Financiamiento público y ONGs

Ante la información que se ha publicado en El Mercurio, referida a las “modificaciones al sistema de financiamiento para las ONGs” y a anteriores “políticas de Estado en materia de financiamiento a las actividades de la sociedad civil”, así como en otros medios sobre recursos recibidos por estas organizaciones, instamos a la prensa, al Gobierno y a los partidos políticos a dar un debate responsable y respetuoso, donde el interés por la ciudadanía y la democracia esté por encima de los intereses partidistas.

En vez de poner atención a las propuestas, ideas y experiencias de la sociedad civil para enfrentar las situaciones de desigualdad, discriminación y pobreza, se advierte un intento por limitar, controlar y criminalizar el trabajo de las organizaciones.

Tras el cuestionamiento generalizado a organizaciones de la sociedad civil y el doble estándar que se produce cuando los mismos sectores que hoy lo realizan no criticaron, por ejemplo, las enormes sumas de dinero –provenientes de las contribuciones de la ciudadanía- recibidas durante la crisis del año 2008 por la banca chilena y el sector empresarial de parte del Estado, se está evadiendo un debate que urge en torno a las políticas, mecanismos e instrumentos con los cuales nuestro país mejorará la distribución de la riqueza, ampliará los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas y construirá una sociedad más justa y democrática. Esa sociedad a la que aspiramos debe contar con organizaciones fuertes, críticas y autónomas, que sean capaces de estar vigilantes ante los poderes y defiendan los valores y principios democráticos.

Es en este marco de debate, que señalamos lo siguiente:

– Desde hace años Acción ha demandado un marco jurídico adecuado y mecanismos públicos de financiamiento para las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en el entendido que estas cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia, así como en la difusión y ampliación de los derechos de la ciudadanía.

-El aporte de las ONGs es innegable en la construcción de prácticas democráticas, en la defensa de los derechos humanos, en el trabajo conjunto con las comunidades más afectadas por las desigualdades, en materia de libertad de expresión, en la protección de nuestro patrimonio ambiental y cultural y en la ampliación de los derechos de las mujeres.

-Sin embargo, no ha existido la voluntad política de los gobiernos, partidos y parlamentarios por impulsar amplios instrumentos que permitan a la sociedad civil contar con mecanismos de financiamiento transparentes y reconocimiento legal como actores del desarrollo que contribuyen a enfrentar los desafíos sociales, culturales y económicos de nuestra sociedad.

– Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, el acceso y la utilización de recursos públicos por parte de las ONGs, debe ser entendido en el marco de una relación de cooperación entre dos partes que se rinden cuentas mutuamente y ambas están conscientes de las ventajas de aunar esfuerzos para resolver problemas que competen a toda la ciudadanía.

– Esto requiere de un nuevo marco de relación Estado – Sociedad Civil, donde se manifieste la voluntad de buscar soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta Chile y de reconocer la actoría política de entidades como las ONGs. En países con democracias fuertes y mayor desarrollo humano, la sociedad civil compuesta por diversos actores que trabajan en temas de desarrollo, entre ellas las ONGs, tienen pleno derecho a recibir fondos públicos para que puedan desempeñar un rol crítico, autónomo y de control ciudadano hacia los diversos poderes.

– Sin embargo, la inexistencia de una institucionalidad acorde a las nuevas realidades del país y de mecanismos estables de financiamiento para las acciones de interés público, así como la baja prioridad política que los gobiernos otorgaron a la participación ciudadana, ha tenido como consecuencia un manejo discrecional de los recursos públicos por parte de las autoridades, que hemos criticado. Nuestra propuesta es que las ONGs accedan a financiamiento bajo un criterio de igualdad de condiciones y oportunidades. Sin esta premisa, nada asegura que el actual gobierno no sea también discrecional en la entrega de recursos.

– Los partidos políticos, tanto de la Concertación como de la Alianza por Chile han evadido este debate. Una muestra de ello es que la Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública lleva 10 años de debate parlamentario. Exigimos que los parlamentarios se pronuncien al respecto.

– En coherencia con nuestra demanda de transparencia y mayor fiscalización a los poderes económicos y políticos, las ONGs de ACCIÓN han hecho un esfuerzo de autorregulación a través de la implementación de un Código de Ética. Por ello esperamos que cualquier caso de irregularidad se clarifique, investigue y sancione como corresponde. Al mismo tiempo, demandamos transparencia en torno a todos los fondos, incluyendo tanto los que provienen del Estado y también los del sector privado que permiten, por ejemplo, descontar impuestos y de los cuales nada se sabe.

-Ante la entrega de cifras distintas dadas a conocer por los medios de comunicación, nuestra Asociación, amparándose en el derecho de acceso a la información pública, solicitó al gobierno la entrega oficial de los cinco informes que han trascendido en la prensa, referidos a los aportes entregados a ONGs durante los últimos cuatro años.

-Les invitamos a generar un debate transparente y profundo, que ponga sobre la mesa las reales voluntades políticas de los diversos sectores para abrir mayores espacios de participación y avanzar en una democracia construida y enriquecida con el aporte de toda la ciudadanía.