La crisis de la vivienda en Chile es un problema profundo, acarreado hace décadas, sólo relegado del debate público durante los últimos años por la instalación de otras demandas sociales urgentes. La dimensión de la crisis habitacional se ha naturalizado, así como la pobreza, ante la falta de políticas públicas que sepan entregar soluciones a corto y largo plazo.
Estructuralmente, nada se ha solucionado: a lo largo del país, pobladores y pobladoras siguen concretando tomas de terreno y levantando campamentos ante la inexistencia de una política habitacional que les entregue opciones reales, que consideren la falta de herramientas de las familias para salir del endeudamiento y poder postular a un subsidio.
Rafael Soto, dirigente de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), señala que «el sistema subsidiario de vivienda está evidentemente en crisis, no se puede parchar más«. Desde su experiencia como poblador, ha visto pasar los diversos decretos y modificaciones que oficialismo y oposición han desarrollado como una solución a la crisis habitacional, sin resultados para las familias. «Los pobladores organizados han tenido que resistir la política neoliberal», enfatiza.
Para Soto, la definición de las políticas públicas sobre vivienda los remiten a sólo tres opciones: «Erradicación, expulsión o endeudamiento». Y para ejemplificar, recuerda el operativo realizado a comienzos de esta semana en Alto Hospicio, del campamento La Pampa, donde cerca de 2 mil pobladores fueron desalojados con la ayuda de un masivo contingente policial. Durante la noche tras la erradicación, en el mismo sector, un hombre murió de hipotermia, informaron diversos medios.
«Un hombre murió desalojado por la policía de Bachelet. Es muy grave», enfatiza el dirigente.
Además de Alto Hospicio, la crisis de la vivienda se hace sentir a lo largo de Chile en los sectores y comunas más vulnerables a la pobreza: en Maipú, recientemente, los vecinos rechazaron un proyecto habitacional de tres campamentos organizados de la comuna y de Cerrillos, que se constituirían en la zona con el apoyo de Fundación Techo. Tras la negativa de la comunidad, los recursos para la compra del terreno en disputa ya pidieron ser restituidos a las arcas fiscales y la situación de los pobladores es incierta.
EL DRAMA AÚN NO RESUELTO DE LAS CASAS COPEVA
La experiencia de las fallidas casas «Copeva» no es ajena para nadie. El escándalo estalló en 1997, cuando un temporal dejó en evidencia las numerosas falencias en la construcción de las viviendas sociales en la comuna de Puente Alto, donde vivían cerca de 600 familias.
Lo cierto es que, a 20 años de la polémica, los vecinos de Bajos de Mena siguen intentando solucionar su precaria situación habitacional, razón por la que dejaron de pagar el subsidio de sus hogares y pasaron a conformar la larga lista de deudores habitacionales.
«Nuestro caso tiene una particularidad: vivimos en un sector contaminado y además son casas Copeva«, enfatizó Graciela Andrade, vocera de la Asamblea Popular de Puente Alto. Luego de comprometerse a no realizar movilizaciones, a la espera de una solución en el Plan Integral mandatado por Bachelet -que propone la construcción de una comisaría y un centro cívico en el sector-, la paciencia de los vecinos se agotó y decidieron regresar a la estrategia de la movilización social.
Los vecinos de Bajos de Mena piden la condonación de la deuda de sus hogares y la erradicación total de las familias en el sector. «Hay muchas familias que se han ido del sector y han terminado vendiendo las casas, pero no es una solución porque estamos metiendo a otra gente al mismo problema y dañándolos», agrega Andrade.
La explicación es sencilla: los hogares fueron construidos sobre un basural, lo que provoca una constante amenaza de contaminación para las familias. De hecho, cuenta la vocera, «obtuvimos los resultados de los exámenes realizados al hijo de una vecina en octubre pasado. Le tomaron muestras de arsénico y se evidenció que tenía 16 mg en su orina, por lo que los médicos recomendaron que nos fuéramos. El problema es que no tenemos a dónde ir».
Dependiendo de la voluntad del Estado para la condonación, los vecinos de Puente Alto están desesperados por sacar a sus familias de la contaminación. En 20 años, señalan, no se ha logrado nada, ni siquiera la condena pública a la familia Pérez Yoma, involucrada directamente en la construcción de las casas Copeva.
«Ellos reconocen que fue un error, pero no nos basta. Hay que solucionarlo», enfatiza Graciela Andrade.
SE REACTIVA LA MOVILIZACIÓN POBLADORA
Créditos: Radio 1 de Mayo.
En medio de la intensa crítica ciudadana al sistema de AFP, el problema de la vivienda se agudiza y busca en la organización social una salida ante la indolencia de la clase política. Las demandas de los pobladores, a lo largo de Chile, son transversales y cuestionan directamente el modelo económico que mantiene sus problemas y necesidades más urgentes como una anécdota.
«El objetivo y plan del Estado es la erradicación de los pobladores de la periferia, no hay una política pública destinada a incluirnos», enfatiza el dirigente de la Federación Nacional de Pobladores. «La política habitacional está pensada para asegurar recursos a través de la especulación inmobiliaria», agrega.
Además de las comunas periféricas de Santiago, donde proliferan los campamentos, hay otras regiones de Chile que muestran por sí solas las crisis de la vivienda: en Copiapó, por ejemplo, se estima que un 60% de la ciudad está compuesta de campamentos. Además, los mismos pobladores aseguran que las experiencias de erradicación no siempre les asegura inclusión, por lo que muchos terminan volviendo a sus espacios de hacinamiento.
Por ahora, los pobladores y pobladoras tienen en mente la organización con los diversos colectivos que hoy defienden el derecho a la vivienda. Durante esta noche, muchos de ellos se sumarán a la protesta contra las AFP, un modelo que les afecta directamente y complica aún más sus expectativas de vida. El movimiento habitacional da señales de haber despertado otra vez: «La autogestión será el arma de los trabajadores», advierte Rafael Soto.
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