ONGs llamaron a los consumidores a suspender temporalmente el consumo de carne de cerdo como criterio precautorio, especialmente en fiestas patrias. También exigieron información sobre los animales y producciones involucradas y se tomen medidas que aseguren la inocuidad de los productos de consumo masivo.
“Por un asado de fiestas patrias sin dioxinas”, es la consigna con que organizaciones ciudadanas y de consumidores llegaron esta mañana al Ministerio de Salud, para solicitar que el Gobierno adopte una serie de medidas tendientes a garantizar y asegurar a la población el consumo de todos los alimentos de origen animal y sus subproductos de forma segura e inocua. Esto a raíz de la detección en Corea del Sur de tres embarques de carne de cerdo, contaminadas con dioxinas provenientes de Chile.
Frente al Ministerio de Salud, los representantes ciudadanos, leyeron una declaración en donde solicitaron a la Ministra, Soledad Barría, conocer las fuentes de contaminación de la carne de cerdo; los planteles afectados; el nombre de las empresas y subproductos involucrados y el destino de la producción devuelta desde Corea.
Las ONGs llamaron además a los consumidores chilenos y a sus familias “a aplicar un criterio precautorio, siguiendo la medida adoptada por el gobierno coreano para proteger la salud de su población, suspendiendo temporalmente el consumo de cerdo, especialmente, durante las celebraciones de fiestas patrias”.
En la actividad participaron los dirigentes, Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos, Lucio Cuenca de Olca, Omar Pérez Santiago de la Liga Ciudadana de Consumidores, Hernán Calderón de Conadecus y Marcos Manríquez de Aco-Maipú, quienes dejaron la declaración a la Ministra Barría.
Las organizaciones exigen el Gobierno que establezca un sistema de trazabilidad y control que asegure que los alimentos que consumen los chilenos no contengan dioxinas, antibióticos, hormonas y plaguicidas. Además, demandan la urgente creación de una Agencia de Inocuidad Alimentaria que tenga como eje central, asegurar la protección de la salud pública de los chilenos y no la priorización de los intereses comerciales del negocio exportador por sobre los derechos ciudadanos y la seguridad de los consumidores nacionales.
En este sentido, solicitan además “eliminar la aplicación de dobles estándares en la producción de alimentos en Chile, asegurando que los sistemas de control sanitario de alimentos actúen con los mismos estándares y rigurosidad tanto en productos para la exportación como para los de consumo en el mercado nacional”. Y es que “el caso de la dioxina es un ejemplo de inequidad y asimetría de lo que se destina a consumo interno y lo que se exporta, ya que el Estado chileno no posee medios para medir su presencia en alimentos. ¿Por qué el Estado chileno no protege a sus ciudadanos tal como lo hacen los Estados de Corea y Japón?”.
La declaración pública señala que este hallazgo ha permitido a los ciudadanos y consumidores chilenos darse cuenta del alto riesgo e indefensión al que se exponen cada vez que visitan supermercados y carnicerías.
Ello, “como consecuencia de las irresponsables prácticas de los empresarios productores y exportadores de alimento de origen animal en concomitancia con las reiterativas prácticas de ocultamiento de información y falta de voluntad política de funcionarios gubernamentales que priorizan los intereses económicos de las grandes empresas exportadoras por sobre el bien común y la salud pública”.
Esta situación se suma a anteriores casos de contaminación de alimentos con antibióticos, verde malaquita, cristal violeta y benzoato de emamectina en salmones de exportación que se han detectado en mercado internacional. De esta forma ha comenzado una creciente atención nacional e internacional acerca de cómo se están produciendo los alimentos industriales en nuestro país.
Para las organizaciones, “la inexistencia de adecuados sistemas de trazabilidad y de laboratorios para detectar la presencia de dioxinas en alimentos de consumo local es un ejemplo que genera dudas sobre la consistencia del proyecto empresarial–gubernamental denominado “Chile Potencia Alimentaria”.
Las ONGs también solicitan que “el Gobierno disponga inmediatamente de los recursos necesarios para el establecimiento de laboratorios y la tecnología adecuada que permita a la Autoridad Sanitaria realizar muestreos permanentes de todos los alimentos susceptibles de contaminación por dioxinas, antibióticos, hormonas y plaguicidas que se expenden en el mercado nacional».
Frente al “silencio corporativo” evidenciado por la industria productora de cerdos en los últimos días, las ONGs exigen al Estado en el contexto de la recientemente promulgada “Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado”, de a conocer las fuentes que han permitido la contaminación de la carne de cerdo con dioxina; el listado de planteles afectados; el nombre de las empresas y los subproductos involucrados; el destino de la producción devuelta del mercado coreano; así como la fecha en que llegarán, el número de containers y el lugar de arribo.
Las organizaciones también demandan entregar información del destino final de los primeros cargamentos de cerdos rechazados en Corea y Japón, ya que existiría la presunción de que partes de estos productos fueron reorientados hacia mercados donde no existen exigencias ni controles respecto a esta sustancia cancerígena.
Fuente: Ecoceanos, Odecu, Olca
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