“Estamos en una catástrofe”, dice Kesnell ante los medios de comunicación, consultado sobre el incendio que en la madrugada del viernes 18 de mayo dejó sin hogar a más de 100 personas -de nacionalidad haitiana, mayoritariamente-, entre ellas niños, niñas y mujeres embarazadas que habitaban una casa de calle Cienfuegos, en pleno centro de Santiago.
El vecino indica que “muchas personas perdieron sus papeles, muchas personas están en el hospital” y que “hay embarazadas que están enfermas y que no tienen apoyo”. El ciudadano haitiano señala que en el inmueble vivían “más o menos 120 personas”. “Ahora no sabemos qué vamos a hacer, porque no hay papeles. Si no hay salud, uno no puede trabajar”, agrega el hombre, una de las víctimas del siniestro.
No solo se quemaron los papeles de los residentes de la casa. Para evitar ser consumidas por las llamas y huyendo del humo, algunas de las personas afectadas debieron arrojarse desde el segundo y tercer piso del edificio, sufriendo lesiones de mediana y extrema gravedad. A esto se suma la muerte de Yvener Veroné en la Posta Central, producto de una hipertensión endocraneal; la pérdida que sufrió una mujer con cuatro meses de embarazo; la hospitalización de un joven por intoxicación con monóxido de carbono; y la fractura de mandíbula de otra de las víctimas, además de los afectados por quemaduras.
Según indicaron un conjunto de organizaciones por los derechos de los inmigrantes, las familias damnificadas fueron acogidas por las estudiantes en toma feminista de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sin embargo, el domingo volvieron al edificio siniestrado, que no está en condiciones de ser utilizado.
“El estado de inhabitabilidad es evidente. Se visualizan condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad en el edificio incendiado. El lugar era subarrendado a las familias haitianas por una persona que había dividido la propiedad en diferentes piezas y cobraba altas rentas por éstas. Se presume que ella no era la propietaria. Este tipo de situaciones no son aisladas y son consecuencia directa y necesaria del nulo enfoque en derechos humanos con que se ha abordado la política migratoria en Chile”, afirmaron las agrupaciones por medio de una declaración pública.
Valesca Aguilar, vecina y miembro del comité de seguridad de Cienfuegos, comenta que desde la Municipalidad de Santiago le dijeron, ante las solicitudes de ayuda, que su labor “llega hasta la puerta; lo de adentro es privado”. Si bien desde el municipio han entregado auxilio, reclama por la falta de esmero. “Yo he sentido que los procesos han sido muy lentos”, sostiene.
“Yo estoy en contra de eso, porque aquí hay personas que están sufriendo, están con un postrauma y con una situación emocional y económica precaria”, añade la dirigenta vecinal, quien detalla que el primer día tras el incendio, los inmigrantes afectados estuvieron a punto de ser desalojados, por lo que ahora necesitan un “respaldo jurídico” que apoye las necesidades de los damnificados.
Aguilar relata que “la ayuda ha llegado de parte de particulares y organizaciones que se han hecho presente” y que en este proceso persisten dos problemas -“dos mochilas tremendamente pesadas», como dice Valesca-: «El idioma y, lamentablemente, el racismo que existe en Chile», asevera la vecina santiaguina.
Te invitamos a ver la transmisión que realizó el Área Audiovisual de El Ciudadano sobre la urgencia que enfrentan los vecinos afectados por el incendio
(*) Foto portada: Roberto Muñoz Campos