ESE MAR QUE TRANQUILO NO NOS BAÑA

La Ley de Pesca, aprobada bajo el gobierno de Ricardo Lagos, introdujo como novedades las áreas de manejo y la pesca de investigación. Pero no son los pescadores artesanales los beneficiados con las normativas legales.
Éstos, aparte de ver cotidianamente sus embarcaciones sometidas al peligro, carecen de seguros y garantías en salud, educación y en su desarrollo económico. Además son asediados por el ingreso de los industriales a las 5 millas designadas como su área de explotación.
La denuncia hecha por el senador Nelson Ávila sobre los vínculos de los hermanos Zaldívar (Andrés y Adolfo) con Eperva, firma del Grupo Angelini dedicada a la pesca industrial, dejó de manifiesto la presencia de los magnates al interior del Congreso y cuánto pesa su dinero para definir una ley que les sea favorable. Mientras tanto, los que dan identidad a los pueblos y viven de la captura de productos marinos, soportan un continuo atropello.

Las áreas de manejo les han significado enfrentamientos con los mapuche-lafkenches que reclaman el mar, bajo la ley Nº 253, y la Conadi como institución.

Víctor Cartes, pescador artesanal en Mehuín, señala “la ley de pesca siempre la han hecho los industriales, a los artesanales es harto poco lo que los toman en cuenta”. En seminarios han explicado a los subsecretarios que su opinión no ha sido canalizada a la hora de crear una ley. La idea de fondo era hacerle un par de modificaciones a la cuestionada ley que rige los destinos del sector. “Al final logramos que se les hicieran una modificaciones, asegurar las 5 millas y la designación de cuotas de extracción, por ejemplo de las sardinas y el jurel. Resulta que los industriales pescaban el 90% y sólo el 10% era asignado a los artesanales” precisa Cartes, pero con modificación y ley de por medio, las compañías industriales igual arrastran, con instrumentos especiales, los cardúmenes fuera de las 5 millas.

CONDICIONES LABORALES, MUERTES Y DESAPARICIONES

La salud y la educación son utopías lejanas para los habitantes, la calificación de indigente les evita tener que pagar por ellas, pero es necesario ajustarse a una realidad distinta para atender hombres y mujeres de esfuerzo en esta provincia con intenciones de ser región; la educación para sus hijos, para alcanzar una educación universitaria, depende del éxito que puedan tener al postular a un financiamiento, pero casi nadie logra calificar en los cánones de la cuestionada ficha CAS II y sus menos de 450 puntos, que implican vivir hacinados en una precaria vivienda, estar cesante y tener un ingreso menor a los 50 mil pesos mensuales, para poder postular a una beca que obliga a una competencia con otros en las mismas condiciones.

Hombres y mujeres de mar enfrentan a diario el peligro, pero “hay que valérselas por sí sólo en todo. Cuando muere un pescador, cada uno ayuda un poco”, precisa Cartes. Respecto a la situación laboral, señala: “en Mehuín son alrededor de 400 embarcaciones, trabajan 3 a 4 personas en cada una. Los compradores llegan aquí mismo y lo que más se entrega a las fábricas son los locos. Aquí cada institución defiende sus precios. Por ahora se está vendiendo como corresponde”.

Mehuín, Chan Chan, Curiñanco, Niebla, Corral, Chaihuín y La Barra, concentran la mayor población de pescadores artesanales. Capturan corvina, sierra, merluza, congrio, pejerrey y sardina; en las áreas de manejo se cultivan locos y choros.

La falta de infraestructura, un sistema de comercio colectivo y el valor agregado les impide lograr un precio aceptable, escenario que es aprovechado por manos intermediarias, quienes en el fondo fijan los precios.

Para las mujeres es angustiosa cada salida de sus maridos a pescar. Muchos de ellos no han vuelto. El caso se define entre una asfixiante esperanza y el dolor interminable.

El 16 de diciembre del 2003, Hernán Contreras Rivera, salió junto a dos amigos a pescar, intención que tenía hace mucho tiempo, cuenta Mónica Dinamarca, una de las tantas mujeres que han quedado solas por este tipo de accidentes en Mehuín. Ese verano, antes de salir le dijo que al regreso irían juntos a comprar los regalos para los hijos de ambos. Los días pasaron y él nunca volvió. Días después encontraron la embarcación sin tripulantes. “Todavía no me convenzo que haya muerto, moriré con esa sensación; mis hijos sienten lo mismo. Recordamos sus fiestas reunido con sus amigos aquí en la casa, vivo con la angustia de su desaparición, pero tenemos que andar por la calle como si nada hubiera pasado. Pero llegamos a la casa y cualquier rincón es válido para escondernos y ponernos a llorar”. En el caso de Mónica, su marido había contratado un seguro personal, pero la mayoría de las veces las familias quedan en el total desamparo económico, los hijos no pueden acceder a becas de estudio. Según Mónica, “no tenemos beneficios porque tenemos una casa mejorada, yo digo: ¿entonces tendremos que estar viviendo en la mierda para poder obtener algo?”. Frente a la situación que afecta a tantas mujeres del sector, Mónica dice: “ojalá que a las autoridades se les ocurra desarrollar planes de trabajo digno para mujeres solas en Mehuín, porque de otra forma nuestra existencia se hace más difícil”.

El VICIO DE LA PESCA DE INVESTIGACIÓN

La pesca de investigación es un instrumento utilizado para la entrega de cuotas de pesca. Julio Lamilla, doctor en ciencias biológicas de la UACh, dijo a El Ciudadano que ella “permite a las organizaciones, empresas y sindicatos regular la explotación. Aunque útil para las pretensiones del sector, es impuesto forzadamente por el Estado con tal de liberarse de los costos que implican los estudios, traspasándolos a los artesanales e industriales”, dice. La pesca de investigación se inicia con la contratación de una unidad técnica para estructurar calendarios, generando una figura para el ahorro y conservación. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, dice el académico, “esta acción en manos de las autoridades se convierte en un controlador ideológico para los pescadores, dos instituciones sobre una misma solicitud de extracción, es natural que una se vea más beneficiada que la otra, dependiendo de la cercanía que tenga con el gobierno de turno”, argumenta el profesional. Respecto al financiamiento, las unidades técnicas, cobran el 20 % por uso del nombre (institucional) y el 80 % se destina a traslados de personas, mediciones, despliegue científico, que deja de ser satisfactorio cuando las decisiones políticas inciden sobre un estudio técnico.

¿Por qué no consideran los esforzados obreros, el valor agregado para mejorar sus ingresos, evitar a los intermediarios y suministrar comidas rápidas saludables a los supermercados? Lamilla explica: “un producto terminado podría venderse a un precio estable, se crearían puestos de trabajo para mujeres, jóvenes y profesionales en el fileteado, diseño, rotulación, empaque y distribución, pero para poner en marcha estos procedimientos se requiere voluntad política y social, capacitaciones eficaces, otorgar herramientas para la seguridad en las normas laborales, restituir derechos constitucionales en salud, educación y sistemas provisionales, todo ello hoy ausente de nuestras legislaciones”, puntualiza el profesional.

Esta realidad viven las familias dependientes de la pesca artesanal en nuestras costas. Las condiciones les son adversas por políticas elaboradas a espaldas y sin participación de ellos y más encima hoy la empresa privada y el Estado de Chile pretenden instalar un ducto y descargar desechos tóxicos, agudizando las dificultades para la subsistencia de sus habitantes.

Pedro Herrera