Las ONGs asociadas a ACCION, que impulsan la campaña ‘Por el derecho a manifestarnos públicamente’ entregaron este lunes al Gobierno las firmas recolectadas que rechazan el proyecto de ley que criminaliza la protesta social.
Durante esta mañana los miembros de dicha ONG entregaron cerca de 500 firmas al subsecretario del Interior, Patricio Rosende, que rechazan el proyecto de ley destinado a criminalizar la protesta pública.
“El camino para la regulación de las manifestaciones debe ser muy diferente. Se debe proteger y estimular a las organizaciones que convocan en coordinación con las autoridades públicas. Se debe ampliar la comunicación entre los convocantes y la policía antes, durante y después del evento”- señala Álvaro Ramis, presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN.
El envío por parte del Ejecutivo al Parlamento de un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Penal y a la Ley sobre Seguridad del Estado, a juicio de ACCION tiende a criminalizar la protesta social.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara, y establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas. El artículo en cuestión señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”.
Hoy el proyecto sólo espera pasar su tercer trámite constitucional en el Senado.
ACCION demanda el veto presidencial al artículo 4º del proyecto de ley de manifestaciones públicas, que es el que establece dichas responsabilidades civiles a los convocantes.
DERECHO PENAL CONTRA CIVILES
La ley en discusión no distingue entre actividades de protesta u otras de carácter deportivo, social o religioso. Puede afectar a un evento de Colo Colo o a un club deportivo de una población, a una procesión de la Iglesia Católica o a una actividad de una junta de vecinos. Sanciona tanto al manifestante violento como a un medio de comunicación que difundió la actividad y ni siquiera participó de la actividad.
En su reciente visita a Chile, la relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que en la región “el derecho penal no puede ser usado para criminalizar la disidencia o el debate público”.
La campaña de firmas solicita formalmente a la Presidenta que vete este artículo del proyecto de ley.
En opinión de las ONGs, los efectos de la nueva ley de manifestaciones públicas reforzarán el ciclo de violencia que vuelve cada septiembre y los más perjudicados serán los ciudadanos.
Las firmas se recibirán hasta este viernes 11 de septiembre, fecha en que se hará un acto en el Estadio Nacional a partir de las 18:30 horas.
SI QUIERES FIRMAR PINCA ACÁ:
http://www.thepetitionsite.com/1/por-el-derecho-a-manifestarse-publicamente
El Ciudadano