Dirigentes de agrupaciones de gendarmes de todo el país se apostaron hoy, miércoles 5 de octubre, en el frontis del Ministerio de Justicia para exigir que el presidente Sebastián Piñera cumpla con el compromiso, hecho durante su campaña, de reestablecer la asignación de riesgo y de reconocer a la Escuela de Gendarmería como institución de educación superior.
Los uniformados acusan que en enero de 2010 se firmó un documento entre el entonces abanderado de la Coalición por Por el Cambio y la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), que en el marco de la modernización del sistema penitenciario, prometía incluír en el presupuesto para el año 2012 -anunciado por el Gobierno el jueves de la semana pasada- el dinero para las asignaciones de riesgo de los gendarmes. Dicho acuerdo. Además contemplaba la reconsideración de los requisitos técinos para la ascención de grado, que redunda en mayores beneficios económicos y sociales.
El proyecto, que fue recibido en sesión de la cámara baja el día 6 de septiembre de este año, pero al que el Ejecutivo aún no da respuesta, pretende “atenuar la precariedad en que los trabajadores de Gendarmería realizan su labor”, tomando en cuenta, tal como expresa el sargento segundo Joe González Barraza, que el personal de dicha institución posee un nivel de instrucción académica más alto que otras ramas de uniformados, como por ejemplo, los carabineros.
“La mayoría de los gendarmes han cursado carreras profesionales o técnicas antes de ingresar a la institución. No sómos simples porteros de celda: merecemos mejores condiciones laborales, particularmente por el nivel de peligrosidad del entorno en el que nos desenvolvemos”, declaró el Sargento, quien además es 3º director de la Asociación de Gendarmes.
Según reclaman, los altos niveles de stress propiciados por los turnos extensos, que a su vez son causa de la desproporción entre la cantidad de gendarmes y la de reclusos, son incompatibles con una vida familiar normal y no son dignos de una tarea de tan alta responsabilidad social: E sueldo promedio de un vigilante carcelario es de 300 mil pesos y sus períodos de trabajo llegan hasta los cinco días de corrido por uno libre.
Gendarmería es una institución de seguridad pública, tanto como Carabineros y las Fuerzas Armadas, alegan los dirigentes de Ansog, pero al depender del Ministerio de Justicia y no de Interior, los beneficios y garantías sociales no se igualan. Luego del incendio de la cárcel de San Miguel, que desnudó la situación de hacinamiento del sistema penitenciario y reflejó la tendencia del poder judicial a castigar con cárcel ciertas conductas que podrías ser cambiadas con otras formas de reinserción social en función de desconcentrar las cárceles del país, el Gobierno ha volcado recursos sólo para mejorar la calidad de vida de los reclusos en los recintos, pero no de quienes están encargados de mantener la estabilidad dentro de los mismos, “nos han abandonado”, acusan los manifestantes.
El suboficial Juán Alarcón Arce, presidente nacional de la asociación de gendarmes, señaló que “es impresentable que países menos desarrollados que Chile y con peor situación carcelaria, si entreguen los beneficios correspondientes a sus vigilantes penitenciarios”. En la misma línea y criticando el discurso oficialista del desarrollo, el dirigente recordó que los funcionarios de Carabineros tienen los mismos o más problemas que Gendarmería, pero como no tienen derecho a la sindicalización, sus problemáticas no se materializan en demandas colectivas.
Los funcionarios públicos puntualizaron que de no ser acogidas sus peticiones por el Presidente dentro de los próximos días, radicalizaran su protesta y convocarán a un paro nacional de gendarmes, recordando que la “palabra empeñada dice mucho de una persona, en este caso es la de Sebastián Piñera”.
Por Paula Figari Rojas
El Ciudadano
Gendarmes a la calle: “nosotros también somos un organismo de Seguridad Pública”
Dirigentes de agrupaciones de gendarmes de todo el país se apostaron hoy, miércoles 5 de octubre, en el frontis del Ministerio de Justicia para exigir que el presidente Sebastián Piñera cumpla con el compromiso, hecho durante su campaña, de reestablecer la asignación de riesgo y de reconocer a la Escuela de Gendarmería como institución de educación superior.
Los uniformados acusan que en enero de 2010 se firmó un documento entre el entonces abanderado de la Coalición por Por el Cambio y la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), que en el marco de la modernización del sistema penitenciario, prometía incluír en el presupuesto para el año 2012 -anunciado por el Gobierno el jueves de la semana pasada- el dinero para las asignaciones de riesgo de los gendarmes. Dicho acuerdo Además contemplaba la reconsideración de los requisitos técinos para la ascención de grado, que redunda en mayores beneficios económicos y sociales.
El proyecto, que fue recibido en sesión de la cámara baja el día 6 de septiembre de este año, pero al que el Ejecutivo aún no da respuesta, pretende “atenuar la precariedad en que los trabajadores de Gendarmería realizan su labor”, tomando en cuenta, tal como expresa el sargento segundo Joe González Barraza, que el personal de dicha institución posee un nivel de instrucción académica más alto que otras ramas de uniformados, como por ejemplo, los carabineros.
“La mayoría de los gendarmes han cursado carreras profesionales o técnicas antes de ingresar a la institución. No sómos simples porteros de celda: merecemos mejores condiciones laborales, particularmente por el nivel de peligrosidad del entorno en el que nos desenvolvemos”, declaró el Sargento, quien además es 3º director de la asociación de gendarmes.
Según reclaman, los altos niveles de stress propiciados por los turnos extensos, que a su vez son causa de la desproporción entre la cantidad de gendarmes y la de reclusos, son incompatibles con una vida familiar normal y no son dignos de una tarea de tan alta responsabilidad social: el sueldo promedio de un vigilante carcelario es de 300 mil pesos y sus periodos de trabajo llegan hasta los cinco días de corrido por uno libre.
Gendarmería es una institución de seguridad pública, tanto como Carabineros y las Fuerzas Armadas, alegan los dirigentes de Ansog, pero al depender del Ministerio de Justicia y no de Interior, los beneficios y garantías sociales no se igualan. Luego del incendio de la cárcel de San Miguel, que desnudó la situación de hacinamiento del sistema penitenciario y reflejó la tendencia del poder judicial a castigar con cárcel ciertas conductas que podrías ser cambiadas con otras formas de reinserción social en función de desconcentrar las cárceles del país, el Gobierno ha volcado recursos sólo para mejorar la calidad de vida de los reclusos en los recintos, pero no de quienes están encargados de mantener la estabilidad dentro de los mismos, “nos han abandonado”, acusan los manifestantes.
El suboficial Juán Alarcón Arce, presidente nacional de la asociación de gendarmes, señaló que “es impresentable que países menos desarrollados que Chile y con peor situación carcelaria, si entreguen los beneficios correspondientes a sus vigilantes penitenciarios”. En la misma línea y criticando el discurso oficialista del desarrollo, el dirigente recordó que los funcionarios de Carabineros tienen los mismos o más problemas que Gendarmería, pero como no tienen derecho a la sindicalización, sus problemáticas no se materializan en demandas colectivas.
Los funcionarios públicos puntualizaron que de no ser acogidas sus peticiones por el Presidente dentro de los próximos días, radicalizaran su protesta y convocarán a un paro nacional de gendarmes, recordando que la “palabra empeñada dice mucho de una persona, en este caso es la de Sebastián Piñera”.
Gendarmes a la calle: “nosotros también somos un organismo de Seguridad Pública”
Dirigentes de agrupaciones de gendarmes de todo el país se apostaron hoy, miércoles 5 de octubre, en el frontis del Ministerio de Justicia para exigir que el presidente Sebastián Piñera cumpla con el compromiso, hecho durante su campaña, de reestablecer la asignación de riesgo y de reconocer a la Escuela de Gendarmería como institución de educación superior.
Los uniformados acusan que en enero de 2010 se firmó un documento entre el entonces abanderado de la Coalición por Por el Cambio y la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), que en el marco de la modernización del sistema penitenciario, prometía incluír en el presupuesto para el año 2012 -anunciado por el Gobierno el jueves de la semana pasada- el dinero para las asignaciones de riesgo de los gendarmes. Dicho acuerdo Además contemplaba la reconsideración de los requisitos técinos para la ascención de grado, que redunda en mayores beneficios económicos y sociales.
El proyecto, que fue recibido en sesión de la cámara baja el día 6 de septiembre de este año, pero al que el Ejecutivo aún no da respuesta, pretende “atenuar la precariedad en que los trabajadores de Gendarmería realizan su labor”, tomando en cuenta, tal como expresa el sargento segundo Joe González Barraza, que el personal de dicha institución posee un nivel de instrucción académica más alto que otras ramas de uniformados, como por ejemplo, los carabineros.
“La mayoría de los gendarmes han cursado carreras profesionales o técnicas antes de ingresar a la institución. No sómos simples porteros de celda: merecemos mejores condiciones laborales, particularmente por el nivel de peligrosidad del entorno en el que nos desenvolvemos”, declaró el Sargento, quien además es 3º director de la asociación de gendarmes.
Según reclaman, los altos niveles de stress propiciados por los turnos extensos, que a su vez son causa de la desproporción entre la cantidad de gendarmes y la de reclusos, son incompatibles con una vida familiar normal y no son dignos de una tarea de tan alta responsabilidad social: el sueldo promedio de un vigilante carcelario es de 300 mil pesos y sus periodos de trabajo llegan hasta los cinco días de corrido por uno libre.
Gendarmería es una institución de seguridad pública, tanto como Carabineros y las Fuerzas Armadas, alegan los dirigentes de Ansog, pero al depender del Ministerio de Justicia y no de Interior, los beneficios y garantías sociales no se igualan. Luego del incendio de la cárcel de San Miguel, que desnudó la situación de hacinamiento del sistema penitenciario y reflejó la tendencia del poder judicial a castigar con cárcel ciertas conductas que podrías ser cambiadas con otras formas de reinserción social en función de desconcentrar las cárceles del país, el Gobierno ha volcado recursos sólo para mejorar la calidad de vida de los reclusos en los recintos, pero no de quienes están encargados de mantener la estabilidad dentro de los mismos, “nos han abandonado”, acusan los manifestantes.
El suboficial Juán Alarcón Arce, presidente nacional de la asociación de gendarmes, señaló que “es impresentable que países menos desarrollados que Chile y con peor situación carcelaria, si entreguen los beneficios correspondientes a sus vigilantes penitenciarios”. En la misma línea y criticando el discurso oficialista del desarrollo, el dirigente recordó que los funcionarios de Carabineros tienen los mismos o más problemas que Gendarmería, pero como no tienen derecho a la sindicalización, sus problemáticas no se materializan en demandas colectivas.
Los funcionarios públicos puntualizaron que de no ser acogidas sus peticiones por el Presidente dentro de los próximos días, radicalizaran su protesta y convocarán a un paro nacional de gendarmes, recordando que la “palabra empeñada dice mucho de una persona, en este caso es la de Sebastián Piñera”.
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