Nacida de la confluencia de deudores habitacionales, allegados y damnificados del terremoto, la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) es un nuevo actor social que, producto de su propia maduración política, hoy propone a las autoridades una salida democrática y participativa ante un ineficiente modelo subsidiario de vivienda.
La Fenapo recibió su primer impulso de un puñado de organizaciones que unieron las demandas de deudores y allegados (Andha Chile a Luchar –democrático-, Movimiento de Pobladores Sin Techo, Movimiento de Pobladores en Lucha por la dignidad de Lo Barnechea). Sin embargo, fijan como su inicio oficial el terremoto del 27 de febrero, ya que ahí realizaron las primeras intervenciones territoriales de mano de los damnificados.
En noviembre de 2010 el Gobierno intentó aumentar el ahorro previo de las familias, de 240 mil a más de un millón de pesos (50 UF); reducir el subsidio para comprar terrenos, de 200 UF a 50 UF; y reducir el subsidio de ampliación de 111 a 50 UF, lo que, a juicio de los pobladores, iba a significar la expulsión hacia la periferia de las familias que no pudiesen ahorrar.
“Así que nos conocimos en las calles, manifestándonos, porque entendemos que las leyes no garantizan el derecho a un suelo o a un techo”, explica Rafael Soto, dirigente de la agrupación de allegados Don Bosco, de La Florida.
“No tenemos nada contra la periferia, siempre y cuando estén las condiciones para recibir a los nuevos habitantes, que haya trabajo cerca, locomoción, hospitales, etc. Y eso hoy no está”, afirma Alexis Parada, del movimiento Pueblo Sin Techo.
Doris González, del movimiento Ukamau -allegados de Estación Central- explica que “es necesario informar a la gente en qué consiste la política habitacional, y que ésta debe hacer parte a los pobladores”.
Tras las movilizaciones, desde enero de este año entablaron una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, en la que lograron detener las reformas que no les beneficiaban y establecer su petitorio.
Para el caso de los deudores: Fin inmediato al mandato que obliga a firmar una autorización para que el Minvu revise los datos personales de las familias; su incorporación en las soluciones de todos los decretos de viviendas sociales, la condonación total para las familias más vulnerables y la inclusión en los subsidios de las que no se consideren en esta condición; y la condonación a los damnificados del terremoto, ya que algunos siguen pagando dividendos por hogares inhabitables.
En el caso de los allegados, exigieron un banco de suelos -ya que hoy sólo se compran tras aprobarse los proyectos en un proceso muy largo-; diálogo directo y permanente con el Ministerio, para elaborar e implementar políticas participativas; un decreto de vivienda autogestionado, que permita a los propios pobladores adquirir los terrenos, gestionar los proyectos y ejecutar las obras. Y en este marco, llevarlo a la práctica con un proyecto piloto en La Pintana.
CONSTRUIR MÁS Y MEJOR
Aunque ya había experiencias autogestionarias con pobladores de Peñalolén y La Pintana, la instalación de este decreto de vivienda popular, busca ser una alternativa duradera, “que ponga en manos de los pobladores la construcción y administración de los recursos de las viviendas y de esta forma excluir a las empresas constructoras”, impulsando la construcción de viviendas más amplias y de mejor calidad, “y de esta forma que, lo que va al bolsillo del empresariado”, vaya en beneficio de los pobladores, explica Parada.
Claudio Pulgar es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile y coordinador del Consultorio FAU, quien –junto a otros profesionales de distintos ámbitos- asesoró la formulación del proyecto.
“El logro es muy importante, porque se subvierte desde dentro el modelo habitacional, que está en crisis, y no contempla la participación de los pobladores en el diseño de los espacio donde van a vivir”, explica el arquitecto, destacando el éxito que han tenido estas políticas en países como Uruguay o Argentina.
Además destaca que lo importante, más allá de exigir, es que se proponen soluciones que integran las necesidades de los pobladores, potenciando su auto-educación y el cruce de conocimientos con los profesionales.
El proyecto distribuye 64 cupos emplazados en un terreno de 5.300 metros cuadrados, donde se construirán departamentos o duplex de 60 metros cuadrados para cada familia y donde se contempla un entorno de áreas verdes. Éste ingresará formalmente en el mes de Octubre y se espera su aprobación definitiva.
Por otro lado, bajo el principio de ‘ayuda mutua’, se busca ahorrar, administrando directamente los fondos, y construyendo a través de un mecanismo de horas de trabajo de los vecinos, para así reinvertir los recursos en las propias viviendas.
“Cuando no hay ganancias para las constructoras de por medio, los recursos se reinvierten en las viviendas, permitiendo espacio más amplios y viviendas de mejor calidad”, afirma Pulgar.
Y añade que un siguiente paso es constituir Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) y constructoras de tipo cooperativo, donde los comités se hagan cargo del diseño del proyecto y de su ejecución, avanzando hacia lo que se llama “construcción de ciudad”.
DESCENTRALIZACIÓN
La Fenapo congrega numerosas organizaciones del país y, aunque con las características geográficas de Chile es difícil articularse, ya tienen un frente común. Uno de los últimos logros es haber conseguido un terreno para cien familias en Llico, devastada localidad de la Octava Región, uno de los primeros terrenos que se van a expropiar para viviendas sociales. Así, bajo objetivos y una bandera común cada territorio lucha por las necesidades que lo aquejan directamente.
“Este es un proceso que parte en el ‘98 con la toma de Peñalolén y que no se ha detenido (…) El movimiento de pobladores que emergió desde entonces ha sido uno de los más dinámicos y combativos que ha tenido Chile en los últimos años”, reflexiona Parada, considerando la Fenapo como continuación natural del movimiento histórico de pobladores, en constante construcción por décadas.
“El poblador hoy ya no está entre cuatro paredes, empezó a soltarse y a transformarse en un sujeto político”, señala Soto
“Nos parece natural que la gente quiera irse de la población, porque quiere entregar algo mejor a sus hijos. Por eso nuestra batalla no es sólo por la casa, lo fundamental es la construcción de barrio, donde todos nos sintamos parte de él. Es una lucha para combatir el desarraigo”, concluye el miembro de los Sin Techo.
Por Cristóbal Cornejo G.
El Ciudadano
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