Ocupación pacífica fue organizada por estudiantes del campus Puerto Montt de la Universidad de Los Lagos (ULA), en el marco de las movilizaciones de 2011, con el fin de recuperar el inmueble como sala cuna para los hijos de los estudiantes de la misma casa de estudios.
«Así también recuperamos la educación publica» fue la consigna de la acción donde Patricio Contreras, en su calidad de presidente de la federación de estudiantes, ha sido sindicado como responsable del delito de “usurpación ilegal de edificio público”.
Lejos ya de los altruistas objetivos y masividad de las movilizaciones sociales y estudiantiles de 2011 en todo el país, aún quedan pendientes procesos judiciales interpuestos por autoridades de gobierno y que buscan determinar responsabilidades mediante querellas criminales. Es tal el caso de joven aysenino Patricio Contreras, ex presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Los Lagos (ULA) y en calidad de tal integrante de la mesa directiva de la Confech, quien obtuvo notoriedad nacional al participar en la Caminata por la Educación Pública desde Puerto Montt a Santiago, organizada en octubre de 2010.
Fue en julio del año pasado que un grupo de alumnos de la ULA ocupó pacíficamente un edificio que en los años 70 y 80 perteneció a la Policía de Investigaciones, y como tal fue utilizado como centro de detención y tortura de Puerto Montt. En la actualidad está desocupado y en poder del Gobierno Regional de Los Lagos, y ante tal hecho los estudiantes pretendían convertirlo en sala cuna para los alumnos de la universidad, internado y preuniversitario.
Durante tres días los jóvenes emprendieron labores de restauración, limpieza y pintura, las que complementaron con actos culturales y otras actividades. Como una forma de terminar con la toma el intendente (s) y gobernador de Puerto Montt, Francisco Muñoz, anunció una querella criminal ante lo cual los jóvenes procedieron a desalojar el lugar, entregando Patricio Contreras sus datos en su carácter de dirigente estudiantil.
Hoy Contreras está acusado de “usurpación ilegal de un edificio público”, siendo avaluados los supuestos daños en 500 mil pesos. Y lo más grave, arriesgando pena de cárcel en caso de sentencia en contra. Incluso el parte policial en el que se sustenta el requerimiento se señala que los manifestantes querían “lucrar” con el inmueble.
“Esto responde a una estrategia orquestada por el gobierno de criminalizar a los estudiantes y al movimiento estudiantil, y a que hoy no tienen la capacidad de entender las legítimas demandas de los estudiantes, de los movilizados y del pueblo que está luchando. Por eso a quien piensa distinto se le criminaliza” expresó al respecto el dirigente. Agregó que la denuncia viene “respaldada por un informe de Carabineros que no cumple ningún criterio de objetividad, y que al contrario es un montaje”.
En este respecto hizo un llamado a las autoridades de gobierno a “retirar esta querella, que no tiene ningún sentido y raya en lo absurdo”.
Sobre el edificio en cuestión, reiteró la exigencia de que “un edificio tan histórico como el que nosotros tomamos simbólicamente se destine a la ciudadanía y no se entregue a los grandes capitales para que, finalmente, nuestra memoria, nuestra historia pase al olvido como lo han querido hacer con distintos sitios que hoy día son fundamentales, como el caso de la escuela Santa María de Iquique que fue demolida”.
Patricio Segura
El Ciudadano
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