Familiares y organizaciones ciudadanas de derechos humanos, entregan al mediodía de hoy -martes 10 de abril- una carta en La Moneda, exigiendo que el gobierno de Sebastián Piñera se pronuncie en favor del respeto a la vida y un juicio justo para Alexis Cortés y Jorge Salazar, acusados del asesinato de un policía argentino en Junín a inicios de marzo.
Carolina Cortés, hermana del ex frentista, llegó a la oficina de partes de La Moneda para entregar una carta en la que exigen un pronunciamiento del Ejecutivo sobre la real situación de los dos prófugos chilenos, culpados de dar muerte a balazos a un Sargento de la policía argentina, el 7 de marzo pasado, durante un control rutinario de tránsito en la ruta 23 de Neuquén.
Desde esa fecha, «se desató una cacería» -afirmó-, que incluye efectivos argentinos y chilenos (confirmados por el Gobierno) entre la zona de Neuquén y la Araucanía chilena, con el ofrecimiento del gobernador de esa Provincia, Jorge Sapag, de una cuantiosa recompensa para quien entregue algún tipo de información sobre los chilenos.
«El gobierno chileno y el argentino deben hacerse responsables por la vida de estas dos personas, dos ciudadanos chilenos a los que se les debe respetar su integridad física. Y, si llegasen a ser detenidos y se les comprobase su participación en los hechos que se les imputa, deben tener un juicio justo», señaló la hermana de Cortés.
«Necesitamos un pronunciamiento oficial del Gobierno para que se les respete la vida», indicó, recalcando que oficialmente no ha habido pronunciamientos ni a nivel central de la Embajada argentina en Santiago de Chile, ni a nivel del gobiern chileno.
Humberto Trujillo, representante de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, organización que también entregó una carta en La Moneda, explicó que han solicitado información en dos ocasiones a la Embajada trasandina hace más de una semana, pero aún no obtienen respuesta.
«Nos preocupa mucho que estas personas sean detenidas con vida, ya que pueden ser asesinados sin un juicio justo. Así lo dicen otras experiencias similares», afirmó.
La respuesta a la carta entregada hoy debe recbirse en los próximos 30 días, según ordena la ley.
Por su parte, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -Codepu- también indicó que es importante que se respeten los derechos de los acusados y pretende interponer un recurso de protección, para resguardar su integridad, en los próximos días.
El Ciudadano