Estudiantes, trabajadores y organizaciones civiles siguen movilizados contra Ley Hinzpeter

La llamada Ley de Resguardo al Orden Público, impulsada por el Ministerio liderado por Rodrigo Hinzpeter, sigue en trámites legislativos. Por esta razón, organizaciones de estudiantes, trabajadores, diversidad sexual, derechos humanos y ambientalistas, siguen articulándose en un frente común que logre desechar una ley que, a su juicio, sólo busca criminalizar la legítima protesta social.

Este mediodía, representantes de Amnistía Internacional, la red de ONGs Acción, Greenpeace, Movilh, voceros de la Confech y de los trabajadores del Cobre se reunieron en la Plaza de Armas de Santiago para continuar con las actividades de rechazo a la “Ley Hinzpeter”, que con orígenes en el ex subsecretario de Bachelet, Felipe Harboe, y potenciada por el actual Ministro del Interior, establece un aumento de las penas para quienes ocupen instituciones, corten calles, o marchen sin autorización.

 El Proyecto de Ley fue recientemente aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas del Parlamento -donde se le hicieron algunas modificaciones aún desconocidas para la ciudadanía- y ahora deberá verse en la sala de la Cámara de Diputados. Como el Gobierno le quitó la urgencia hace un par de semanas, es probable que su tramitación se dilate mucho más de lo que podría haber demorado mientras estuvo con carácter de “suma urgencia”.

Felipe Ramírez, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), indicó que es necesario recalcar que esta ley “apunta a combatir la movilización ciudadana y sobretodo a los sectores más radicalizados, como el movimiento estudiantil secundario, los subcontratistas del cobre, trabajadores de la construcción, la Unión Portuaria, entre otros. Ellos serán los principales afectados, ya que han salido a la calle y generado un ambiente de conflicto para imponer sus demandas”.

Para el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, esta ley sólo busca restringir la acción de protesta social ciudadana, que en un país construido sobre la desigualdad social es legítimo.

“Lo único que genera derechos, democracia, participación es que el pueblo se movilice. Yo interpelo a la oposición a actuar con grandeza, ya que esta Ley pone más candados a la democracia que quiere entrar en curso y eso los trabajadores lo rechazamos”, señaló.

Según explica, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile, en un contexto donde la última palabra la tiene el Congreso, desde marzo del año pasado han estado en contacto con Parlamentarios de todos los sectores para impulsar su rechazo.

“Hoy el panorama es incierto: en la Comisión todos los Diputados de oposición votaron en contra y los de Gobierno a favor. En la sala eso dependerá de la asistencia y de cómo definirán su voto los independientes. Como es todo tan incierto, ahí radica la importancia de crear conciencia al respecto”, señala Piquer, quien aclara que Amnistía antes también se ha movilizado en contra de leyes similares (en Canadá, por ejemplo).

Respecto a la capacidad de ingerencia del movimiento social en la decisión parlamentaria, el secretario de la Fech indica que entre los estudiantes están discutiendo la estrategia a seguir.

“Hay que ver la manera de presionar al Congreso de manera directa, ya que los partidos políticos han demostrado que no están dispuestos a avanzar en pos de los intereses populares, así que la mayor garantía que podemos tener es la movilización, ya que esta ley, además de represiva, es inviable”, concluyó

 Además de estas acciones de visibilidad, existe una campaña de información y recolección de firmas en contra de la Ley.

 EL PROYECTO

La Ley Hinzpeter modifica el artículo 269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos. Al no contemplar una definición clara de “desórdenes públicos”, sus detractores advierten que podría implicar que la misma pena de tres años se aplique a conductas como bloquear una calle pacíficamente o tomarse un colegio. “Quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daños a las personas”- advierte Amnistía.

Además el proyecto hace responsables de los destrozos a la propiedad pública y privada que puedan ocurrir en una movilización social a “autores e incitadores” de la protesta, o sea, a los voceros o dirigentes que las convoquen.

Bajo el título Modificación del tipo penal de desórdenes públicos, la Ley Hinzpeter dice que “se propone establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves”.

Entre los hecho graves descritos están interrumpir algún servicio público, donde se incluye el de transporte. O sea, los usuarios del Transantiago que se toman la calle luego de esperar más de una hora algún bus para llegar a sus trabajos, como ocurre habitualmente, serían sancionados con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años de prisión.

Ana Piquer, directora de Amnistía en Chile, sostiene que “la aprobación de la Ley Hinzpeter significaría una protección desproporcionada de la noción de orden público.  De acuerdo al texto propuesto por el gobierno, quien cause “desórdenes” que impidan o alteren la libre circulación de vehículos o personas, podría ser castigado con hasta 3 años de cárcel. El proyecto de ley en ningún momento define el concepto de ‘desórdenes’”.

La letra C del proyecto incluye como “desórdenes públicos penalmente relevantes”, a quienes ocupen una vivienda, un colegio o universidad, industrias, o si alteran “la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano

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