El gobierno central de Tokio anuló la orden del gobierno de Okinawa de detener la construcción de la base militar de Estados Unidos en la isla. La decisión del gobierno central de Japón supone el último capítulo de una lucha ciudadana en Okinawa que se ha llevado a cabo durante años y que rechaza la presencia estadounidense en su territorio.
La población de la isla japonesa y su gobierno se oponen a la presencia de 26 mil tropas estadounidenses, más de la mitad del total de tropas de Estados Unidos presentes en el país.
Takeshi Onaga, el gobernador de Okinawa es conocido por ser un férreo opositor a las bases militares estadounidenses. Hace unas semanas, Onaga detuvo las obras de construcción del recinto militar alegando que los trabajos estaban dañando el coral de la costa del noreste de la isla.
El gobierno central de Japón anuló de inmediato la orden de detención de Onaga justificando que «suponía un riesgo para la diplomacia y la política de defensa por el impacto negativo en las relaciones entre Japón y Estados Unidos«, según explicaba el Ministerio de Pesca en un comunicado difundido recientemente.
El problema en torno a las bases militares estadounidenses en Japón surgió a partir de 1996 cuando se decidió trasladar el recinto militar desde Futenma hasta Nago con el objetivo de alejar la base militar de las zonas habitadas. Durante años los vecinos que vivían en el centro de la isla se quejaron del ruido, los problemas de seguridad y las siete violaciones cometidas por soldados estadounidenses que denunció y publicó la prensa local.
El problema es que los residentes de la costa de Okinawa también rechazan la construcción de la base y piden al gobierno central de Japón que traslade la infraestructura militar a otra zona del país, o incluso a algún lugar más allá de las fronteras japonesas.
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