La crisis sostenida del sistema penitenciario chileno ha sido denunciada por ADIPTGEN, -organización de trabajadores Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares, personal no uniformado de Gendarmería de Chile -, desde el año 2007 a la fecha, y la reiteramos, llamamos a las actuales autoridades de la nación a enfrentar esta cruda realidad con una visión de Estado y no amparado en someros maquillajes que continúen perpetuando una realidad insostenible de permanente y complaciente violación de los derechos humanos de quienes cumplen sus condenas al interior de los establecimientos penitenciarios del país.
La horrible muerte de 81 chilenos, hecho claramente evitable, debe una vez por todas, constituirse en el elemento que impulse a toda la sociedad a producir los cambios necesarios que permitan, por un lado, garantizar el cumplimiento de las medidas de ejecución penal y por otro, asegurar verdaderas condiciones de intervención y tratamiento de la población penalizada con miras a la rehabilitación y reinserción social.
En este escenario, reclamamos como organización de trabajadores el derecho a ser escuchados en el espacio de las discusiones venideras y a que se nos respete nuestra condición de expertos en la temática penitenciaria. Esta vez esperamos no ser discriminados y/o excluidos de la búsqueda de soluciones a una crisis marcada permanentemente por innecesarias muertes, que unidas a las de Iquique, Concepción y Colina son testimonios irrefutables de que el Estado de Chile hoy está en deuda con sus ciudadanos.
Del mismo modo venimos en denunciar el irrespeto que vivimos como trabajadores sometidos a relaciones contractuales cuya estabilidad en el empleo queda a merced de las autoridades de turno. Reclamamos respeto a nuestros derechos laborales, con prescindencia de las autoridades gubernamentales de turno. En medio de esta paradoja, constatamos con orgullo cómo en esta tragedia, un día festivo, llegaron más de 50 profesionales a ponerse a disposición de modo voluntario a servir, un personal al cual sistemáticamente se le ha negado el reconocimiento de ser funcionarios penitenciarios. Somos trabajadores/as del Estado chileno y trabajamos en nuestra condición de servidores públicos; merecemos el respeto y hacemos un llamado con fuerza y convicción a objeto se acaben los despidos injustificados en Gendarmería de Chile, un Servicio Público donde precisamente no sobran trabajadores/as, sino claramente faltan.