taxi- luchó hasta conseguir un pasamanos y dos peldaños a la entrada de su edificio. Escribió cartas de consulta y reclamos a Carolina Tohá y Sergio Bitar, pero nada consiguió. A la ex Ministra Paulina Urrutia, le solicitó por carta una rebaja para discapacitados en actividades culturales, y que intercediera con la Sociedad de Escritores de Chile para que adaptaran el acceso a su sede. “Incluso le di ideas, pero nunca me contestó. Si me hubiera dicho yo no soy la encargada, yo voy a otra parte, pero nada”, comenta.

El presidente de la FND considera que el Senadis “no fiscaliza y que el trabajo de sus directores es ineficiente, ya que son cargos políticos y no de expertos”. Además, advierte que no hay avances ni planes concretos, ahora ni en los gobiernos pasados. “Se dice se llevará a cabo, se propondrá, se hará un esfuerzo, como si la integración no fuera cosa urgente”, opina.

Ximena Rivas, directora nacional (provisoria) del Senadis, reconoce la precaria situación descrita, pero indica que en las nuevas designaciones no hay sesgo político. “A mí me llamaron como profesional y por mi sensibilidad con el tema -tengo una hija con discapacidad severa-”. Respecto de la autonomía del Servicio, señala que “no dependemos del Mideplan, como el Fosis o el Injuv. Somos autónomos a la hora de tomar decisiones y de destinar recursos, lo que nos da más eficiencia”.

Hernández critica también la nueva ley: “Es una acción política efectista, hecha en época de elecciones. Es impresentable que extienda hasta 2013 los plazos para que los servicios y edificios públicos y privados adopten accesos para discapacitados, cuando la antigua ley daba plazo hasta diciembre de 2003”.

Para Rivas, con la nueva ley, el Senadis, “aparte de distribuir recursos y ayudar con artículos ortopédicos, creará una defensoría legal y velará por el cumplimiento de las normas a través de una coordinación intersectorial. Los 14 reglamentos que queda por dictar pueden mejorar más su implementación”.

En el corto plazo, explica que el trabajo está centrado en el Comité de Reconstrucción, a través de alianzas con instituciones y universidades que asesorarán la construcción de aldeas de emergencia inclusivas. “Al interactuar hoy con otros ministerios, sentamos precedente para que, cuando la reconstrucción sea definitiva, estos sectores conozcan y consideren estos aspectos desde el principio”.

Harry Tello y Mario González tienen distintas actitudes frente a su condición, aunque ambos tienen un 70% de discapacidad. Tello se define “tenaz”, González es orgulloso y no está dispuesto a “andar mendigando ayuda”.

Pero más allá de la dignidad y el orgullo -según Tello- es un tema de derechos humanos, insiste. “Cuando fui a exigir a los políticos, nunca sentí que me estaba arrastrando, me sentí orgulloso de poder pelearles y dar la cara por mis derechos, porque si uno mismo no se da importancia, nadie lo va a hacer por uno.”

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano