Cada año dentro de la discusión del presupuesto está la negociación por el reajuste salarial de los funcionarios del sector público, quienes exigen que para el 2012 éste sea de 9,8% mientras que el Gobierno ofrece sólo un 4,5%. Ante la demanda, hoy, 23 de noviembre, salieron a marchar para además exigir estabilidad laboral.
El año pasado la negociación cerró en un 4,2%, mientras en 2009 fue de 4,5%.
La actual cifra sigue la misma línea de años anteriores. Sin embargo, para el presidente de la Agrupación Nacional de empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, la negociación de este año será mucho más “dura” porque este es un Gobierno de “empresarios y gerentes que no escuchan; ya lo hemos visto con el movimiento estudiantil que luego de seis meses no tienen solución pese al apoyo de todos los sectores sociales”.
De la Puente explicó que el porcentaje que demandan como modificación a sus actuales salarios corresponde a la inflación sumada al crecimiento económico. Según el Fondo Monetario internacional (FMI) la inflación va en un 3,7 % mientras que el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) es de un 6,5%, por lo que la cifra exigida sería para “recuperar el poder adquisitivo perdido y para ser partícipes del crecimiento económico”.
El primer ofrecimiento fue de 4% y fue catalogado como “mezquino”. La segunda oferta y actual es de 4,5%. Felipe Larraín, ministro de Hacienda dijo a Cooperativa que la discusión “no es más complicada de lo que ha ocurrido en años anteriores; hay que recordar que son muy pocos los años en que se ha llegado con acuerdo al Congreso y que la discusión y negociación finalmente ocurren allí”.
Según Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores este año, no sólo piden mejoras en sueldos, sino que, al igual que el resto de los movimientos sociales, el sector público exige cambios “sistémicos a un modelo que está en decadencia”.
Por ello piden estabilidad laboral en cuanto a la contratación, finalizar con el lucro en la educación, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e Isapres. También igualdad de oportunidades laborales en cuanto a género. Y mejoras en lo que respecta a la posibilidad de sindicalización.
En cuanto a la inestabilidad laboral, De la Puente recalcó que hay 182 mil trabajadores a los que les vencerán sus contratos el 30 de noviembre –fecha en que se aprueba el presupuesto- y 20 mil funcionarios públicos a honorarios quienes desempeñan labores regulares sin tener previsión ni salud.
“TODOS EN EL MISMO SACO”
Entre los empleados públicos están los parlamentarios, las fuerzas armadas, la policía, los trabajadores de municipios, ministerios, universidades, colegios y en instituciones administrativas y fiscalizadoras del Estado.
Pero, como denuncia Margot Beltrán, funcionaria de la Usach (Universidad de Santiago de Chile) no todos recibieron el reajuste negociado el año pasado debido a una “mala gestión del rector”. “Queremos que se nos tome en cuenta porque nosotros aportamos al país ayudando a la formación de profesionales”, criticó.
Jimena Gallardo, funcionaria socia de la Ajunji metropolitana (Asociación de funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles) dijo que si comparan su sueldo con el de un diputado es harta la diferencia; “a nosotros no nos influye un reajuste del 4,5, pero a ellos sí. Lamentablemente estamos todos en el mismo saco”. Un diputado gana cerca de 4 millones y medio, mientras que una técnico parvulario gana 200 mil pesos.
Dentro de la propuesta de los trabajadores está que el ingreso mínimo por estamento sea de $280.00 en auxiliares; $305.000 en administrativos; $330.000 en técnicos; y $630.000 profesionales.
Por Estefani Carrasco Rivera
Foto1 de Vanessa Vargas
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El Ciudadano
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