El gobernador de la provincia del Choapa, el ingeniero mecánico Iván Cisternas, interpuso un recurso de protección con el objetivo de poder alimentar sin su consentimiento a las 11 personas que se encuentran en huelga de hambre desde hace 33 días, en protesta por la acción de la Minera Los Pelambres.
El pasado viernes 22 Iván Cisternas, gobernador del Choapa, interpuso el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, en el marco del conflicto que la comunidad de Caimanes mantiene con la empresa minera Los Pelambres (Ver nota anexa). En declaraciones a El Observatodo, Cisternas afirmó que “siempre hemos estado preocupados de la salud de los huelguistas”, y que el recurso sólo busca impedir “que haya un daño a la salud de las personas”. Por otro lado, el Gobernador aclaró que el recurso “no tiene nada que ver con las conversaciones que pueda tener la Minera con ellos, solamente nos da algún respaldo para poder operar en casos extremos”.
Los huelguistas, que se mantienen en la Casa Gremial del Colegio de Profesores de Illapel, han estado sufriendo algunas descompensaciones, según Cristina Farías, asistente social que se encuentra con ellos. Hasta el viernes 29 de octubre los dos mayores, Pedro Soto Tapia, de 60 años y Marcos Campo, de 45, decidieron ir a controlarse en el Hospital, y aunque los doctores les sugirieron que se quedaran hospitalizados, ambos decidieron regresar al lugar en donde se mantienen sus compañeros en ayuno.
Para Cristián Flores, vocero de los huelguistas, si bien la acción le parece bien, cree que “lo que buscan es quedar bien como gobierno”, pero no habrían enfrentado la problemática de fondo, por lo que los huelguistas rechazaron la posibilidad de ser alimentados a la fuerza.
Cabe recordar que en el marco de la huelga de hambre recientemente mantenida por un grupo de comuneros mapuche, la Corte Suprema autorizó a Gendarmería para adoptar medidas necesarias con el objetivo de garantizar el estado de salud de 13 presos de la cárcel de Temuco y 10 recluidos en Angol. En la oportunidad los diputados de la Concertación y antiguos presidentes del Colegio Médico Juan Luis Castro (PS) y Enrique Accorsi (PPD) advirtieron que los médicos que se vean involucrados en la alimentación forzada pueden ser sancionados.
En la declaración de Malta, de la Asociación Médica Mundial (AMM), sobre las Personas en Huelga de Hambre, emitida en 1991, dice en el cuarto punto de su introducción que “el médico debe dejar bien en claro al paciente si puede o no aceptar su decisión de rechazar el tratamiento, o en caso de coma, la alimentación artificial, lo que implica un riesgo de muerte”. Si el médico siente que no puede aceptar la decisión del paciente, éste tiene el derecho de ser atendido por otro profesional.
Además, en el punto referente específicamente a la alimentación artificial, declara que cuando el huelguista cae en un estado de confusión o entra en coma y se ve incapaz de tomar una decisión lúcida, el médico tiene la libertad de “tomar una decisión por su paciente sobre el tratamiento que considera que es el mejor para éste, tomando siempre en cuenta la decisión que haya manifestado durante la situación precedente”.
Por Felipe Ramírez Sánchez
El Ciudadano